'La dimensión cuantitativa y cualitativa de la violencia represiva en Granada sublevada: la naturaleza del franquismo en sus orígenes (IV)'

FORO DE LA MEMORIA

'La dimensión cuantitativa y cualitativa de la violencia represiva en Granada sublevada: la naturaleza del franquismo en sus orígenes (IV)'

Política - Rafael Gil Bracero - Jueves, 20 de Julio de 2023

Un nuevo capítulo del monumental trabajo del profesor de Historia Contemporánea de la UGR y referencia del memorialismo, Rafael Gil Bracero, que revela nuevas informaciones sobre la represión franquista en Granada.

Memorial a los asesinados en las tapias del cementerio de Granada.

Si no has tenido la oportunidad de leer las tres pimeras partes:

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Los recuentos que conocíamos hasta ahora, de Salas Larrazábal^{^[1]}, Ian Gibson^{^[2]} y Eduardo Molina Fajardo^{^[3]} no podían satisfacernos ni por las lógicas limitaciones de sus fuentes^{^[4]} ni por los presupuestos ideológicos-justificativos que algunos pretendían.^{^[5]}

Los estudios citados precisaban el alcance de la represión nacional (fusilamientos y ajusticiamientos) en Granada para el período de 1936-1939 en:

2.314 víctimas mortales, según Salas Larrazábal.
2.102 víctimas mortales, según Ian Gibson ^{^[6]}.
2.100 víctimas mortales, según Molina Fajardo.

Nosotros estamos en condiciones de afirmar que la "violencia sanguinaria" ejercida bajo las autoridades del Estado franquistas en Granada ocasionaron desde julio de 1936 a 1956 unas 5.860 víctimas mortales. Según las fuentes oficiales disponibles y contrastadas^{^[7]} -al menos 2.887 víctimas mortales para el mismo período de guerra civil y en tiempos de postguerra otras 2.973.

Nosotros estamos en condiciones de afirmar que la "violencia sanguinaria" ejercida bajo las autoridades del Estado franquistas en Granada ocasionaron desde julio de 1936 a 1956 unas 5.860 víctimas mortales. Según las fuentes oficiales disponibles y contrastadas, al menos 2.887 víctimas mortales para el mismo período de guerra civil y en tiempos de postguerra otras 2.973

Las primeras 2.887 víctimas son óbitos que se produjeron en la demarcación de capital (de residentes o no en ella) como consecuencia de "paseos incontrolados", fusilamientos ordenados por las autoridades gubernativas y militares que, en todo caso, sí fueron asentados en los Libros de Defunciones del Registro Civil de la capital, o en el Libro de Enterramientos del Cementerio.^{^[8]}

Además de esas 2.887 víctimas recogidas oficialmente (e identificadas nominalmente o bien registradas bajo el formalismo de óbitos “de hombre o mujer desconocidos^{^[9]}) hemos contabilizado al menos 2.973 víctimas mortales producidas por la represión de postguerra, referidas a los fusilamientos y ajusticiamientos acaecidos en la capital y que se asentaron en los Libros de Defunciones de la capital o Registros de la Prisión Provincial de Granada (aproximadamente 45 de ellas tuvieron su origen en la aplicación rigurosa de medidas contra "el bandidaje", que es como se le denominaba a la resistencia en círculos de la seguridad del Estado). Para la confección de ese minucioso recuento oficial de víctimas de la represión franquista de postguerra en Granada hemos vaciado otras fuentes, sin duda, de gran fiabilidad:

a) Los Libros de Defunciones de los Registros Civiles de los municipios de la provincia. En ellos hemos identificado, al menos, otras 1.231 nuevas víctimas, aun admitiendo el ostensible ocultamiento del que ya se ha advertido^{^[10]}.

b) Los Estados nº 1 confeccionados por los alcaldes de la provincia para el recuento oficial de la Causa General sobre la Dominación Roja... En ellos se hace mención -sólo en los casos que se precisan- del paradero de "los responsables" de los hechos acaecidos durante la guerra. Pues bien, allí se certifica que, al menos, 92 personas ya han sido "ejecutadas" entre 1939 y 1945 y no se hallan inscritas en el Registro Civil de municipio^{^[11]}.

c) Sentencias de los Consejos de Guerra Sumarísimos y Juzgados de Ejecutorias Militares sancionados por la Auditoría de Guerra de la Novena Región Militar de Granada. Tales procedimientos quedaron incursos en Expedientes de los Juzgados de Primera Instrucción los cuales generaron ingentes listados para sus correspondientes Certificaciones Defunciones del Registro Civil, certificaciones fuera de plazo que hemos consultado en el Archivo de la Real Chancillería de Granada. Hemos cuantificado un total aproximado de 1.650 muertes que tuvieron esta causa^{^[12]}.

