El Estado de Excepción de 1969 en Granada (I)
Cuando el 24 enero de 1969 se anuncia el Estado de Excepción en toda España, treinta años después de finalizar la guerra civil, había en las cárceles franquistas 13.890 reclusos, de los que 485 lo eran por delitos contra la seguridad del Estado y, de ellos, nueve mujeres. Era la cifra de presos políticos más alta desde 1965 cuando la “magnanimidad” del general Franco había permitido, con su indulto, reducir sustancialmente esa cifra. Aquél régimen sepia y cutre se reflejaba en el rostro de Fraga Iribarne cuando ese mismo día anunciaba el decreto del Estado de Excepción en aquella televisión en blanco y negro, como la vida misma del país y que entraba en vigor al día siguiente. (DECRETO-LEY 1/1969, de 25 de enero, por el que se declara el estado de excepción en todo el territorio nacional).
Treinta años después de finalizar la ignominiosa guerra civil, el régimen seguía usando aquellas grandes palabras imperiales, hueras y grandilocuentes, humo de paja, como si la convivencia pacífica de los españoles fuera una maldición bíblica
Treinta años después de finalizar la ignominiosa guerra civil, el régimen seguía usando aquellas grandes palabras imperiales, hueras y grandilocuentes, humo de paja, como si la convivencia pacífica de los españoles fuera una maldición bíblica. Pero, cuando alertaba que el comunismo internacional y malvados agentes externos estaban llevando a la juventud a una orgía de nihilismo y anarquismo, muchos de esos jóvenes habían perdido el miedo a las charreteras y oían embelesados Le metèque de Georges Moustaki, seguían la moda de la música del “sitar”, la perfecta acompañante del “flipe” o de la varita de sándalo y en las calles, con Raimon, la cara al vent, buscaban la lluvia y conquistaban las libertades que les habían secuestrado.
...en España, en cambio, las mujeres seguían siendo condenadas por adulterio y los anticonceptivos seguían siendo las píldoras del diablo
Mientras que en otros países de nuestro entorno como el Reino Unido habían establecido la mayoría de edad a los dieciocho años o, en materia de derechos civiles, se reconocía la liberalización de los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo o se había legalizado el divorcio, en España, en cambio, las mujeres seguían siendo condenadas por adulterio y los anticonceptivos seguían siendo las píldoras del diablo. Un año más sin que los españoles gozáramos de la libertad que se nos había robado aquel 18 de julio de 1936, pero para el régimen éramos felices siguiendo la rueda de Ángel Nieto, campeón del mundo de 50 centímetros cúbicos, o deleitándonos con el éxito de Salomé en el Festival de Eurovisión con su Vivo cantando, aunque tuviera que compartirlo con otros países. Pan y circo para ocultar la corrupción generalizada del régimen –tan consustancial a todas las dictaduras- que tuvo en el caso Matesa uno de sus hitos más significativos, cuando no pudo ocultar que se habían utilizado “indebidamente” unos diez mil millones de las antiguas pesetas en aquellos momentos.
Pero el verdadero rostro represor, el Estado de Excepción de ese año, llevó a las comisarías de policía y a los cuartelillos de la Guardia Civil a muchos jóvenes obreros y estudiantes, fundamentalmente, porque habían cometido el único delito de cambiar la letra de Salomé por la de “vivir luchando”...
Pero el verdadero rostro represor, el Estado de Excepción de ese año, llevó a las comisarías de policía y a los cuartelillos de la Guardia Civil a muchos jóvenes obreros y estudiantes, fundamentalmente, porque habían cometido el único delito de cambiar la letra de Salomé por la de “vivir luchando”, de ser disidentes de aquel régimen que se fraguó desde la violencia y que, treinta años más tarde, seguía torturando con el único objetivo de perpetuarse en el poder para preservar sus privilegios. Pero, para entonces, la oposición antifranquista había echado fuertes raíces y los estudiantes y, especialmente, el movimiento obrero –y las Comisiones Obreras, dentro de él- se habían convertido en la columna vertebral de la lucha por las libertades en España.
