Esta semana se ha celebrado la I Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, un foro impulsado por la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que ha reunido a académicos de distintos países hispanohablantes, representantes de instituciones de diversa índole y expertos en torno al lenguaje claro. Durante ese encuentro, se ha presentado la Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible, que próximamente podrá consultarse en la página de la Real Academia. La ciudadanía tiene derecho a comprender y los poderes públicos, las instituciones, la obligación de informar claramente. Ese ha sido uno de los ejes en torno a los que ha girado este encuentro.

Un lenguaje claro y accesible que la ciudadanía no encuentra cuando recibe una notificación de Hacienda o debe cumplimentar documentos ante una Administración. Qué decir de aquellas sentencias que, a la dificultad que entraña el uso del lenguaje especializado y las citas de leyes o jurisprudencia, suman párrafos interminables que hacen incomprensible su contenido. 

Hablamos con el jurista Jesús García Calderón, escritor, poeta y miembro de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias, sobre la importancia de un lenguaje claro. En el ámbito jurídico, pero también en el administrativo o en el periodístico.

El fiscal Jesús García Calderón formó parte de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico impulsada en 2009. Fue, según resalta en una conversación con El Independiente de Granada, la experiencia "más valiosa en este campo".

Presidida por el entonces secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, que posteriormente fue ministro y actualmente magistrado del Constitucional y copresidida por el director de la RAE, reunió a representantes de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Consejo General de la Abogacía y también a periodistas como Álex Grijelmo, que en ese momento presidía la Agencia EFE, Gabriela Cañas, entonces en El País o María Peral, del diario El Mundo. Junto a ellos, el académico Salvador Gutiérrez Ordóñez. "La verdad es que fue un trabajo espléndido", reitera sobre la labor de la comisión, que se prolongó dos años. 

La lengua es "una cuestión de Estado. "La defensa, la promoción y el conocimiento es una cuestión fundamental para todos los españoles y quizás sea nuestro principal activo"

La preocupación existe y se han puesto en marcha iniciativas como las mencionadas para buscar soluciones. Entonces, ¿por qué no se avanza? O, al menos, no lo suficiente. A juicio de Jesús García Calderón hay dos cuestiones básicas, una de ellas es la lengua, que considera "una cuestión de Estado". "La defensa, la promoción y el conocimiento es una cuestión fundamental para todos los españoles. Quizás sea, afirma, "nuestro principal activo". Sin embargo, "seguimos asistiendo a una colonización absolutamente absurda en la Lengua Española". Una colonización en el lenguaje publicitario, periodístico, jurídico y en el económico.  La primera cuestión, a su juicio, es por tanto, "la defensa de la lengua".

Y en segundo lugar, menciona algo que ya puso de manifiesto un magistrado al que, según explica, le gusta citar siempre. Es Joaquín Bayo, quien siempre dijo que se trata de "un problema entre súbditos o ciudadanos". "El lenguaje jurídico puro va dirigido al súbdito; un lenguaje claro va dirigido al ciudadano, porque constituye un elemento esencial en sus derechos".

Estas son a su juicio las dos ideas "básicas y fundamentales" que deben tenerse en cuenta. 

"Por qué no se avanza -señala para responder a la pregunta-, porque quizá no haya la suficiente voluntad. Se hace algo, con mucha lentitud. Se han hecho manuales de estilo, algunos bastante discutibles y se siguen abordando cuestiones periféricas que verdaderamente no son lo esencial", reflexiona. 

Son muchos los factores que hacen que "el problema no termine de solucionarse", si bien "algo se ha avanzado y hay cierta conciencia"

En este punto se refiere al lenguaje inclusivo y de género, que en su opinión, "es una cuestión superada". "Ya todos sabemos que se debe evitar la masculinización del lenguaje, con un sentido racional. Sin embargo, se sigue creyendo que con el uso del lenguaje de género se resuelve el problema y eso no es así". El problema de la desigualdad "sigue existiendo" y por ello cree que la cuestión inicial es que habría que tener "otra formación". "Hay que recuperar el estudio de la retórica, una retórica de nuestro tiempo, una retórica de la igualdad. Y esto tiene que estar en las universidades, en la escuela judicial, en los colegios de abogados...". Son muchos los factores que hacen que "el problema no termine de solucionarse, precisa antes de subrayar no obstante que, "por lo menos, algo se ha avanzado y hay cierta conciencia". 