Coincidimos con una investigación reciente de Juan Hidalgo Cámara que concluye que el total de víctimas mortales alcanzaría la cifra (y sin lugar a duda, no definitiva, aún) de 5.765 personas

En suma, nuestros cálculos arrojan un balance territorial aproximado de las 5.860 muertes ocasionadas por la violencia franquista de guerra y postguerra que tienen un respaldo documental en las fuentes oficiales por ahora disponibles^{^[13]}. Coincidimos con una investigación reciente de Juan Hidalgo Cámara que concluye que el total de víctimas mortales alcanzaría la cifra (y sin lugar a duda, no definitiva, aún) de 5.765 personas. La información procede del vaciado de 28.071 procesados o testimonios de Sentencias y Causas Militares que se incorporan, en gran parte, a los expedientes del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Granada^{^[14]}.

Estamos convencidos, como le han estado otros autores^{^[15]}, de que la violencia del primer franquismo segó muchas más vidas. No cabe la menor duda que algo más que suposiciones e intuiciones han permanecido en la memoria colectiva de los granadinos como para que la represión nacional se salde con ¡"sólo!"! 5.860 víctimas!!!!!

La represión nacional alcanzaría a unas 11.388 personas (por lo que al menos 5.600 permanecerían aún en fosas y no están identificadas). Por otra parte, incluso si sólo se admiten con válidas las 5.860 víctimas, la represión granadina alcanzaría cotas mucho más sangrientas que las alcanzadas en otras provincias andaluzas

De modo que nos atrevemos a aportar aquí una primera estimación -con visos de cierta verosimilitud- de la represión según otros testimonios, básicamente orales^{^[16]}. Admitiendo esto (con todos los inconvenientes que se puedan pensar al utilizar tal método, supuestamente acientífico, según los usos tradicionales), la represión nacional alcanzaría a unas 11.388^{^[17]} personas (por lo que al menos 5.600 permanecerían aún en fosas y no están identificadas). Por otra parte, incluso si sólo se admiten con válidas las 5.860 víctimas, la represión granadina alcanzaría cotas mucho más sangrientas que las alcanzadas en otras provincias andaluzas^{^[18]}.

Quisiéramos terminar precisamente sugiriendo que la represión nacional bien pudo superar esas 5.860 víctimas o las 11.388 ya señaladas en la revisión del Mapa de Fosas de Andalucía a fecha de junio de 2020. La Jefatura Provincial del Instituto Nacional de Estadística cursaba a finales de noviembre de 1939 un detallado informe sobre las variaciones observadas en los censos de población civil. Dichos informes se confeccionaron a petición de la Dirección General de Regiones Devastadas con el fin de recibir ayudas y subvenciones para la rehabilitación de inmuebles públicos y privados por lo que, en principio, no parece que hubiera motivo para falsear los datos de sus residentes pues para la concesión de ayudas contaba positivamente el número de beneficiados.

Nos ha interesado analizar el desglose de los habitantes por municipios:

a) Se incluye un primer recuento sobre el Censo hacia el 18 de julio de 1936; b) un segundo sobre el Censo a finales de 1939; c) nosotros hemos incluido los valores del Censo de 1930 para ver las variaciones de anteguerra y las diferencias observadas durante la guerra. Se registró una pérdida de 31.592 habitantes en noviembre de 1939 respecto al censo de 1936, sobresaliendo las acusadísimas mermas observadas para los pueblos de Alhama, Montefrío, Íllora, Motril, Loja, Órgiva, Lanjarón, Pinos del Rey, Güéjar-Sierra, Pinos Puente, Albolote, Moclín o Atarfe.^{^[19]}

Tampoco se debe a un error administrativo ya que el mismo Gobierno Civil asegura que la población granadina en "zona liberad", a finales de 1938, alcanzaba los 397.219 habitantes

Sin afirmar categóricamente que todas esas "ausencias" en los censos se deban a una sobremortalidad causada por la violencia represiva de los nacionales, habrá que admitir, no obstante, que es demasiada pérdida en tan corto espacio, que no se explica ni con las migraciones internas ya que la capital aumentó su población de forma moderada, a pesar de ser importante; ni tampoco por la sobremortalidad ocasionada por la mala alimentación y peores condiciones higiénicas y sanitarias, características de la postguerra, porque los datos se refieren a finales de 1939; ni con el volumen de "huidos a la sierra", porque la resistencia de los "bandoleros" sólo fue considerable a partir de 1944, sin ser nunca importante, de acuerdo con documentación de la propia Comandancia de la Guardia Civil de Granada. Tampoco se debe a un error administrativo ya que el mismo Gobierno Civil asegura que la población granadina en "zona liberad", a finales de 1938, alcanzaba los 397.219 habitantes.

Entonces, ¿estamos en condiciones de dar la razón a quienes han mantenido que la represión franquista superaría el número de 25.000 muertes violentas?

Por otra parte, las pérdidas más cuantiosas se concentran en poblaciones donde sabemos, bien por datos oficiales o por testimonios orales, que la represión nacional fue más rigurosa. Entonces, ¿estamos en condiciones de dar la razón a quienes han mantenido que la represión franquista superaría el número de 25.000 muertes violentas?^{^[20]}.

Un mínimo acercamiento riguroso a la mecánica represiva desencadenada en la Granada sublevada en 1936 nos pone sobre la pista de un artificioso entramado jurídico que oculta los principios elementales de un Estado de derecho^{^[21]}.