(El estado de Excepción) fue una medida a la que el régimen franquista recurrió hasta en once ocasiones durante los treinta y nueve años de su permanencia en el poder
Es significativo y paradójico que, si del franquismo se conoce poco, menos aún lo que es un “Estado de Excepción”. Este era, como lo ha definido Nicolás Sartorius, “una dictadura en la dictadura” porque, en la práctica, desaparecía el “habeas corpus”. Fue una medida a la que el régimen franquista recurrió hasta en once ocasiones durante los treinta y nueve años de su permanencia en el poder. Será a partir del incremento de la disidencia obrera de comienzos de los sesenta y estudiantil cuando se prodigue esta medida. Junto al desarrollo del nuevo movimiento obrero irá creciendo la protesta entre el movimiento estudiantil desde los primeros años de la década de los sesenta. La Universidad española irá desarrollando un pensamiento democrático de izquierda e irá cumpliendo un papel de “disidencia antifranquista”, protagonizado por jóvenes que tienen algo en común: no haber vivido la experiencia de la guerra civil y el repudio al sindicalismo oficial del régimen.
Estos núcleos lucharán por la desaparición del SEU (Sindicato de Estudiantes Universitarios), único que había impuesto el régimen tras la guerra civil y que, fruto de las movilizaciones de años anteriores, el propio gobierno pondrá fin al mismo mediante el decreto de 5 de abril de 1965 regulando unas Asociaciones Profesionales de Estudiantes que seguirán, en la práctica, el modelo del SEU. Éstas volverán a ser rechazadas por los estudiantes demócratas desde el primer momento, en la medida en que consideran que esta reforma es un intento de encauzar al nuevo movimiento estudiantil en unas supuestas innovadoras estructuras oficiales.
La Universidad de Granada, donde fluyen estudiantes de todos los puntos de Andalucía e, incluso, de fuera de la región, verá nacer una oposición antifranquista que se irá politizando en la misma medida en que llegan los ecos de los movimientos estudiantiles de otros lugares, fundamentalmente de Madrid y Barcelona
La Universidad de Granada, donde fluyen estudiantes de todos los puntos de Andalucía e, incluso, de fuera de la región, verá nacer una oposición antifranquista que se irá politizando en la misma medida en que llegan los ecos de los movimientos estudiantiles de otros lugares, fundamentalmente de Madrid y Barcelona. Se puede decir que confluirán, de forma clara, y desde mediados de los años sesenta hasta el Estado de Excepción de 1969, un grupo de procedencia católica –tanto de estudiantes que vienen de la Juventud de Estudiantes Católicos (JEC) o de la Federación Española de Congregaciones Universitarias Marianas (FECUM)- y otra “marxista”, con predominio de militantes del PCE o próximos al mismo. La primera, ligada a los jesuitas Augusto Segueiro o Ignacio Molina, estará liderada por Felipe Aguado –más en aspectos teóricos- y a la que se irán sumando otros como Arturo González Arcas, José María Lozano Maldonado, Fernando Martínez López, Antonio Ayllón o Pedro Ruiz Morcillo. En la segunda el onubense Emilio Escobar Toscano, el sevillano Miguel García-Posada Huelva, el vallisoletano Juanjo Gómez Brihuega o el madrileño Antonio Petit; los granadinos Pablo del Águila, Juan de Dios Luque Durán, Manuel Vílchez de Arribas, Javier Terriente Quesada, Fernando García Lara, Jesús Fernando Carreño Tenorio, María del Socorro Robles Vizcaíno, Joaquín del Bosque Sendra, Bernabé López García o Antonio Aragón Orellana, entre otros; los almerienses Laudeino Gil, Pepe Céspedes o Pedro Molina; los jiennenses Curro Rubio, los hermanos Miguel Ángel y Mateo Revilla Uceda o Fanny Rubio; los ceutíes José María Alfaya González y Mohamed Abdelkáder Admeh; el murciano Alfonso Carmona o el canario Adrián Rodríguez Junco, entre otros.
Con todo, a mitad de los sesenta, la construcción del Sindicato Democrático de Estudiantes (SDEUG) es una prueba del cambio en la correlación de fuerzas en la Universidad. La oposición estudiantil había copado los consejos de las Asociaciones Profesionales, había llegado con sus reivindicaciones a amplias capas de estudiantes, dirigían múltiples revistas o cineclubs y, sobre todo, habían empezado a ganar la batalla ideológica en el seno de la Universidad. Las múltiples formas de lucha, como asambleas, sentadas, ocupación de locales universitarios, encierros, manifiestos, recogida de firmas, profusión de carteles en las facultades, entre otras, fueron desbordando a las autoridades del régimen y a las propias académicas que, al final, desde planteamientos defensivos, usaron con arma la represión, aunque hubo contadas excepciones. Baste como ejemplo que durante el curso 1967/1968 llevarán ante el Tribunal de Orden Público (TOP) a Fernando García Lara por el mero hecho de dirigir una revista en que se incluía un artículo supuestamente “pornográfico”.
