Los sindicatos que forman parte de la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Granada (SPJ-USO, CSIF, STAJ, CCOO y UGT) han llevado a cabo este lunes una concentración de protesta en el complejo judicial de La Caleta para protestar por la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia y defender las condiciones laborales y derechos de la plantilla y de la ciudadanía ante la reforma de las oficinas judiciales.

La Junta de Personal ha reivindicado la necesidad de moratoria y de planificación de los tiempos y medios necesarios para acometer esta profunda reforma. De igual modo han reclamado “más seriedad y menos aventuras” a la Administración, recordando que las prisas pueden llevar a la comisión de errores de tal magnitud que conlleven a la comisión de un grave daño para el servicio público.

“Necesitamos que la Administración continúe siendo una administración garantista de los derechos de la ciudadanía y de los empleados públicos que trabajan al servicio de la Administración de Justicia. Lo contrario será caos, desorganización, colapso y pérdida de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia”, han afirmado.

Evaluación de los resultados

Por ello, solicitan una evaluación de los resultados y de todas las disfunciones producidas con motivo de la reforma judicial ya operada en los siete partidos judiciales de la Fase I (Almuñécar, Baza, Guadix, Huéscar, Loja, Órgiva y Santa Fe) y han criticado que continuar con la implantación los Tribunales de Instancia en Granada capital y en Motril sin corregir los errores padecidos en las poblaciones pequeñas “es más propio de un aventurero inconsciente que de una administración responsable”.

La Junta de Personal afirma que, en general, la justicia granadina carece de los medios exigibles para que la transición prevista para el 31 de diciembre de 2025 sea posible: expediente digital en todas las jurisdicciones, deficiencias informáticas de los miles de expedientes judiciales afectados, sistemas de gestión procesal adaptados a la nueva organización, más dilación en los señalamientos de vistas y juicios, etc.

De este modo, piden que la reforma de la Oficina Judicial sea “un acto de responsabilidad” con el servicio público y con quienes lo garantizan, y han exigido que no se haga de espaldas a las personas que conocen el trabajo diario en la justicia. Reclaman plantillas suficientes para que la sobrecarga de trabajo no sea la norma, un reconocimiento profesional y retributivo justo, formación útil y tecnología que funcione, lejos de sistemas que fallan cada día y de cursos improvisados que no responden a las necesidades reales del trabajo, así como condiciones laborales dignas para el personal de Justicia con espacios adecuados, prevención real de riesgos, conciliación y estabilidad, “porque una Justicia digna empieza por el respeto a su personal”, han concluido.