Un hombre procesado cuyo juicio estaba previsto desde este lunes con jurado popular por haber embestido a un motorista de 23 años cuando conducía de madrugada por la A-92, sin pedir asistencia médica para él, el cual finalmente falleció, ha aceptado una condena de un año y medio de prisión y 2.160 de multa por estos hechos, tras un acuerdo de conformidad entre las partes, que también contempla que indemnice a la familia de la víctima con 205.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El acuerdo, que ha sido leído por la magistrada que ha presidido el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, con la conformidad de la Fiscalía, la acusación particular --en nombre de la familia--, la defensa del acusado y la aseguradora, ha contado con la ratificación también del acusado, sin antecedentes penales, por lo que el juicio no se ha llegado a celebrar ni el jurado se ha constituido.

Así, el caso ha quedado visto para sentencia, que será condenatoria con pena de un año y medio de cárcel, e incluirá el relato de hechos leído por la magistrada en audiencia pública, en la que se ha mencionado que el procesado conducía por la autovía, sobre las 0,15 horas del día 26 de abril de 2018, con "absoluta desatención del tráfico", y que no se percató de la "existencia del ciclomotor".

No consta la velocidad a la que iba, en una vía con la velocidad limitada a un máximo de 100 kilómetros a la hora, cuando chocó "de forma violentísima" contra el ciclomotor, sin que frenara ni realizara ninguna "maniobra evasiva de la colisión".

Continuó su marcha a pesar de la colisión y no pidió asistencia sanitaria para el herido, pese a que éste solicitó "auxilio" hasta en tres ocasiones. Todo ello es constitutivo de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, por el que será condenado a una multa de 2.160 euros y un año de privación del carné de conducir; y de omisión del deber del socorro, por el que se le penará con un año y medio de prisión. La responsabilidad civil se ha cuantificado en 205.000 euros que pagará con la aseguradora.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para al procesado, en sus conclusiones provisionales, y por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad vial, y de omisión de deber del socorro, por los que pedía penas de cuatro años por cada uno, que sumaban ocho en total, y también la condena a ocho años de prohibición de conducción de vehículos a motor y ciclomotores.

Indicaba también que, posteriormente a los hechos, pese a que la Guardia Civil procedió a solicitar asistencia médica, el motorista falleció antes de este pudiera ser atendido por los servicios sanitarios.