Esta violencia estructural, -caracterizada por su marcado sesgo clasista y por ser instrumento, sin igual, en manos del bloque social reaccionario- se desarrolla por parte de las nuevas autoridades e instituciones a su servicio, con aparente cobertura legal y es especialmente perceptible durante el primer año de contienda. La nueva situación jurídico-penal estuvo, desde los primeros momentos, en las mentes de la jerarquía militar protagonista de la rebelión en la capital. Sabemos ya que en la tarde del 20 de julio de 1936 diversas unidades militares, auxiliados por escuadras de voluntarios falangistas y otros elementos armados de derechas tomaron los centros neurálgicos de la capital granadina. Momentos antes, se había proclamado el estado de guerra; simultáneamente la República, y la legalidad republicana representado por su Gobernador Civil, quedaban anuladas.

El triunfo de la conspiración y sublevación trajo consigo -al igual que ocurriera en otras plazas- la inmediata puesta en vigor del Código de Justicia Militar, en todo su rigor como corresponde a una situación de estado de guerra. Las organizaciones obreras y republicanos de izquierdas respondieron a la sublevación militar con la resistencia armada, mediante un espontáneo encuadramiento de milicias. Tal fue su eficacia que a mediados de agosto los alzados contaban sólo en su poder con un tercio escaso del territorio provincial. No obstante, la capital estuvo siempre controlada por los militares sediciosos, producto de una mejor organización logística, superioridad material y defensiva y, sin duda, debido a la contundente réplica represiva que ponen en marcha las nuevas autoridades.

La prensa permitida -sólo el diario católico Ideal porque El Defensor de Granada fue clausurado la misma tarde del 20 de julio y su director, el concejal republicano Constantino Ruiz Carnero quedó detenido, así como la mayor parte del personal de redacción y talleres- se hacía eco de la severidad impuesta tras la publicación de un durísimo Bando del nuevo comandante militar, Basilio León Maestre, quién vino a reemplazar al depuesto general Miguel Campins Aura.

El Bando del 21 de julio reflejaba más fielmente las intenciones del núcleo fuerte de los jefes y oficiales, una vez que Campins ha quedado neutralizado y a disposición del general Queipo de Llano

El Bando del 21 de julio reflejaba más fielmente las intenciones del núcleo fuerte de los jefes y oficiales, una vez que Campins ha quedado neutralizado y a disposición del general Queipo de Llano. Veámoslo. En primer lugar, obsérvese las diferencias entre uno y otro texto. Explicaba Campins que el estado de guerra se ha adoptado "en vista del desorden imperante en todo el término de la nación desde hace tres días, ausencia de acción del gobierno central y con el fin salvar a España y a la República del caos existente" por lo cual ordenaba la suspensión de todas "las autoridades que no asegurasen por todos los medios a su alcancen el orden público" y dispone que serían "castigados los que tuvieran materiales explosivos o robasen" como los "poseedores de armas quienes deben entregarlas en veinte horas"; para concluir con el siguiente llamamiento a los granadinos: "por la paz perturbada, por el orden, por amor a España y a la República, por el establecimiento de las leyes del trabajo, espero vuestra colaboración a la causa del orden".^{^[22]}

El contenido del Bando que viene firmado por Basilio León Maestre, coronel comandante militar en Plaza, y "en el presente momento única autoridad de Granada y su provincia", permite otros instrumentos para garantizar por la fuerza y la violencia el triunfo del "Alzamiento"

Excesivo legalismo y respeto a las formas y al "orden" que la junta de jefes entendía eran métodos inadecuados para liquidar la resistencia de los granadinos a los militares sublevados. Por tanto, el contenido del Bando que viene firmado por Basilio León Maestre, coronel comandante militar en Plaza, y "en el presente momento única autoridad de Granada y su provincia", permite otros instrumentos para garantizar por la fuerza y la violencia el triunfo del "Alzamiento":

"En esta capital y su provincia regirá como única Ley el Código de Justicia Militar, sometiéndose todo hecho delictivo al conocimiento de estos Tribunales" (artículo 1º).
"Será juzgado en juicio sumarísimo y pasado por las armas, todo el que realice agresiones y hostilidades en contra del Ejército o de la fuerza pública" (art. 2º).
"Será juzgado en juicio sumarísimo e inmediatamente ejecutado, todo aquel que sea sorprendido con las armas en la mano, y los que en el plazo de tres horas no hayan entregado las armas de todas clases que tuviesen en las Comandancias del puesto de la Guardia Civil, Asalto o Policía." (art. 3º).
"Queda terminantemente prohibidos los grupos de más de tres personas, que será disueltos por la fuerza pública sin previo aviso" (art. 4º).
"A partir de la promulgación de este Bando, queda terminantemente prohibida la circulación de vehículos de todas clases que no vayan conducidos por la fuerza pública" (art. 5º).
"Queda abolido el derecho de huelga y serán pasados por las armas los Comités" (art. 6º).
"Los que realicen actos de sabotaje de cualquier índole, y en especial contra las comunicaciones serán juzgados en juicio sumarísimo y ejecutados inmediatamente".