El lenguaje jurídico, prosigue, "tiene que adaptarse a cada circunstancia". No es lo mismo lo que se ponga en un cartel informativo en un juzgado que una sentencia del Constitucional. "El lenguaje tiene esa asombrosa capacidad de adaptación, pero hay que construirlo sobre una base que sea la claridad, la precisión. Y, sobre todo, la idea de la igualdad, la idea de tratar al ciudadano como se merece". 

El derecho a comprender, "un derecho fundamental"

El que fuera fiscal superior de Andalucía vuelve a mencionar el trabajo de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico para incidir en que "su gran aportación fue la articulación de un nuevo derecho a comprender", también denominado por otros autores como "derecho a entender". Eso es "un derecho fundamental", comprender las resoluciones, los documentos que nos remiten.

"El lenguaje jurídico produce tranquilidad en el culpable y angustia en el inocente, porque muchas veces tiene un sentido casi de amedrentar", señala con unas palabras que describen con maestría la sensación que dejan algunos documentos como pueden ser notificaciones judiciales -como también de Hacienda-. Y añade: "hay muchas maneras de decirlo, se puede utilizar un tono no tan admonitorio, un tono práctico, sencillo…". 

"En el momento en que los ciudadanos puedan entender un plan de ordenación urbano o puedan entender adecuadamente una sentencia, el incremento en sus derechos, en su capacidad crítica es enorme y por eso hay que insistir"

"Es un camino lento, pero mucho más importante de lo que la gente cree, porque en el momento en que los ciudadanos puedan entender un plan de ordenación urbano o puedan entender adecuadamente una sentencia, el incremento en sus derechos, en su capacidad crítica es enorme y por eso hay que insistir", enfatiza. Y añade: "ya lo decía Jovellanos cuando ingresó en la Real Academia Española, en su discurso de ingreso ya puso de manifiesto que para los juristas no era suficiente el aprendizaje escolar de la gramática, puso de manifesito que quienes hacían las leyes, las interpretaban y las ejecutaban tenían que tener conocimientos gramaticales y filológicos continuos, que es otra cosa que tampoco se hace".

Ese lenguaje oscuro no es exclusivo de los textos que escriben jueces, fiscales o abogados. 

"Se pueden distinguir distintos ámbitos o esferas, una cosa es el lenguaje administrativo, que también es oscuro, por supuesto; luego está el lenguaje judicial, que es el paradigma de la confusión, el uso del gerundio, las frases subordinadas y lo que se llaman los tecnoletos. No se puede renunciar al lenguaje científico, pero una cosa es tener un lenguaje científico y otra es tener un lenguaje incomprensible. Y luego está el lenguaje parlamentario, el de las leyes", abunda. 

Recuerda una de las experiencias "más valiosas" analizadas en el seno de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. La describió el académico Salvador Gutiérrez y fue impulsada en las Cortes de Castilla y León, donde se estableció "un control filológico de los proyectos de ley". "Los filólogos analizaban el texto y recomendaban cambiar un término, una coma por un punto y seguido o una palabra y tuvo un efecto extremadamente benéfico sobre los instrumentos normativos".

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Jesús García Calderón. gabinete prensa fiscalía

"Las disposiciones que se publican en el Boletín Oficial del Estado producen a veces auténtico escozor intelectual"

Esta cuestión es "fundamental", añade para afirmar que "las disposiciones que se publican en el Boletín Oficial del Estado producen a veces auténtico escozor intelectual". Y al respecto se pregunta por qué no se hace una corrección filológica, en el sentido de la iniciativa mencionada. "Algunos preceptos resultan ciertamente incomprensibles, sobre todo en el ámbito administrativo, con el uso desordenado de las mayúsculas, la obsesión por una serie de temas redundantes, con la perífrasis". 

"La oscuridad hace que nuestros derechos tengan peor calidad"

En cada uno de estos ámbitos hay que hacer una aportación diferente, explica, pero todos ellos inciden siempre en lo mismo: "la oscuridad hace que nuestros derechos tengan peor calidad". "Y un Estado desarrollado tiene que dar importancia al lenguaje, porque es capital. Es capital para nuestra vida".

Al trasladarle que probablemente en este momento se pone más el énfasis en la transparencia, advierte que ese derecho a conocer los datos "se completa" con "poder entenderlos". "Los datos por sí mismos nos ofrecen información, pero debe ser correctamente interpretada y el lenguaje es el instrumento que necesitamos para completarlo".

