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Es socio de la consultora EY

El primer consejero de Hacienda de Moreno en la Junta, entre los investigados por el caso Montoro

Política - IndeGranada - Viernes, 18 de Julio de 2025
José Alberto García Valera estuvo en el Gobierno andaluz menos de un mes, responsabilidad a la que renunció alegando motivos de salud.
José Alberto García, en su toma de posesión en febrero de 2019.
Junta de Andalucía/archivo
José Alberto García, en su toma de posesión en febrero de 2019.

José Alberto García Valera, que fue el primer consejero de Hacienda tras la llegada de Juan Manuel Moreno a la Presidencia de la Junta en 2019, figura entre los investigados en el caso Montoro, que investiga una supuesta trama en la que grandes empresas gasísticas y de otros sectores presuntamente influían en el Ministerio de Hacienda y en las leyes que este tramitaba. 

Fue un consejero efímero, que antes de cumplir un mes en el cargo, alegó motivos de salud para dejar esa responsabilidad. Su sustituto en el Gobierno andaluz fue Juan Bravo Baena, ahora en el equipo de Feijóo en el PP nacional. 

Como ha publicado elDiario.es, José Alberto García Valera, inspector de Hacienda, fue director general de Tributos entre 2016 y 2018. Fichó por la consultora EY, una de las empresas que ahora figuran en el auto sobre la presunta trama. El juez destaca que tras salir de Hacienda en 2018 "pasó a ser socio de EY, la consultora que intervino en los hechos investigados". Previamente, según sospecha el juez y recoge elDiario, "intervino como director general de Tributos para modificar el Impuesto de Actividades Económicas para los Presupuestos de 2018 una vez que entró en escena Equipo Económico", que es el despacho que fundó Cristóbal Montoro.

Un juez ha imputado al exministro de Hacienda por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho de abogados -Equipo Económico (EE)- que había fundado antes de entrar al Gobierno.
 
En la supuesta trama están involucradas 28 personas y seis personas jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

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