Cierta dilación de León Maestre en la firma de últimas penas o, simplemente, su deseo de que respetaran estrictamente los trámites procesales -ya de por sí excepcionales- de la jurisdicción militar, parece estar en el origen de uno de los ceses más sorprendentes en los primeros meses de contienda en Granada

De inmediato se exigirá a Basilio León Maestre que aplique el máximo rigor contra los líderes y bases militantes de partidos y organizaciones obreras detenidos por oponerse a la rebelión. Precisamente, cierta dilación de León Maestre en la firma de últimas penas o, simplemente, su deseo de que respetaran estrictamente los trámites procesales -ya de por sí excepcionales- de la jurisdicción militar, parece estar en el origen de uno de los ceses más sorprendentes en los primeros meses de contienda en Granada: Basilio León Maestre es depuesto en el cargo de Comandante Militar de Granada y reemplazado por un coronel habilitado general hasta entonces destinado en la guarnición de Sevilla, Antonio González Espinosa, amigo personal y de total confianza de Queipo de Llano el "virrey de Andalucía" quien en última instancia será quien lo imponga.

El relevo no es cuestión baladí, aunque, lógicamente con la prensa amordazada, pasó casi inadvertido en su momento

El relevo no es cuestión baladí, aunque, lógicamente con la prensa amordazada, pasó casi inadvertido en su momento. En poco más de un mes, la Comandancia había sido ocupada por cuatro máximas autoridades militares: el general Llanos Medina, el general Campins Aura, el coronel de Infantería Basilio León Maestre y, por fin, el coronel de Infantería Antonio González Espinosa. Ya nos hemos referidos a la incompatibilidad del general Campins con la junta de jefes granadinos para encabezar la sublevación de la guarnición granadina. Pero ¿por qué deja la Comandancia Militar Basilio León Maestre?

Aunque sus compañeros de armas argumentaron diversas causas a las que aludimos más adelante, consideramos que fue su frialdad a acatar ciegamente la severidad de los mandatos de Queipo de Llano, lo que distancia a León Maestre de la cúpula de la autoridad militar sublevada. El bando del 23 de julio de 1936 dado en Sevilla fue concebido para sofocar la huelga general declarada por los directivas obreras en Andalucía, por lo que "serían pasados inmediatamente por las armas todas las personas que compongan la directiva del gremio y además un número igual de individuos de éste discrecionalmente escogidos"; en otro artículo del citado Bando se ampliaba la potestad de la autoridad militar en "vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis mandatos, advierto y resuelvo, que toda persona que resista a las órdenes de la Autoridad o desobedezca las prescripciones de los Bandos publicados o que en lo sucesivo se publique, serán también fusilados sin formación de causa".^{^[23]}

De regreso el comandante Cañizares a Sevilla, hace acto de presencia el general Orgaz Yoldi, hombre de toda confianza del general Franco. Indudablemente, preocupaba al mando la situación militar y la falta de compenetración entre la oficialidad y la máxima jerarquía

Rigor punitivo que se le requiere al comandante militar de Granada aduciendo "estado de necesidad" dado que la capital, tan sólo a una semana de iniciada la rebelión, ha quedado aislada de la Andalucía occidental, única zona controlada por los sublevados. Es más, se le advierte a Basilio León que existe el peligro de que una columna miliciana gubernamental atacase Granada por la carretera que comunica Guadix con Murcia y Alicante. Al persistir León Maestre en proceder con las formalidades reglamentarias, pierde la confianza de los jefes granadinos. En realidad, es a partir del 25 de julio de 1936, cuando la cúpula rebelde de Granada decide neutralizar a León Maestre proponiéndole que decayese el mando de la Comandancia Militar a favor del coronel de Artillería Antonio Muñoz Jiménez y se dedicase exclusivamente a la jefatura del Regimiento Lepanto nº 5, solución que no fue aceptada al alegar aquel corresponderle por mayor antigüedad en el escalafón. Hubo necesidad de comunicar la situación a Sevilla: de nuevo un aviador de la guarnición de Granada, el teniente Narciso Bermúdez de Castro, volaba para poner al corriente a Queipo de Llano sobre la "indecisión" de un comandante sublevado en la plaza granadina. Consecuencia de los informes elaborados por el coronel Muñoz Jiménez, el comandante Francisco Rosaleny y el comandante Javier García Gonzálvez, entre otros, se presenta en Granada el comandante Cañizares con el expreso encargo de Franco de conocer la situación en Granada. De regreso el comandante Cañizares a Sevilla, hace acto de presencia el general Orgaz Yoldi, hombre de toda confianza del general Franco. Indudablemente, preocupaba al mando la situación militar y la falta de compenetración entre la oficialidad y la máxima jerarquía. Orgaz, como decimos, viene a Granada con plenos poderes. Acomete, siempre en contacto con el núcleo de fuerza de la guarnición, la reorganización de los servicios de la Comandancia Militar incluyendo la jefatura que ofrece, en primera instancia, al coronel Muñoz Jiménez^{^[24]}. Al rechazarla este último, Orgaz le participa que podría ocuparse de ella el coronel retirado Santiago Taboada Goyos, uno de los jefes más antiguos de la guarnición. En este momento, Muñoz Jiménez haciéndose eco de lo que piensa la mayoría de los jefes sublevados le espeta: "-Mi general, ese nombramiento sería descabellado". El coronel Taboada Goyos se consideraba, a los ojos y voluntades de los sublevados, un militar moderado y “tibio”, además de hombre culto que profesaba buena amistad con autoridades republicanas.