Fruto de esta actividad universitaria se producirá la reacción del régimen con numerosas detenciones o expedientes sancionadores, creando una espiral de acción-reacción-acción que se mantendría sin solución de continuidad –aunque con altibajos- hasta la democracia
Las movilizaciones de estudiantes serán cada vez más frecuentes desde 1967 y seguirán creciendo a lo largo de todo ese año y comienzos del siguiente. Fruto de esta actividad universitaria se producirá la reacción del régimen con numerosas detenciones o expedientes sancionadores, creando una espiral de acción-reacción-acción que se mantendría sin solución de continuidad –aunque con altibajos- hasta la democracia, aunque no en todos los distritos universitarios –en función de los grupos políticos dominantes- se mantendrían las mismas posiciones estratégicas con sus tácticas correspondientes.
El seguimiento que la Brigada Político Social (BPS) de Granada realiza de las actividades universitarias –foco principal de la oposición al régimen en esos momentos- y, fundamentalmente, sobre los activistas de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se concentran la mayoría de ellos, sumado al carácter abierto de sus actos, hace que el trabajo de la policía secreta no fuera, precisamente, difícil. Así, cuando el 9 de diciembre de 1968, se inicia la siembra de propaganda para convocar a los granadinos a la Asamblea Libre de Estudiantes por los Derechos Humanos, serán detenidos Antonio Nadal Sánchez y Mohamed Abdelkáder Ahmed. La detención es significativa por varias razones: primero porque se produce en la calle Recogidas, confluencia con la de Puentezuelas, a poca distancia de la Facultad de Filosofía y Letras –lugar donde se hacían los panfletos en la multicopista que allí disponía el SDEUG- y eso mostraba que la BPS hacía un seguimiento estrecho de la misma; en segundo lugar porque, a esas alturas, la policía sabe, básicamente, quiénes son los estudiantes que se mueven en torno al SDEUG, aunque camuflados en distintos departamentos “legales” de la Universidad. Saben –como se desprende de los interrogatorios- que el acto había sido convocado por el Departamento de Información, cuyo responsable legal era Arturo González Arcas, que José María Alfaya González era el encargado del Departamento de Actividades Culturales y que Bernabé López García lo era de Estudios Universitarios. Por ello, cuando ambos llegan a la comisaría de policía, en la calle de Los Lobos, ya habían detenido también a Bernabé López; y, en tercer lugar, por la desproporción entre las penas que se les impone –9 meses de prisión y 10.000 pesetas de multa- y el acto en sí mismo que, hay que recordar, había sido autorizado por Federico Mayor Zaragoza, Rector de la Universidad. En todo caso, Nadal y Abdelkáder serán condenados por el TOP a 9 meses de prisión menor y multa de 10.000 pesetas. (TOP, Sumario 957/68). Ambos ingresarán en la cárcel de Granada el 15 de noviembre de ese año, permaneciendo algunos días en la enfermería de la misma. Mientras Abdelkáder permanecerá todo el tiempo en la de Granada, a Antonio Nadal lo trasladarán a la Prisión Granja de Teruel –destinada para menores de 21 años-, el 31 de diciembre de ese mismo año, desde donde saldrá el 20 de junio del año siguiente.
Primeras detenciones
Nada más conocerse la noticia sobre el Estado de Excepción, el SDEUG convocará, el mismo día 25 a mediodía, una asamblea en la Facultad de Filosofía y Letras que, abarrotada de estudiantes, debate sobre las acciones que debieran emprenderse contra el mismo. Más allá de las diferencias que se traslucen entre los “cristianos” –que llegan a plantear la disolución del SEUG- y los “comunistas” se acuerda seguir realizando acciones de protesta contra el Estado de Excepción y contra la detención de algunos de sus representantes y, fruto de ello, será la detención de otros estudiantes días más tarde.
