Las ejecuciones hipotecarias han crecido en Granada un 43% en el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2024 y alcanzan su nivel más alto de los últimos ocho años. Así lo indican los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial. 

Entre marzo y junio los juzgados de la provincia recibieron 212 ejecuciones hipotecarias, el primer paso de un procedimiento por impago de hipoteca que puede acabar con el tiempo en un desahucio o lanzamiento judicial. Esos 212 procesos de ejecución hipotecaria son un 43% más que los 148 del mismo periodo del año pasado. Un crecimiento que en el conjunto de Andalucía ha sido incluso superior, de un 53%. 

En la primera mitad de 2025, entre enero y junio, se han registrado 384 ejecuciones hipotecarias en Granada. Son casi un 20% más que en el primer semestre del año pasado y suponen la cifra más alta desde 2017, lo que evidencia las crecientes difiultades para hacer frente a la hipoteca en un contexto de bajos salarios y elevada inflación y tipos de interés (hasta que el año pasado empezaron a bajar). 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Ya en 2024 las ejecuciones hipotecarias crecieron un 34% en Granada respecto al año anterior, casi el doble que a nivel nacional. 

Diez veces más desahucios que 'okupas'

Por su parte, los juzgados granadinos han dictado 196 desahucios en la primera mitad de este año, una cifra que crece ligeramente respecto a los 189 lanzamientos practicados en el mismo periodo del año pasado. 

La mayoría de esos desahucios fueron a inquilinos por no pagar el alquiler, 126, frente a los 55 dictados por impago de la hipoteca y los 15 de otras causas. La imparable subida de los alquileres sugiere que estos deshaucios por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos pueden crecer mucho más en los próximos años. 

Esos 196 desalojos son diez veces más que las demandas por 'okupas' ingresadas en los juzgados granadinos, únicamente 18 entre enero y junio de este año, una cifra que incluso baja respecto a los 32 casos presentados en el primer semestre del año pasado de lo que técnicamente se denomina verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas.

Por tanto, según muestran los datos, los casos de okupas son un problema diez veces menor al de los desahucios, frente a la narrativa que han extendido los partidos de derecha y ultraderecha, así como algunos colectivos profesionales y empresas de seguridad, que amplifican un problema social insignificante.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Granada ha hecho suya esa narrativa y ha creado una 'oficina antiokupación' a través de un convenio con el Colegio de Abogados para "estar al lado de los granadinos que ven vulnerado su derecho a la propiedad", mientras que los desahucios, un problema diez veces mayor -como recuerda Stop Desahucios 15M-, no cuentan con ningún servicio municipal ni de ninguna otra Administración que apoye a las personas y famiilias damnificadas, ni tampoco existe un servicio que promueva y facilite el acceso a la vivienda, convertida en un bien de lujo y de especulación.