Archiva la denuncia presentada por Amama y la asociación Defensor del Paciente
La Fiscalía atribuye el 'apagón' en los datos de las mamografías a la saturación de los servidores
Descarta "borrado" o "alteración" de historiales clínicos y atribuye el caso concreto de una paciente a la que anularon una ecografía a "criterios de gestión clínica y no a una intervención externa o malintencionada".
Una paciente, durante una mamografía. archivo
La Fiscalía Provincial de Sevilla ha acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el SAS al corroborar "la integridad de los datos". En una nota de prensa, la Fiscalía explica que la Sección de Criminalidad Informática descarta la comisión de delitos de descubrimiento de secretos o daños informáticos tras una auditoría técnica. La Fiscalía explica que los fallos en la visualización de pruebas en “ClicSalud+” que se registraron se debieron a "una saturación de los servidores por exceso de demanda, sin que se produjera borrado ni alteración de los historiales clínicos".
Las denuncias fueron presentadas por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama Sevilla) y la Asociación “El Defensor del Paciente”. La investigación, iniciada el pasado mes de octubre, tenía por objeto esclarecer si los fallos en el acceso a pruebas diagnósticas (mamografías y ecografías) a través de la aplicación “ClicSalud+” y el sistema “DIRAYA” respondían a un borrado intencionado o a un acceso ilícito a las bases de datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Además de esta investigación de la Fiscalía de Sevilla, que se centraba en el bloqueo para acceder a los historiales de las pacientes, hay otra investigación que sigue en marcha. Se trata de la investigación de los fallos en el programa que dejaron desasistidas a pacientes que desarrollaron cáncer sin saberlo porque no fueron convenientemente informadas por el SAS tras participar en los cribados. Esta es la investigación del escándalo y sigue abierta. La asumió la Fiscalía Superior de Andalucía.
La Fiscalía precisa que "este archivo se ciñe exclusivamente a los delitos objeto de denuncia y no impide que las personas interesadas puedan plantear sus discrepancias sobre retrasos o reprogramación de pruebas o sobre los criterios médicos aplicados ante la jurisdicción competente o por los canales administrativos habilitados"
En el caso de la denuncia referida al apagón en los historiales, la Fiscalía de Sevilla explica que, tras analizar los informes técnicos del SAS y las pesquisas de la Unidad de Policía Judicial, el Decreto de fecha 26 de noviembre de 2025 concluye que hubo "saturación del sistema", no "manipulación interna ni sabotaje externo". Explica que el apagón que impedía acceder a las pruebas, que se registró después de que saltaran a la luz los casos de mujeres que, pese a haber participado en el programa del cribado del cáncer, no fueron advertidas de que sus pruebas no fueron concluyentes y desarrollaron cáncer sin saberlo, se debió a "una avalancha de peticiones que saturó el módulo de Visor para la ciudadanía".
Según la Fiscalía, se ha determinado que "este incidente tuvo un impacto exclusivamente operativo en la visualización externa, sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos alojados en los servidores centrales (sistemas PACS y DIRAYA)".
La investigación ha determinado que no hubo" borrado de datos". "Las auditorías realizadas sobre los historiales de las pacientes denunciantes confirman que no se han producido modificaciones, supresiones ni accesos no autorizados en sus expedientes médicos. Los registros de seguridad (logs) demuestran que la información se mantiene íntegra y coincidente con los protocolos asistenciales", según la Fiscalía.
La nota fiscal hace una precisión respecto a un caso particular. Fue una denuncia específica de una paciente sobre la supuesta eliminación de un informe de mamografía y la anulación de una ecografía. En este caso la Fiscalía no habla de saturación. Aunque asegura que la investigación técnica "ha descartado cualquier manipulación", atribuye "los cambios en la programación de pruebas" a "criterios de gestión clínica y no a una intervención externa o malintencionada".
Así, concluye la Fiscalía, "al no apreciarse indicios de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 y 198 CP) ni de daños informáticos (art. 264 CP), el fiscal delegado de Criminalidad Informática ha acordado el archivo de las actuaciones".
La Fiscalía recuerda, no obstante, que "este archivo se ciñe exclusivamente a los delitos objeto de denuncia y no impide que las personas interesadas puedan plantear sus discrepancias sobre retrasos o reprogramación de pruebas o sobre los criterios médicos aplicados ante la jurisdicción competente o por los canales administrativos habilitados.
Esta investigación archivada ahora se circunscribe al 'apagón' que hubo para acceder a los historiales de las pacientes, no al escándalo por los fallos en el programa que dejaron, según ha admitido la Junta, a al menos 2.317 mujeres sin las segundas pruebas que necesitaban para detectar los tumores que muchas de ellas desarrollaron. De esas 2.317 mujeres, 14 son de la provincia de Granada .
Esta otra investigación, que asumió la Fiscalía Superior de Andalucía, sigue adelante.
