Se diría que eres mártir

de una gran melancolía,

agua fría de este río

que en la vega va sin prisa.

(¿Qué tiene el agua del río?,  Federico García Lorca)

La noticia saltaba a finales del pasado mes de julio: Bruselas, una vez más, imponía multas millonarias a España por la falta de depuración de aguas residuales. Esta vez tocaba pagar por los incumplimientos de diecisiete localidades pero quedaba sobre mesa la existencia de un millar de “puntos negros” (una denominación muy descriptiva) que hacen destacar a Andalucía, de manera notable, en todos los mapas[i]. La provincia de Granada ocupa un lugar central dentro del apartado de incumplimientos y de sus consecuencias, tanto ambientales como sociales, económicas y políticas para la población. Merece la pena dedicar un rato a la búsqueda de un “por qué estamos como estamos”. La historia, centrada en este caso en los municipios de la Vega de Granada, que no deja de contener elementos tan turbios como las aguas que se vierten en los ríos de la provincia; una historia en la que algunas instituciones (como las europeas) juegan papeles contradictorios, otras (como muchos ayuntamientos) convierten su impotencia en complicidad y, además, aparecen de fondo algunas de las leyes de “austeridad” presupuestaria que últimamente vienen nombrándose en las noticias, con los vecinos como víctimas indiscutibles.

La secuencia tiene aún mayor recorrido, pero se puede situar aquí un comienzo en el año 2010, cuando la Junta de Andalucía aprobó un plan para acelerar la depuración de las aguas de la Comunidad con vistas a que en 2015 pudiera cumplir con la directiva marco de la Unión Europea, que fija para el 31 de diciembre de ese año el plazo dado a los países integrantes para tener todas sus aguas residuales limpias. El plan preveía trescientas obras de saneamiento y depuración en 250 pequeñas localidades en las que todavía no había una depuradora y se calculó un coste de 1.765 millones de euros, 373 millones correspondientes a las 69 intervenciones previstas en la provincia de Granada. A la financiación de las obras, que se prometía terminar cinco años después, tendría que ayudar el pago de un “canon”, de carácter finalista, que cada ciudadano abona mensualmente en su factura del agua. Ocho años después (casi tres desde que acabara el plazo) es poquísimo lo que se ha avanzado. Y es que poco después de nacer, dicho plan se enfrentaría a un giro histórico que, curiosamente, sitúa a “Bruselas” como fuerza coadyuvante a la generación de una situación que después está sancionando.

El plan preveía trescientas obras de saneamiento y depuración en 250 pequeñas localidades en las que todavía no había una depuradora y se calculó un coste de 1.765 millones de euros, 373 millones correspondientes a las 69 intervenciones previstas en la provincia de Granada

En septiembre de 2011, merced a un acuerdo entre el gobierno de Zapatero y el Partido Popular, España modificaba el artículo 135 de la Constitución. El entonces simple diputado y hoy presidente del gobierno, Pedro Sánchez, jugó un papel protagonista en la cocción de la reforma y en la justificación “filosófica” de la misma.  Bastó una llamada de teléfono desde un número con prefijo extranjero para que se reformara la Constitución a toda prisa y se humillara a todo un país en agosto. En virtud de esa reforma quedó establecida la obligación de las Comunidades Autónomas de ajustarse al principio de estabilidad presupuestaria, lo que cada año se traduce en la aprobación del llamado "techo de gasto". La reforma constitucional se enmarcaba en los debates preparatorios para la firma, en 2012, del  Tratado de Estabilidad, conocido como "Pacto Fiscal Europeo", que determina las reglas para el ajuste del déficit en los países miembros de la Unión. Dentro de ese proceso, y como desarrollo de la reforma constitucional, se aprobó  el mismo año la Ley de Estabilidad Presupuestaria (2/2012 de 27 de abril) que estos días ha aparecido nombrada en los informativos a propósito de las negociaciones entre gobierno y Unidos Podemos para la aprobación de la llamada “senda de déficit”, que Bruselas impone por encima de los intereses del país.

Las cifras de la terapia de choque son tan elocuentes como sus consecuencias para la gente: en 2012, el déficit de las comunidades autónomas españolas fue del 1,73% frente al 3,31% de 2011. Ello supuso un ajuste del 1,58% del PIB, más de 15.000 millones de euros, un recorte espeluznante en manos de las administraciones que soportan el grueso de los servicios sociales. Andalucía pasó del 3,22% en 2011 al 2% en 2012, siendo una extraordinaria cumplidora con las políticas de ajuste y llegando a establecer una marca “ejemplar” en 2017, al dejarlo en un 0,22%. Los objetivos de déficit se han cumplido de manera espectacular a costa de, por ejemplo, encabezar el ranking nacional de recortes en sanidad, con efectos devastadores sobre la calidad de la asistencia sanitaria en Andalucía.

