La Junta de Andalucía sigue con su estrategia de arremeter contra la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Amama, y cuestionar su labor. En esa estrategia, con declaraciones duras y despectivas tanto desde el PP como desde el propio Gobierno andaluz, en boca de su consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha dado otro paso y ha enviado un requerimiento legal al colectivo exigiéndole que, en el plazo de diez días, le envíe toda la información, documentación y testimonios que haya recabado sobre el escándalo del cribado de cáncer de mama. 

El escrito, que está firmado por Valle García, gerente del SAS, llega cuando Amama ya ha presentado las primeras 25 reclamaciones patrimoniables contra la Junta de mujeres que desarrollaron cáncer al no haber sido informadas de que sus mamografías eran dudosas y necesitaban nuevas pruebas

El escrito, que está firmado por Valle García, gerente del SAS, llega cuando Amama ya ha presentado las primeras 25 reclamaciones patrimoniables contra la Junta de mujeres que desarrollaron cáncer al no haber sido informadas de que sus mamografías eran dudosas y necesitaban nuevas pruebas. 

Además, el colectivo ya ha informado de que tiene documentados otros 285 casos de pacientes, entre ellas once mujeres de Granada que desarrollaron cáncer y que reclamarán al SAS. 

Amama ha reprochado a la Junta su falta de transparencia y puesto en duda que, como sostiene la Junta, haya solo 2.317 mujeres afectadas. 

La gerente del SAS asegura en ese requerimiento que esta acción tiene como objetivo "garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales, asegurar el cumplimiento de las obligaciones que esta Administración tiene en materia de vigilancia y protección de la salud pública, y evitar la generación de alarma social derivada de la difusión de cifras o afirmaciones no verificadas".

Argumenta que recurre a esta fórmula tras las declaraciones de Amama señalando que la magnitud del problema es mucho mayor. 

Cabe recordar en este punto que la Junta comenzó asegurando que eran unos cuantos casos puntuales. De ahí, al agravarse el escándalo, y ya cuando procedió a apartar a la exconsejera Rocío Hernández, reconoció 2.000, insistiendo en que estaban concentrados en Sevilla. En los últimos días ha cifrado la incidencia en 2.317 mujeres. Tras asegurar inicialmente que no había mujeres afectadas en Granada, ha reconocido que son 14.

En el requerimiento legal, la gerente del SAS defiende que la información que traslada a la Comisión de Seguimiento del Programa de Cribado es "completa, precisa y contrastada".