En aquellas circunstancias, la incoación de diligencias sumariales por la justicia militar supone una casi segura condena a muerte e inmediato fusilamiento porque -como tendrá oportunidad de escribir el general Campins cuando se ve en situación similar- "el fallo venía hecho, antes de comenzar la sesión del consejo de guerra"

Cuando marcha el general Orgaz a Sevilla, el 28 de julio, después de varias jornadas en Granada sin apenas tener contacto con León Maestre, tiene claro que el coronel tiene los días contados al frente de la Comandancia Militar de Granada. Le han convencido de que no es la persona idónea que requiere una audaz organización militar ni la personalidad de carácter como para proceder a métodos expeditivos; ni mucho menos tiene el respaldo y el respeto de los oficiales de la guarnición. Por lo que sabemos, a partir del 27 de julio, funciona de facto una jefatura colegiada en la Comandancia Militar sin que el propio León Maestre ponga reparo alguno, porque no tiene más remedio que asentir a lo que se le propone a la firma. Una de las primeras medidas será impulsar los procedimientos sumarísimos contra personalidades destacadas que permanecen detenidas desde el 20 en la Prisión Provincial. En aquellas circunstancias, la incoación de diligencias sumariales por la justicia militar supone una casi segura condena a muerte e inmediato fusilamiento porque -como tendrá oportunidad de escribir el general Campins cuando se ve en situación similar- "el fallo venía hecho, antes de comenzar la sesión del consejo de guerra".

Será el coronel Antonio González Espinosa quien consolide la reorganización emprendida por Orgaz. Entre los encargos concretos que trae de Queipo será la de aplicar al máximo el rigor contra los "desafectos al Alzamiento". Efectivamente, apenas cuarenta y ocho después de hacerse con el mando de la Comandancia Militar de Granada, aprueba la condena a muerte de destacados personalidades de la Granada republicana: el último gobernador civil, César Torres Martínez, el concejal y presidente de la Diputación provincial, el socialista Virgilio Castilla Carmona, el líder ugetista Antonio Rus Romero, el sindicalista José Alcántara García, el exdiputado republicano y Jefe Provincial de Obras Públicas, Juan José Santacruz Garcés y el concejal y directivo republicano Marín Forero.

Del análisis de algunos de esos procedimientos se desprende una indiscutida opción política además de desgranarse una suerte de argumentos sobre los que se han fundamentado las fuerzas sociales y militares que respaldan, protagonizan y encauzan el triunfo de la sublevación de julio de 1936 en Granada

Como es bien sabido, proclamado el estado de guerra, el fuero militar se convierte en única y superior ley. La máxima autoridad, en este caso el comandante militar, actúa como máxima autoridad, también judicial, investida de amplísimas competencias para doblegar por la fuerza de código castrense a los opositores del Movimiento. Evidentemente, la Comandancia Militar de Granada no puede ocuparla cualquier jefe que traduzca cualquier atisbo de duda en el momento de aprobar, por ejemplo, las penas de muerte. Cierto sincretismo entre la oficialidad rebelde y sectores de la judicatura dotarán de base legal a los procedimientos sumarísimos incoados en las primeras semanas de contienda. Del análisis de algunos de esos procedimientos se desprende una indiscutida opción política además de desgranarse una suerte de argumentos sobre los que se han fundamentado las fuerzas sociales y militares que respaldan, protagonizan y encauzan el triunfo de la sublevación de julio de 1936 en Granada.

Un reducido grupo de jefes militares de la guarnición rebelde de Granada actúa a espaldas de un desautorizado coronel León Maestre. A la cabeza se sitúa el coronel de Artillería Muñoz Jiménez quien estuvo dispuesto a trasladarse a la Comandancia Militar y desde allí -siempre de acuerdo con la cúpula de jefes- "controlarle"

Efectivamente, un reducido grupo de jefes militares de la guarnición rebelde de Granada actúa a espaldas de un desautorizado coronel León Maestre. A la cabeza se sitúa el coronel de Artillería Muñoz Jiménez quien estuvo dispuesto a trasladarse a la Comandancia Militar y desde allí -siempre de acuerdo con la cúpula de jefes- "controlarle". Formaban parte de esa cúpula el comandante de Estado Mayor, José Miralles Bosch, el comandante Edmundo Rodríguez Bouzo, el comandante de Infantería Francisco Rosaleny Burguet y los capitanes Rafael Calderón Durán de Artillería, Tomás Morillas Domínguez de Infantería, Javier García Gozálvez de Estado Mayor, el aviador Enrique Palacios Ruiz de Almodóvar y el comandante de Artillería Juan Mateos Pablos^{^[25]}. En contacto permanente con la oficialidad de la Comandancia Militar queda el titular del Gobierno Civil, el comandante José Valdés Guzmán y la Delegación de Orden Público que en los primeros días tras la sublevación será desempeñada por el capitán José Nestares Cuéllar. Así mismo, otro grupo de hombres de leyes -abogados, jueces y magistrados, la mayoría militantes falangistas- prestaran sus servicios en el entramado jurídico castrense: citemos al magistrado Esteban Samaniego, a los fiscales Miguel Hernáiz, Diego Egea Molina, los abogados Enrique Iturriaga Aravaca o al juez Francisco Angulo Montes, titular en el verano de 1936, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Órgiva. Este último, en atención a su parentesco con el comandante Edmundo Rodríguez Bouzo, vendrá a desempeñar desde el 20 de julio el "cargo de asesor jurídico de la Comandancia Militar, despachando siempre con su titular las sentencias que dictaba el Consejo de Guerra en plaza sitiada".^{^[26]}