Pero ¿qué tendrá que ver toda esta historia con el asunto de la depuración? Queda más claro si se atiende al hecho de que en los presupuestos de 2013, la inversión pública cayó en Andalucía casi un 21% con respecto a 2012 y en los de 2014, un 13% más con respecto a la ya menguada cifra (un 12% “caía” el presupuesto para Medio Ambiente). Aquel año, la hoy ministra de Hacienda y entonces consejera del ramo, María Jesús Montero, declaraba que “hay algunas obras que tendrán que esperar”. Y tan verdad que era.

¿Pudo efectuarse una de esas presiones en la provincia de Granada el 26 de noviembre de 2014, cuando el Consorcio Vega-Sierra Elvira decidió prorrogar la gestión del servicio a Aguasvira a cambio del compromiso de que la empresa acometiera obras auxiliares de conexión con las obras principales del Plan de la Junta de Andalucía (Plan Director de Vertidos)?

Lo que no se ha aplazado entretanto (y eso es mucho más visible que cualquiera de estos datos y rebuscados porcentajes) es el pago del llamado “canon de mejora”. Desde que se pusiera en marcha, los granadinos han pagado en torno a 60 millones de euros a través de la factura del agua en un canon destinado a obras de saneamiento, a pocas de las cuales se ha dado inicio. Lo peor es que el canon no es el único "trasvase" (por emplear términos relacionados con la obra hidráulica) que parte de los bolsillos de los habitantes de Granada y que tiene al asunto de las aguas residuales como uno de los episodios centrales del culebrón.

Aguasvira, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la Vega de Granada, pertenece en un 60% al Consorcio Vega-Sierra Elvira (donde los alcaldes delegan competencias y toman algunas decisiones que no pasan por los plenos municipales) y en un 40% a Hidralia S.A., empresa de capital privado en la que confluyen el gigante Agbar (Aguas de Barcelona), Unicaja y Caja Granada. Agbar está controlada por la multinacional francesa Suez Enviroment[ii]. Hasta 2014, la cuarta parte de las acciones de Agbar pertenecía a La Caixa a través de Caixa Holding. Ese año, La Caixa pasó a participar directamente en Suez, por lo que mantiene hoy su presencia en el agua. Dado que el presidente de La Caixa, Isidro Fainé era también, hasta hace unos meses, presidente de Gas Natural-Fenosa y es vicepresidente de Telefónica, hay pocos rincones en los que pueda uno esconderse de su alargada mano, haga lo que haga.

Este modelo de gestión, muy extendido en todo el país, debilita a la democracia municipal frente a las presiones de las grandes empresas, como bien se describe en este artículo.[iii] ¿Pudo efectuarse una de esas presiones en la provincia de Granada el 26 de noviembre de 2014, cuando el Consorcio Vega-Sierra Elvira decidió prorrogar la gestión del servicio a Aguasvira a cambio del compromiso de que la empresa acometiera obras auxiliares de conexión con las obras principales del Plan de la Junta de Andalucía (Plan Director de Vertidos)? Leyendo las actas[iv] podrá cada cual imaginar si el miedo a las sanciones por los vertidos (cuando quedaba solo un mes para que cumpliera el plazo dado por la UE) desempeñaba algún papel y si se aprovechó de alguna manera en aquella fecha tan crítica. En cualquier caso, resulta penosa la falta de alternativas en un organismo con un asunto político de tamaña importancia en sus manos. Sea como fuere, el orgullo no debía ser el sentimiento predominante en el ambiente cuando, después de aquella reunión, el Consorcio emitió un comunicado en el que anunciaba el “Plan Director” a la vez que ocultaba la decisión más trascendente que hubiera tomado, seguramente, en los últimos años. Eso sí, no se ahorraban loas a las maravillas gestoras de Aguasvira.[v] Poco después, la empresa sacaría su propio comunicado, con la misma foto, anunciando la “renovación de su compromiso” hasta 2049, pero sin mención a las obras.[vi]

La renovación de la adjudicación de la gestión del ciclo integral del agua en la Vega de Granada hasta 2049 (siendo muy discutible la mejora y nulo el abaratamiento del servicio), no puede explicarse en función de "lo que es mejor" sino solo en función de esos otros factores

Así las cosas, la Junta de Andalucía tendría que realizar la inversión importante en infraestructuras (con dinero público, en gran parte cobrado por el canon) mientras que la parte privada se llevaría un beneficio millonario garantizado por 25 años adicionales por hacerse cargo de obras que muchos ayuntamientos no tienen capacidad de soportar y que, en buena parte, no se han podido llevar a cabo al no existir las infraestructuras que debía realizar la Junta de Andalucía. Un buen negocio a costa de los habitantes de la Vega, con consentimiento de muchos alcaldes y alcaldesas.[vii]

