La edad ordinaria de jubilación no podrá reducirse más de 5 años, que serán 6 (hasta los 59 años) en el caso de tener 37 efectivamente cotizados.

Para financiar esta medida, se aplicará una cotización adicional del 10,6% a todos los policías locales en activo, el 8,86% a cargo de los ayuntamientos y el 1,76%, de los funcionarios.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Real Decreto por el que se regula la jubilación anticipada de los policías locales.

Esta nueva norma permitirá a partir del 2 de enero que los policías locales puedan solicitar el adelanto de su jubilación el tiempo que resulte de aplicar un coeficiente reductor del 0,20% al número de años que hayan trabajado efectivamente como agentes municipales. En todo caso, la edad ordinaria de jubilación no podrá reducirse en más de 5 años, que podrán llegar a ser 6 siempre que se acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización.

El requisito imprescindible para acceder a la anticipación de la edad de jubilación será haber cotizado 15 años como policía local.

Los interesados deberán comunicar a la administración municipal correspondiente su voluntad de acogerse a esta modalidad de jubilación antes del 31 de enero de cada año.

Los años de cotización efectiva como policía local para anticipar la edad de jubilación hasta 6 años se van a exigir de manera progresiva: en 2019, serán necesarios 35 años y medio; en 2020, 2021 y 2022, 36 años; en 2023, 2024, 2025 y 2026, serán 36 años y medio; y en 2027 y posteriores, 37 años.

Con el objetivo de mantener el equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social, estos beneficios llevarán consigo un incremento en la cotización ya contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Esta cotización adicional será del 10,6% para todos los policías en activo. De esta cuota, los municipios deberán financiar el 8,86% y los propios funcionarios, el 1,76% restante.

Este Real Decreto, que cuenta con el aval del Consejo de Estado, da cumplimiento a una demanda histórica de las corporaciones locales; de los diferentes sindicatos y plataformas representantes del colectivo; y ha recibido también el apoyo de los grupos parlamentarios del Congreso. Asimismo, está avalado por la Ley General de la Seguridad Social, que contempla que la edad mínima exigida para tener derecho a la pensión de jubilación "podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre".

Con esta medida los ayuntamientos podrán acelerar el proceso de rejuvenecimiento de las plantillas de policía local de forma ordenada. De esa forma se asegura la agilidad en el proceso de reposición de las vacantes que se generen, manteniendo en todo momento las garantías para la seguridad de los ciudadanos.

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en este sentido es que, si bien todas las comunidades autónomas han regulado la segunda actividad para la policía local, no todos los ayuntamientos pueden ofrecer esta posibilidad a los agentes, bien por el tamaño del consistorio o por su capacidad financiera. Poder anticipar la edad de jubilación resuelve el problema de discriminación entre policías locales de diferentes localidades de la misma autonomía.

Esta medida se someterá a evaluación dentro de un año con el objetivo de valorar su impacto. En el informe participarán el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; el Ministerio de Política Territorial y Función Pública; y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Otros colectivos en una situación similar ya disfrutan de un coeficiente reductor en su edad de jubilación, como es el caso de la Ertzaintza -- policía autonómica vasca-- y los cuerpos de bomberos. La jubilación de la Policía Nacional y la Guardia Civil también presenta un régimen especial a través de la situación administrativa de reserva.

Se ha actuado con la mayor diligencia para que el primer día del próximo año sea ya un derecho para el colectivo de Policías Locales, consciente de la demora en el proceso de aprobación de la norma que venía siendo demandada por los ayuntamientos españoles desde hace años.