Por lo que sabemos, la posición de los sublevados en Granada es muy delicada a una semana de haberse proclamado el estado de guerra: milicias gubernamentales procedentes de Alicante, Murcia, Almería, Málaga y de Jaén amenazan con presentarse en la capital donde el "Alzamiento" se ha impuesto recurriendo a la fuerza armada, caso del barrio del Albayzín; en más de dos tercios de la provincia, la Guardia Civil tampoco ha podido imponerse frente a la resistencia popular, alentada por las organizaciones sindicales y partidos políticos del Frente Popular; los contactos terrestres con la Andalucía sublevada es prácticamente inexistente -únicamente un tímido control sobre el ferrocarril vía Sevilla-Bobadilla-; mientras que el puerto nacional más próximo es Cádiz tras la definitiva recuperación de Motril por las milicias izquierdistas el 25 de julio.^{^[27]} Así pues, ante el "temor de verse copado por el enemigo", en la Comandancia Militar se decide hacer uso del máximo rigor contra detenidos y todo aquel que no sea partidario o muestre poco afecto hacia el "Glorioso Alzamiento Nacional". Se aprueban métodos expeditivos bajo la sugerencia, sanción y visto bueno del General Orgaz, en consonancia con los mandatos del general Queipo de Llano, y en pleno conocimiento del general Franco.

Esos métodos expeditivos, se acometerían a pesar de la benignidad "-dudas e indecisiones", según la cúpula militar sublevada- mostrada por el comandante Basilio León Maestre, por lo que se aconseja su inmediato relevo

En todo caso, esos métodos expeditivos, se acometerían a pesar de la benignidad "-dudas e indecisiones", según la cúpula militar sublevada- mostrada por el comandante Basilio León Maestre, por lo que se aconseja su inmediato relevo. La escrupulosidad legalista de León Maestre pudo ser observada por la oficialidad rebelde cuando exige evidencias objetivas de la "participación en hechos de armas contra el Ejército" por seis jóvenes detenidos en Santa Fe y procedentes de Málaga, antes de aprobar el fallo que les condena a muerte^{^[28]}; o cuando, contraviniendo el fallo de unos de los primeros consejos de guerra, conmuta la máxima pena del joven camarero Francisco Carrasco Jiménez por la de reclusión perpetua.^{^[29]} En suma, el núcleo duro de los jefes y oficiales rebeldes en Granada interpretan contrario a sus intereses el que el Comandante León reclamase -"en uso de las facultades que me concede la Ley y como Suprema Autoridad de esta Plaza, toda vez que por las circunstancias actuales impiden acudir al procedimiento ordinario"^{^[30]}- la potestad que conlleva el desempeño del cargo. Pero para ese cargo la cúpula dura de la conspiración ya no está dispuesta a que continúe en la máxima jerarquía “hombres providenciales tibios o que duden de lo que se debe hacer para Salvar a España”.

La importancia cualitativa de esta represión de máximo nivel, predominó fundamentalmente la idea de implantar el terror indiscriminado contra todos los militantes de las formaciones políticas y sindicalistas declarados "ilegales"

No obstante, la importancia cualitativa de esta represión de máximo nivel, predominó fundamentalmente la idea de implantar el terror indiscriminado contra todos los militantes de las formaciones políticas y sindicalistas declarados "ilegales". La composición social de las víctimas de la represión franquista es diametralmente distinta: los rebeldes eliminan básicamente al campesinado granadino, de la vega y de la provincia (aproximadamente el 47% incluyendo las víctimas que aparecen clasificadas como dedicadas al "campo", "jornalero", "pastor-cabrero", o "arriero") y a la clase obrera de la capital, de la industria y los servicios (suman el 27 %, incluyendo los obreros de la construcción, de la madera, obreros metalúrgicos y los de las industrias de alimentación, además de los obreros empleados en transportes, comunicación y dependientes de comercio).