Desde luego que no es (digámoslo así) muy elegante hurtar al debate público algo como la gestión del agua, pero la explicación del asunto está lejos de agotarse en cualesquiera características personales de un munícipe determinado. Hay otros factores, estructurales, que allanan el terreno a este tipo de maniobras: al incumplimiento de la Junta se añade la situación de asfixia financiera de los ayuntamientos, carentes de una disposición de recursos propios que los haga verdaderamente independientes. Esa asfixia viene impuesta por mecanismos como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local o "ley Montoro", de 2013 (inscrita en la misma lógica que se ha tratado desde el principio: aprobada un año después de la Ley de Estabilidad y un año antes de la “entrega” del agua en el Consorcio). El histórico déficit de financiación de los ayuntamientos, que no solo es producto de la obra legislativa del gobierno de Rajoy sino también de la Junta de Andalucía, está también detrás de esa situación. Como ha señalado Luis Babiano, gerente de AEOPAS (Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), “la privatización –y la falta de control público– se ve favorecida por la falta de recursos municipales, por los programas de austeridad y de reforma de la administración local impuestos por el gobierno central y por la debilidad de la regulación."[viii]

La renovación de la adjudicación de la gestión del ciclo integral del agua en la Vega de Granada hasta 2049 (siendo muy discutible la mejora y nulo el abaratamiento del servicio), no puede explicarse en función de "lo que es mejor" sino solo en función de esos otros factores. La secuencia descrita más arriba ha situado a los gobiernos municipales ante el dilema de ser impotentes ejecutores  de un proceso de privatizaciones que viene de otras instancias y que entrega los recursos de la gente a cambio de “ir tirando”, o bien ponerse del lado de los vecinos y vecinas, defendiendo sus intereses y reivindicando la dignidad y la autonomía municipales. Por desgracia, en 2014 no hubo muchas dudas entre quienes se sentaban en el Consorcio Vega-Sierra Elvira. Seguramente ayudó el hecho de que la toma de decisiones importantes se sitúe en este tipo de organismos supramunicipales, que no incorporan mecanismos adecuados de representación democrática. Sin competencias suficientes (por delegación en esos mismos organismos) y con pocos recursos (uno de los motivos que, precisamente, impulsan esa delegación), pueden temblar las piernas ante las consecuencias potenciales de verter aguas residuales sin autorización, una vez incumplida la Directiva de la UE, abandonados a la deriva por la Junta de Andalucía e incapaces de hacerle frente la misma.[ix]

Es urgente abordar el asunto de la depuración y de la gestión del agua como una prioridad. Los motivos para ponerse las pilas no se agotan en la necesidad de eludir las multas y, ni siquiera (que no es poco) en el insoportable día a día que algunos vecinos tienen que sufrir por vivir junto a zonas de paso de aguas residuales, como quienes viven en La Paz, pedanía de Fuente Vaqueros movilizada desde hace años ante el problema

Es urgente abordar el asunto de la depuración y de la gestión del agua como una prioridad. Los motivos para ponerse las pilas no se agotan en la necesidad de eludir las multas y, ni siquiera (que no es poco) en el insoportable día a día que algunos vecinos tienen que sufrir por vivir junto a zonas de paso de aguas residuales, como quienes viven en La Paz, pedanía de Fuente Vaqueros movilizada desde hace años ante el problema.[x] El acuífero de la Vega, uno de los mayores tesoros de Andalucía, ya había empezado a tirar de sus reservas hace un año, activándose una peligrosa cuenta atrás justo cuando los efectos del cambio climático hacen prever una merma importante de los recursos hídricos en los próximos años. Toda la economía de la zona depende de la disponibilidad de agua de riego para mantener la actividad y la vida de los pueblos. En ese sentido, la depuración podría ayudar no sólo a evitar la contaminación del agua disponible sino que, de hacerse con criterios ecológicos y sociales (esto es, con depuradoras de bajo impacto más que con grandes proyectos de conducción que, entre otras cosas, priven a los regantes de su más importante recurso) permitiría disponer de una nueva cantidad de agua en buenas condiciones.

Parece increíble que el asunto aquí esbozado (la urgencia de la depuración y la prórroga de la privatización del agua) pasara desapercibido en los debates previos a las elecciones municipales de 2015 en tantos pueblos de la Vega. Razones tenían y tienen para querer dejar el asunto debajo de la alfombra quienes lo escondieron en su día. Pero más son las que tienen los vecinos y vecinas para ponerlo encima de todas las mesas. Ahora que entramos en fase preelectoral “total” puede ser buen momento para señalar responsabilidades (locales, autonómicas, nacionales y europeas) y formular alternativas (también en los mismos planos). Es interesante que un ayuntamiento como el de Peligros haya tomado la iniciativa en el sentido de intentar recuperar su autonomía, estudiando el modo de recuperar la gestión del agua y poniendo en cuestión incluso la pertenencia misma al consorcio.[xi] La batalla por un futuro para los municipios de la Vega, frente a quienes la  desprecian, requiere darse en muchos planos. Pero merece mucho la pena.

franci.jpg

Francisco Sánchez del Pino es profesor de instituto y residente en un pueblo de la Vega.