El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, consultará a sus superiores qué hacer tras la última petición del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el llamado 'caso Romanones' sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada, y que le ha dado un plazo de tres días para que remita la documentación íntegra que obra en su poder sobre los presuntos implicados, advirtiéndole de que, si no lo hace, podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial y/o denegación de auxilio a la justicia.

Fuentes de la Diócesis han dicho a Europa Press que se remiten al último escrito que enviaron a los medios de comunicación por este asunto y han incidido en que por ahora "no hay nada nuevo", ya que debe dirimirse lo que es "una cuestión eclesiástica y una cuestión civil".

En el último comunicado remitido, el Arzobispado emplazó al titular del Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, a solicitar al Vaticano toda la documentación de la que dispone, y se remitió a la "legislación canónica aplicable".

Así respondía a una providencia del 7 de mayo en la que el juez señalaba que el Arzobispado de Granada había omitido en la información que hasta entonces le había facilitado "las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico", y que "necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión" de los acusados, conminándole a que la entregara.

El Arzobispado cree que sí colabora con la Justicia

La Diócesis informó de que en un escrito firmado por el arzobispo, Francisco Javier Martínez, éste le señalaba que había venido colaborando con el Juzgado para el esclarecimiento de estos hechos y había aportado "cuanta información" se le ha solicitado desde el primer momento, e incidía en que instó en su día al denunciante a poner los hechos en conocimiento de los tribunales, puesto que al ser ya mayor de edad, la denuncia sólo podía ser formulada por él.

Tras eso, "se realizó inmediata comunicación de lo conocido en ese momento a la Fiscalía, aportando copia íntegra de lo comunicado a la Iglesia y ofreciendo su colaboración", mantenía el Arzobispado, que añadía también que, "de acuerdo con la legislación canónica aplicable", es la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, "la que avoca para sí y se constituye en única instancia y tribunal eclesial competente para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido, y la que, por tanto, sigue en este momento el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos".

"Es ella, pues, la que posee la documentación procedente y la que podría autorizar, el traslado a una instancia civil y la eventual divulgación de aquellas informaciones hechas en el ámbito de la conciencia", afirmaba el arzobispo, que se ofrecía, en ese sentido, a solicitar "las oportunas autorizaciones de acuerdo con la legislación civil y eclesiástica aplicable, en lo procedente".

La acusación no cree que pueda ampararse en el secreto pontificio

La acusación particular personada en el llamado 'caso Romanones' ha mostrado este miércoles su respaldo al ultimátum dado por el juez, mientras que la defensa ha respaldado los argumentos jurídicos de la iglesia. En declaraciones a Europa Press, el letrado Jorge Aguilera, que representa al joven de 24 años de denunció el caso y llegó a recibir el apoyo del Papa Francisco, ha recordado que el juez hace esta petición tras recoger su propia solicitud y ha coincidido en que el arzobispo, Francisco Javier Martínez, no puede ampararse en este asunto en el "secreto pontificio" o en la legislación canónica.

Posición contraria mantiene Javier Muriel, el abogado que representa al padre Román M.V.C., considerado el líder del grupo de 'Los Romanones', y que ha dicho a Europa Press que apoya los argumentos esgrimidos por el prelado. Además, ha lamentado que el magistrado instructor, Antonio Moreno, "presuponga unas cuestiones en cuanto a un expediente eclesiástico que no existen" y ha recordado que el Arzobispado se ha limitado a informar de que la documentación solicitada está en posesión de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano, que es, según ha recordado "otro país".

La defensa alega que el juez aboca a la excomunión al arzobispo

También comparte lo esgrimido por el arzobispo en cuanto a que las declaraciones de los presuntos implicados -diez sacerdotes y dos laicos- están "bajo secreto pontificio" y enmarcadas en "actos comunicados en conciencia". En ese caso, y tal y como establece la legislación canónica, si este tipo de actos se hicieran públicos el que lo haga se enfrenta a la "excomunión" y podría ser expulsado de la Iglesia, que es a lo que el juez "está abocando al arzobispo" si atiende a este último plazo.