Seguidamente se eliminan aquellas fracciones de clases medias que son muy críticas intelectualmente con el orden social dominante y presentan una alternativa mediante el uso de la educación como instrumento de concienciación y liberación, nos estamos refiriendo, evidentemente, a los profesionales de la educación en todos sus niveles y los abogados de filiación socialista o republicana que han actuado a favor de las tesis obreras durante los conflictos laborales anteriores. Ambos colectivos representan aproximadamente el 5`5 % de las víctimas.^{^[31]}

Peligrosos serían también para los rebeldes el ejemplo de muchos "propietarios, industriales, comerciantes", progresistas de ámbito urbano

Peligrosos serían también para los rebeldes el ejemplo de muchos "propietarios, industriales, comerciantes", progresistas de ámbito urbano, que han sido especialmente críticos durante la Segunda República con el orden social, económico e ideológico tradicional dominante, son esos, despectivamente y comerciantes, mayoritariamente de filiación republicana, quienes representan sobre un 13 % de las víctimas.^{^[32]}

Habría que resaltar las víctimas franquistas clasificadas con profesión "Sus Labores", que corresponden, a mujeres ejecutadas por pertenecer a partidos del Frente Popular, pero también a mujeres que se habían opuesto públicamente a toda la simbología política y mental de una sociedad tradicional,^{^[33]} y a mujeres que se habían señalado en la resistencia armada en la capital o habían participado en labores de espionaje a favor de la República.^{^[34]}

El método de aniquilamiento del campesinado elegido por las autoridades nacionales viene a introducir otro elemento explicativo de la lucha social en el verano de 1936

Y, finalmente, las 28 víctimas miembros del Ejército y de los diversos cuerpos de Orden Público con residencia en la capital, fusilados por haberse destacado por sus contactos con elementos del Frente Popular, o haberse opuesto al uso de las armas que ordenaron las autoridades militares rebeldes, según se ha visto más arriba^{^[35]}. La ejecución de algunos destacados militares,

"persuadió a los indecisos de que lo que se había emprendido se llevaría a cabo, a pesar de los opositores, dentro o fuera del Ejército ...; y que el ejemplo iba a empezar precisamente por ellos. Nadie de la escala media y suboficiales se atrevió ya a decir una palabra cuando se conoció el final de Campins, Fenoll, Arcas ... los soldados que quisieron desertar ... o no se atrevían a seguir el mandato de sus superiores, ya sabían lo que les esperaba ..."^{^[36]}

Las máximas penas recaerán sobre el campesinado (en todas ellas las víctimas campesinas suponen entre el 66 % y el 80 % del total) y sobre los obreros industriales y de servicios (del 8 % al 15 %)

Tampoco nos cabe duda sobre el sentido de clase de la represión franquista desencadenada en la provincia durante la contienda y la postguerra. Tanto en las poblaciones controladas por los nacionales una vez que había fracasado la rebelión a causa de la movilización popular de izquierdas -caso de Loja o Íllora- como en pueblos que habían quedado en zona gubernamental hasta finalizada la contienda -Baza o Guadix-, las máximas penas recaerán sobre el campesinado (en todas ellas las víctimas campesinas suponen entre el 66 % y el 80 % del total) y sobre los obreros industriales y de servicios (del 8 % al 15 %).

El método de aniquilamiento del campesinado elegido por las autoridades nacionales viene a introducir otro elemento explicativo de la lucha social en el verano de 1936. Se fusilaba en la capital grupos de campesinos que habían sido detenidos en las poblaciones que circundan a la capital conforme éstas son ocupadas, tras la rebelión de Guardia Civil allí emplazada o iban cayendo definitivamente en manos de los sublevados:

El 6 de agosto se fusiló a cuatro vecinos de Pinos Puente,
el 7 a otros nueve de Loja,
el 8 de agosto, a seis de Íllora,
el 10 de agosto a cinco vecinos de Cozvíjar,
el 13 del mismo mes a cuatro residentes de Santafé,
el 21 a diez de Huétor-Santillán,
el 4 de septiembre a once de Lanjarón,
el 6 del mismo mes a diecisiete vecinos de Güéjar-Sierra,
el 9 de septiembre a otros veinte vecinos de Lanjarón,
el 16 de septiembre a cinco de Íllora,
el 17 de septiembre a nueve de Huélago,
el 19 de septiembre a once de Puebla de Don Fabrique,
el 7 de octubre a seis de Íllora y dos de Montefrío,
el 22 de octubre a once campesinos de Dúrcal,
el 23 otros cuatro vecinos de Montefrío,
el 28 de octubre a nueve residentes de Órgiva.
el 16 de abril de 1937 fueron fusilados veintidós vecinos de Loja y cinco de Vélez-Benaudalla,
el 24 del mismo mes a nueve de Ventas de Zafarraya,
el 13 de julio de 1937 a once vecinos de Loja....

También se produjeron verdaderas "razzias" que acabaron con la vida de decenas de opositores republicanos. Sólo conocemos oficialmente algunas de ellas, pero sin duda fueron mucho más numerosas

Pero también se produjeron verdaderas "razzias" que acabaron con la vida de decenas de opositores republicanos. Sólo conocemos oficialmente algunas de ellas, pero sin duda fueron mucho más numerosas. Bástenos decir que, por ejemplo, según consta en los Libros de Defunciones del Registro Civil nº 3 de la capital, El Campillo, se enterraron más de 500 cadáveres de "desconocidos" que habían fallecido a causa de "disparos de arma del fuego" (término eufemístico que esconde el fusilamiento). 264 de las víctimas se habrían recogido en agosto y 215 en septiembre de 1936. La mayoría de los fallecidos habían sido detenidos en los pueblos de la vega granadina o bien procedían de las dramáticas "sacas nocturnas". Poseemos un testimonio espeluznante sobre una de esas "sacas". Escaso fue el valor que algunos daban a la vida, si lo que se aniquilaba era la de un "enemigo de la Nueva España" veámoslo:

