La Comisión Europea ha reconocido la denuncia presentada por CSIF contra la paralización de la estabilización de 49 plazas en el Ayuntamiento de Vegas del Genil y ha confirmado que se abrirá una investigación preliminar y que ha trasladado el expediente al Comité de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) de Bruselas, según informa CSIF Granada. 

El sindicato recurrió la revisión de la Oferta Extraordinaria de Empleo Público 2022, que dejaba en el aire la estabilización de 49 plazas que "siguen en abuso de temporalidad o en vías de privatización", y llevó el asunto a distintos organismos como la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha valorado que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya declarado la petición de “admisible”, ya que el asunto planteado entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea.

Sgún explica CSIF, el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Vegas del Genil publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) un anuncio de revisión de oficio de la Oferta Extraordinaria de Empleo Público (OPE) 2022, aprobada conforme a la Ley 20/2021, que impactó directamente sobre la estabilización de distintas plazas municipales, entre ellas las de 10 de peones limpieza de vía pública, 11 peones de limpieza de edificios públicos, un monitor deportivo, un oficial de primera de mantenimiento, dos oficiales de primera de construcción, 14 plazas de auxiliares de ayuda a domicilio, una de pintor, cinco de jardinería, y 4 de peones de mantenimiento. Además, suponía la supresión de cinco plazas reservadas a personas con discapacidad, en un proceso “discriminatorio, injustificado y contrario a las directivas europeas”.

Protesta del personal

Esta decisión tuvo como respuesta una protesta de los trabajadores municipales al considerarla como “injustificada y arbitraria”, afectando a decenas de puestos estructurales para algunos de los que ya se habían publicado los correspondientes listados provisionales y tribunales. Por su parte, los servicios jurídicos de CSIF Granada presentaron un recurso contra la paralización del proceso y desde la sección sindical se dio traslado de la discriminación contra el personal temporal e interino en el Ayuntamiento de Vegas del Genil a distintos organismos, como la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que la ha admitido y trasladado su investigación a la Comisión Europea, informando también de la petición sindical a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del Parlamento Europeo.

La Comisión de Peticiones de la UE, en la misma línea en la que se pronunció ayer el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a petición del Tribunal Supremo, insiste en que la legislación nacional española debería prever medidas para prevenir y, en su caso, sancionar el uso indebido de sucesivos contratos temporales. CSIF Granada ha mostrado su satisfacción por la respuesta del Parlamento Europeo, que “nos da la razón ante un caso claro de abuso de la temporalidad en la función pública española al incumplir la Directiva 1999/70/CE sobre trabajo temporal y la 2000/78/CE sobre igualdad de trato en el empleo público”.

Tras la presión de CSIF, Bruselas investigará el cumplimiento de la normativa y el respeto a los derechos de las personas trabajadoras, especialmente las personas con discapacidad y las afectadas por el abuso de contratos temporales y la supresión injustificada de plazas en las administraciones públicas. El sindicato continuará vigilante para defender los procesos de estabilización en el ámbito público, con criterios claros, transparentes y homogéneos y bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación, indispensables para el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

A nivel nacional, CSIF ha trasladado su solidaridad con las miles de personas que están todavía en situación de abuso de la temporalidad en todo el país y ha exigido una reunión urgente al ministerio de Función Pública para abordar las conclusiones del abogado general del TJUE, porque ponen de nuevo en cuestión la ineficacia de España para acabar con el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas (un 30 por ciento frente al 8 que marca la Ley).