Escuelas concertadas niegan cobrar cuotas ilegales y defienden su oferta pese a la infrafinanciación
La patronal de las escuelas concertadas han negado este miércoles que cobren a las familias cuotas "ilegales" -tal y como señala un informe realizado por Esade- y defienden que trabajan con una "insuficiente financiación", por lo que han urgido a "cumplir con el mandato legal de calcular el coste real de la plaza escolar y garantizar su sostenimiento pleno sin que los titulares de los centros o las familias de los alumnos deban contribuir económicamente para su supervivencia".
"Es incorrecto e injusto sugerir que los centros concertados incentivan el cobro de cuotas ilegales. Todas las contribuciones económicas de las familias son voluntarias y destinadas a actividades o servicios adicionales, como se establece claramente en los documentos de concierto. La regulación actual ya establece amplios sistemas de control de las cantidades que los centros concertados perciben", han argumentado en un comunicado.
El informe 'El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas' señala que el 90% de los centros educativos concertados de mayor tamaño de España cobran una cuota a las familias, mientras que en los centros medianos y pequeños la proporción baja a entre un 60% y un 70% de los colegios.
Desde la patronal han reconocido su "preocupación" por el hecho de que el informe "sugiera que la enseñanza concertada no cumple con la garantía constitucional del derecho a la educación, basándose en la percepción de que los alumnos no pueden acceder gratuitamente a estos centros. Cualquier familia puede solicitar plaza en un centro concertado sin obligación de pago por la enseñanza financiada por el concierto".
En este sentido, las escuelas concertadas han lamentado que el estudio "no aborde adecuadamente el impacto segregador de las políticas públicas que limitan el acceso a becas de comedor, transporte y apoyo a necesidades para familias de la escuela concertada, ni considera la falta de oferta concertada en muchas zonas rurales o de menor población". Por último, ha pedido una "revisión más rigurosa de los datos presentados en el informe".