Este miércoles, delegadas y delegados de CCOO se han concentrado a las puertas de la Delegación de Educación para exigir la subrogación de los Técnicos de Integración Social (PTIS) e Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), contratados por empresas para prestar los respectivos servicios educativos, una vez que dichos servicios sean rescatados por la Administración educativa y prestados con empleo público, algo que llevan muchos años reivindicando. En Granada hay 134 PTIS y 18 ILSE afectados.

Tanto el servicio de Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales como el de Interpretación de Lengua de Signos lo desarrollan estas trabajadoras –pues son colectivos altamente feminizados, con casi el 90% de mujeres.

En este sentido, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “exige el cumplimiento de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, y concretamente su Art. 130.3, por la que la Consejería de Educación y Deporte está obligada a la subrogación de este personal, una vez la prestación del servicio sea ofrecida de forma directa y con personal propio por la Administración”.

CCOO recuerda que el conflicto surge a raíz del Informe General de la Junta de Andalucía de 2016, por el que queda claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación tiene hasta el 2022 para convertir estos puestos en públicos.

Además, la responsable de Servicios Complementarios Externalizados de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Salud García, “denuncia que en este proceso la Administración utilizando una engañosa intencionalidad con las trabajadoras, haciéndolas creer que para mantener sus empleos la solución pasa su inscripción en una bolsa de trabajo, y que la Administración no es la culpable de que no se pueda materializar su continuidad una vez sean rescatados los servicios, sino que lo son los sindicatos, obviando, de forma premeditada, su deber de subrogación, tal como dicta la Ley”.

A este respecto, Molina incide en que “la única solución viable es la aplicación de la Ley y la subrogación”. Añadiendo, que “CCOO está al lado de las trabajadoras, junto a las que ha realizado concentraciones e, incluso, una jornada de huelga el pasado día 15 de enero. Y que, de no tener respuesta por parte de la Consejería de Educación y Deporte, continuarán con un calendario de movilizaciones que se extiende hasta marzo, incluyendo una nueva jornada de huelga en próximas fechas”.