La policía secreta, que estuvo presente en dicha asamblea, procederá, unas horas más tarde, a la detención de algunos de los que habían protagonizado la misma –como comprueban los propios detenidos por la información de que dispone la policía secreta en los interrogatorios posteriores- o de otros que ya estaban fichados por la policía con anterioridad
La policía secreta, que estuvo presente en dicha asamblea, procederá, unas horas más tarde, a la detención de algunos de los que habían protagonizado la misma –como comprueban los propios detenidos por la información de que dispone la policía secreta en los interrogatorios posteriores- o de otros que ya estaban fichados por la policía con anterioridad. Así, detendrán a Javier Terriente Quesada, José María Alfaya González, José María Lozano Maldonado, Arturo González Arcas y Antonio Díez Rodríguez, que entonces era presidente del SDEUG de Filosofía y Letras. Terriente había sido detenido en dos ocasiones en 1968; Alfaya había aparecido en el procesamiento por el TOP de Fernando García Lara por edición de una revista ilegal donde él participaba como redactor; asimismo, había sido detenido a finales de 1968, en Madrid, por error, aunque la BPS sabía que era el responsable de las actividades culturales que organizaba el SDEUG; a Arturo González Arcas el día 20 de enero de ese mismo año, el TOP le había comunicado su procesamiento (Sumario 957/68), por propaganda ilegal, al implicarlo en la caída de Bernabé López, Antonio Nadal y Mohamed Abdelkáder del 9 de diciembre de 1968, al relacionarlo con la propaganda que se había repartido ese día convocando a una Asamblea Libre de Estudiantes por los Derechos Humanos y, además, porque había sido él quien la había convocado desde el Departamento de Información de la Universidad de Granada; Antonio Díez Rodríguez tendría una presidencia en el SDUEG fugaz, pues había sido elegido para el cargo poco antes de ser detenido y, posteriormente, cuando finaliza la sanción, deja la actividad en el sindicato. A partir de entonces será Javier Terriente quien asuma la dirección del mismo en Filosofía y la mantendrá hasta el verano de 1970, cuando debe realizar el servicio militar. José María Lozano Maldonado, por su parte, había sido presidente del SDEUG de Filosofía poco antes, pero en estos momentos era Secretario de Actas.
Hay otro caso, el de Miguel Ángel Pérez Espejo Martínez, estudiante murciano de Medicina, que será detenido esa misma noche a la salida de un acto de solidaridad con el pueblo saharaui
Hay otro caso, el de Miguel Ángel Pérez Espejo Martínez, estudiante murciano de Medicina, que será detenido esa misma noche a la salida de un acto de solidaridad con el pueblo saharaui. En este caso, será detenido en la confluencia de las calles San Jerónimo y San Juan de Dios cuando iba acompañado de su novia, por el famoso policía Francisco González Huertas “El Jirafa” y otro agente. Desde allí lo conducirán a la comisaría de la Plaza de los Lobos. Según Miguel Ángel Pérez, en este acto él había intervenido activamente para reconocer el derecho del pueblo saharaui a su independencia, criticando, abiertamente, la posición colonialista del gobierno de Franco. Esto fue, según él mismo manifiesta, el principal motivo de su detención, aunque participara activamente en el grupo teatral del Colegio Mayor Fray Luis de Granada y pusiera en escena obras claramente “subversivas”. Los otros cinco estudiantes que fueron detenidos y/o buscados por la policía fueron, según testimonio de Antonio Nadal en su libro autobiográfico, él mismo, Jesús Suberbiola Martínez, Juan de la Cruz, Enrique Anciones y Fernando García Lara.
Tampoco habían sido fichados y/o detenidos anteriormente los ubetenses Carlos Fernández Cuesta, Juan de la Cruz Bellón Zurita y Joaquín Martínez Sabina
Tampoco habían sido fichados y/o detenidos anteriormente los ubetenses Carlos Fernández Cuesta, Juan de la Cruz Bellón Zurita y Joaquín Martínez Sabina. (Véase artículo en El Independiente de Granada: Joaquín Sabina, entre dos estados de excepción). Otro detenido sin antecedentes fue el estudiante Eduardo Gallardo. En el caso de estos cuatro estudiantes, la policía pudo haber relacionado la amistad de éstos con Enrique Anciones –ya que vivían en la pensión Huéspedes Hita, próxima a la Plaza de Los Lobos- con una determinada connivencia política, máxime cuando Anciones, entonces militante del PC (i), estaría vigilado desde que fuera detenido un año antes en una manifestación de estudiantes en Santiago de Compostela. Estas detenciones fueron más aleatorias, ya que si bien Juan de la Cruz Bellón Zurita estaba próximo al PCE y Joaquín Sabina en su órbita, no obstante, no jugaban un papel relevante en el SDEUG. Por su parte, Carlos Fernández no tenía ni militancia política, ni participación alguna en el movimiento estudiantil. Tanto Carlos Fernández como Juan de la Cruz Bellón serían detenidos en Granada y pasarían varios días en comisaría, hasta que el padre del primero se los llevara a ambos hasta su domicilio familiar en Úbeda donde quedarían confinados hasta el fin del Estado de Excepción.