Y, aquí abre un paréntesis para reflexionar también sobre la transparencia y la idea defendida por el filósofo Byung-Chul Han, que advierte de que puede incluso que esta no sea aconsejable. En la esfera privada, matiza el fiscal. "El concepto de transparencia es muy amplio muy extenso. Es necesaria para establecer el control del gasto público, para el control institucional, pero sin embargo desde una perspectiva personal, a lo mejor tampoco es necesaria tanta transparencia. Es decir, aquí el peligro que tenemos los ciudadanos es que seamos transparentes y que se conozca toda nuestra vida. Para saber en qué se ha gastado el dinero sí, pero para que se conozca lo que hacemos las 24 horas del día, no". 

Sobre la importancia de la formación, en las facultades y una vez que se sale de la institución académica, a la que ya había aludido el fiscal, insiste en que es "capital". 

"El lenguaje jurídico produce tranquilidad en el culpable y angustia en el inocente, porque muchas veces tiene un sentido casi de amedrentar"

"Recuerdo que hace muchos años leí que Luis Cernuda había tenido como profesor a Pedro Salinas en la Facultad de Derecho, cuando Luis Cernuda estudiaba Derecho. Y descubrí que la Facultad de Derecho, el plan formativo, tenía una asignatura, en el curso preparatorio, que era Lengua Española. Hay que volver a introducir el estudio de la Lengua Española en las facultades de Derecho. Se hizo una recomendación a los decanos, pero cayó en saco roto", expone Jesús García Calderón. 

También defiende que debería existir una asignatura que fuera el Lenguaje Jurídico y no solo en las facultades, en las carreras judicial, fiscal, en la Administración Pública... "Hay algo, porque se dan algunos cursos, pero son muy esporádicos y de una manera muy superficial y sería necesario estudiarlos con más profundidad. Incluso hacer textos que permita que el profesional del Derecho disponga de esos manuales", agrega el fiscal, que resalta la labor que han hecho los Colegios de Abogados y también grandes bufetes, con libros de estilo como lo puede tener un medio de comunicación. 

Cuando se le pregunta a Jesús García Calderón si estamos empobreciendo el lenguaje, responde: "estamos involucionando, básicamente por la falta de lectura y porque cada vez hay menos capacidad reflexiva para entender el mensaje por la digitalización, por el enjambre digital. Se recibe demasiada información que no puede ser digerida. Hay que recuperar el lenguaje, como hay que recuperar la ortografía y la caligrafía". 

"No es que no se sepa escribir, es que no se sabe a veces ni hablar y se habla con faltas de ortografía"

En cierto modo, afirma, "sí se tiene que recuperar el respeto por la lengua". "La lengua es una cosa muy seria y hay que respetarla. Y si caemos en esa falta de respeto, por lo menos que tengamos mala conciencia y que seamos conscientes de que estamos dañando una de las cosas más valiosas que tenemos", expone para añadir que "las autoridades deberían promover ese respeto y sobre todo los medios de comunicación", con especial mención a los medios audiovisuales. "No es que no se sepa escribir, es que no se sabe a veces ni hablar y se habla con faltas de ortografía".

El lenguaje jurídico, es un aspecto más diferente, pero hay que recuperar la idea de la literatura jurídica y buscar esos valores fundamentales para el ciudadano que se han perdido en esa maraña de trámites, de términos. 

Que también tiene un sentido material, se hace oscuro para poder cobrar por él. Que necesite un intermediario que obtiene a cambio una retribución, esa realidad tampoco debemos ocultarla. 

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En la I Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro participó el catedrático de la UGR y académico de la Real Academia de Ingeniería Francisco Herrera. Lo hizo en la jornada centrada en lenguaje claro y accesible en la inteligencia artificial, ámbito en el que es un reconocido experto.

La séptima sesión, ya en la segunda jornada, ha estado centrada en lenguaje claro y accesible en la inteligencia artificial.

Moderada por Asunción Gómez-Pérez, académica de la Real Academia Española, en esta mesa participaron Manuel González Bedia, director general de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua (Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública); Marta Villegas, directora de la Unidad de Tecnologías del Lenguaje en el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, e Iria da Cunha, profesora de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y coordinadora del equipo arText.