El Consejo General de la Abogacía Española, reunido este jueves en Pleno extraordinario en Granada -con motivo de las VII Jornadas de Juntas de Gobierno-, ha acordado interponer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo. 

 

Asimismo, los miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de toda España se han concentrado en Granada para mostrar su disconformidad y rechazo al plan del CGPJ, como ya hiciera el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados hace unos días a través de un comunicado en el que calificaba esta decisión de “muy desacertada y descabellada”. 

 

La Abogacía Española considera que el acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ "infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales". Esta medida "agrava el problema que trata de solucionar", puesto que muchos de los juzgados designados "carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable". 

 

"Incomprensiblemente, la medida se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuesto por parte del Estado y las CCAA con competencias transferidas, lo que provocará graves disfunciones. Además de colapsar los juzgados designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos. La medida conculca el principio de juez predeterminado por la ley y quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor, alejando además la Justicia de la ciudadanía", ha apuntado la Abogacía en un comunicado.

 

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía Española exige mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria. 

 

La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, se ha comprometido a realizar las gestiones oportunas con las instituciones competentes para alcanzar una pronta solución del problema.