Esta caída estará asociada, por tanto, a representantes del SDEUG donde hay militantes del PCE, de la FECUM y otros sin organización definida. Más allá de su implicación en el desarrollo del Sindicato Democrático de Estudiantes, casi todos ellos habían participado, de forma más o menos activa, en el desarrollo del mismo, en las asambleas, en actividades culturales o en la propaganda anti-régimen.
La presencia de la policía en la Universidad era frecuente desde hacía tiempo y, en muchas ocasiones, con la complicidad de algunas autoridades académicas
La presencia de la policía en la Universidad era frecuente desde hacía tiempo y, en muchas ocasiones, con la complicidad de algunas autoridades académicas. De hecho, según recuerda Arturo González Arcas, unos días después del asesinato del estudiante madrileño Enrique Ruano, los estudiantes de Filosofía habían plagado la Facultad de carteles denunciando este hecho. La policía secreta se personó en dicha Facultad y, sin tapujos, comenzaron a sacar fichas de estudiantes. Lo escandaloso es, según él, que cuando algunos estudiantes se percataron de ello, lo denunciaron al Decano, Antonio Gallego Morel, y éste “no se da por enterado o aparenta que no sabe nada” aduciendo que, al final y al cabo, son archivos públicos. Es decir, que a la impunidad del funcionariado franquista se unía también la complicidad de determinadas autoridades, lo que hacía que la información de que pudiera disponer la policía franquista fuera fácilmente asequible, lo que unido a la actividad abierta del SDEUG, daba todas las ventajas informativas a la policía franquista de cada uno de los elementos “subversivos”.
En todos los casos, excepto el de Miguel Á. Pérez, pues, la policía se personará inmediatamente en los domicilios de los detenidos y procederá al registro, tras advertirles que quedaban detenidos
En todos los casos, excepto el de Miguel Á. Pérez, pues, la policía se personará inmediatamente en los domicilios de los detenidos y procederá al registro, tras advertirles que quedaban detenidos. En casi todos ellos intervendrán varios policías, siendo recurrente la presencia de Francisco González Huertas “El Jirafa”, conocido popularmente como “Don Paco”. La reacción familiar, en algunos casos, como el de José María Lozano Maldonado, procedente de la FECUM y del que nada sospechan los padres de su activismo, es desoladora. No reaccionan ante la policía y no se produce ninguna oposición a la misma. José María Lozano que cuando llega a su casa al medio día, después de la asamblea, le abrió la puerta su hermana “con la cara descompuesta” y le dijo en voz baja “¡Están dentro!” Los padres y toda la familia “estaba descompuesta”, “mis padres estaban completamente destrozados, se quedaron pasmados, paralizados”. En el caso de Arturo González Arcas, que vivía con su madre y otros hermanos más pequeños, esta escena reproducirá otra que la madre había vivido durante la Guerra Civil con la detención de su marido y, en este caso, cuando llega la policía “se mesa los cabellos, se abofetea la cara y dice “¡otra vez, otra vez!” Aún así, adoptará una posición digna y recibirá a la policía con la experiencia del sufrimiento acumulado durante años.
No encontrarán documentos comprometedores en ninguno de los casos, porque, o bien los habían destruido el mismo día del anuncio del Estado de Excepción o porque habían tomado sus precauciones anteriormente y no tenían nada en casa. En casi todos los casos, lo único que se llevan son libros cuyos títulos pudieran parecer “subversivos” y en no pocas ocasiones demostraban en esta labor una ignorancia propia de quienes no habían sido entrenados para ello.
No deja de ser significativo que en algunos casos, como el arriba indicado, la policía secreta no disponga de coche propio y tengan que ser algunos familiares quienes provean del suyo para desplazarlos a la comisaría
No deja de ser significativo que en algunos casos, como el arriba indicado, la policía secreta no disponga de coche propio y tengan que ser algunos familiares quienes provean del suyo para desplazarlos a la comisaría. En otro caso, como el de Javier Terriente, será acompañado de dos policías de la Brigada Político Social, a pie, desde su domicilio hasta la misma comisaría y tampoco descubrirán ningún documento comprometedor, ya que lo único que podía implicar a otros militantes era una agenda que, cuidadosamente, se había guardado, en presencia de la policía, la profesora Mari Carmen Sanmillán.
Tras la filiación de rigor los irán conduciendo a una celda muy sucia, que “daba asco”, de unos quince metros cuadrados donde irán a parar todos ellos. Después de unas horas en la comisaría de la plaza de Los Lobos, comenzarán los interrogatorios. Éstos, siempre individuales, intentan descubrir dos cuestiones básicas: las distintas responsabilidades en el seno del SDEUG y, sobre todo, la pertenencia o no al PCE. En algún caso aislado, les interesa descubrir el origen de un panfleto sobre la represión que poco antes habían sufrido los mineros asturianos y que se había repartido por las calles de Granada. A lo largo de los tres días que permanecen en la comisaría se suceden los interrogatorios y, desde el comienzo, la policía tendrá dos raseros muy diferenciados: uno, más violento, hacia aquellos que considera que tienen una militancia comunista y otro más permisivo, pero no menos agresivo psicológicamente, hacia el resto. Si en el segundo de los casos el interrogatorio es algo rutinario –no exento en ocasiones de ciertas intimidaciones, como rodear al detenido varios policías y acosarlo a preguntas o dejar una pistola encima de la mesa-, en el primero de los casos se llegará incluso al maltrato físico.
Aunque unos y otros reaccionen de forma distinta ante el acoso policial, el impacto psicológico en aspectos rutinarios como llamarlos individualmente o el sonido de cómo se descorría el cerrojo de la celda, quedarán grabados en las mentes de cada uno de ellos. La presión psicológica a que eran sometidos por la policía política era, en muchos casos, insostenible, porque los amenazarán con su desprestigio social, que pudieran hacer públicas “cosas” de sus padres y que no sería difícil buscar “lo débil de cada uno”. A ello, se le sumaban ciertas amenazas con la pistola. Cuando el policía “don Paco” (alias “El Jirafa”), interroga a Arturo González sobre un militante comunista y ése respondiera con cierta ironía, inmediatamente sacó una pistola y se la puso en el cuello:
Más miedo aún experimentaron quienes probaron la violencia física en unos momentos en que no podían saber cuánto tiempo podía durar aquello mientras persistiera el estado de excepción:
Si en alguna ocasión el interrogatorio lo hacía un policía, en otras ocasiones eran rodeados por cuatro, cinco o seis agentes con el objetivo de demolerlos moralmente. Además de la táctica ya conocida del policía bueno y del policía malo –que algún éxito tuvo entre ciertos detenidos a lo largo del franquismo-, en este caso, repetirán la no menos conocida de advertir a cada uno de ellos que su compañero ya lo había delatado. Aunque, paradójicamente, no los aislaran y, tras el interrogatorio, se volvían a ver en la celda, donde podían compartir experiencias, sin embargo, esta táctica lograba algo infalible: la desconfianza de unos hacia otros, creando un ambiente asfixiante entre ellos mismos.
Bibliografía:
- MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso; BAENA LUQUE, Eloísa y GARCÍA ESCRIBANO, Inmaculada: La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969. Fundación de Estudios Sindicales. Archivo Histórico de CC.OO.-A y Junta de Andalucía. Córdoba, 2011.
- VALDEVIRA, Gregorio: La oposición estudiantil al franquismo, Editorial Síntesis, Madrid, 2006, pp. 72-74
- RUIZ CARNICER, M.A.: El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, Siglo XXI, 1996
- RUBIO MAYORAL, Juan Luis: Disciplina y rebeldía. Los estudiantes en la Universidad de Sevilla (1939-1970), Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2005.
- ORTEGA LÓPEZ, Teresa María: Historia de Granada. El franquismo, 1939-1975, p. 443.
- ORTEGA LÓPEZ, T.M.: Del silencio a la protesta: explotación, pobreza y conflictividad en una provincia andaluza, Granada 1936-1977, Universidad de Granada, 2003.
- Archivo Histórico del Gobierno Civil de Granada, Caja 1.210-D, asunto: “Manifestaciones (1976); Notificación del Gobierno Civil de Granada a José María Lozano Maldonado, de 31 de enero de 1969, Neg. Orden Público, núm. 2120; Nota informativa de 5 de febrero de 1969, emitida a las 21.50 horas, por el Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo de Granada, con el título “Confinamiento de estudiantes”, en AGA, Servicios Informativos de la Dirección General de Prensa, Sección Cultura, caja 671.
- Diario Ideal de 23 de junio de 1969
Alfonso Martínez Foronda es licenciado en Filosofía y Letras, profesor de Secundaria e históricamente vinculado al sindicato CCOO, en el que ocupó distintas responsabilidades, como investigador ha profundizado en el movimiento obrero y estudiantil.Otros artículos y reportajes del autor:
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