"Me enviaron, en uno de mis primeros servicios como suboficial en los "Españoles Patriotas", a una guardia externa a la Prisión Provincial. Teníamos que custodiar el edificio y luego acompañar al grupo que iban a fusilar al amanecer ... me habían enviado con las órdenes pertinentes desde el Gobierno Civil y la Comandancia Militar con una lista de los que les tocaba aquel día, unos 20 o 30 ... Cuando entregué la lista, prepararon a las víctimas, los llevaron a la capilla ... Poco después los oficiales me indican que en los nombrados había dos individuos que respondían por el mismo nombre y apellido ... Se me puso en conocimiento a mí, precisamente por ser militar.

- Y? qué?: pues, de parte de Valdés y del comandante Sebastián Morales. QUE SE FUSILE A LOS DOS, QUE ALGO HABRAN HECHO.

A las cuatro de la madrugada subíamos a los dos con el grupo. Una hora después todo había terminado".^{^[37]}

Las detenciones masivas, las llamadas operaciones de limpieza mediante listas de "condenados sin juicio" y los fusilamientos masivos en tandas de vecinos de un mismo pueblo cumplían varios objetivos:

a) neutralizar cualquier intento de colaboración con las milicias gubernamentales que amenazaban a la capital -método que se demostró bastante eficaz, hasta que la rebelión no estuvo definitivamente consolidada, hacia diciembre de 1936-;
b) pero también, su carácter indiscriminado garantizaba la paz social en la retaguardia, preparaba al medio campesino para la difusión de las ideas del Nuevo Estado, sin la incómoda intromisión del discurso "revolucionario" de las organizaciones políticas y sindicales;
c) mediante la aniquilación de las bases sindicales y la de sus directivos, en fin, el éxito de la política económica contrarrevolucionaria en el campo quedaba asegurada, y la explotación de campesinado, también.

Estamos en condiciones de afirmar que, sólo mediante la represión, los sublevados lograron el objetivo social y político de descabezar a las fuerzas republicano-progresistas y marxistas del Frente Popular

En definitiva, estamos en condiciones de afirmar que, sólo mediante la represión, los sublevados lograron el objetivo social y político de descabezar a las fuerzas republicano-progresistas y marxistas del Frente Popular. Sólo con el uso de la violencia y la represión ejercida desde el nuevo poder de las autoridades sublevadas se pudo doblegar al socialismo y al sindicalismo ugetista, dominante en la provincia.

El diario católico Ideal insertaba en sus páginas de la edición del 8 de enero de 1937 un artículo bajo el epígrafe “La Voz de la Falange. Cartas y Avisos: Una política Violenta” procedente de la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda, en el que se afirmaba que:

La Falange entiende la vida a su manera. Es la Falange ante la vida, toda una conducta política, filosófica y artística. Porque la Falange agrupa en su santa hermandad nacionalsindicalista a todas las clases. Ya que no hay más que una sola clase: la que encierra en si la categoría de español que es ser una de las pocas cosas serias que se pueden ser en este mundo.

Resuelto el problema de clases por la igualdad de todos ante la muerte, no ante la vida, quedan claras una serie de jerarquías.

Queda pues a la Falange definir su política que es de violencia porque comenzó con generosa sangre y ahora está dando su mejor tributo en los frentes de lucha de España. La violencia de la Falange no es modo eterno de vivir. Es una circunstancia de nacimiento y crecimiento. Sin un ambiente hostil de la Falange no hubiese podido desenvolverse su ira santificada ni su espíritu. Pero cuando poseamos la madurez del triunfo, la Falange será serena y clásica. Entonces no abandonaremos la violencia. Pero la tendremos en guardia.

Mientras tanto, la Falange acertará a reunir en la violencia juvenil, de su violencia política las escogidas escuadras de los obreros, de los campesinos, los estudiantes y los intelectuales. Es decir, de los excombatientes^{^[38]}.

Violencia, “santa ira santificada”, en efecto, desencadenada por las autoridades civiles y militares sublevadas quienes, ya en el primer año de contienda, han ocasionado al menos 3.000 víctimas mortales recogidas en la retaguardia granadina, no en las trincheras, sino en las tapias de cementerios, en fosas y cunetas como las que fueron arrojadas en los parajes entre Víznar y Alfacar.

Violencia política que se justifica y se legitima desde los inicios del Nuevo Estado franquista. Citemos entre otros argumentos lo que publica el diario falangista granadino Patria:

Queremos que España resuelva resueltamente su sentido universal de su cultura y de su historia. Queremos que, si esto ha de logarse por la violencia, que no nos detengamos ante la violencia. Porque ¿quién ha dicho que la suprema jerarquía de los valores morales resida en la amabilidad? Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación, pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia y a la Patria^{^[39]}.

El estudio sociológico que se ha elaborado por la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica con motivo de la inauguración del Memorial de la Víctimas del Franquismos ejecutadas en las Tapias del Cementerio de San José de Granada confirma el elevado componente clasista, excluyente, antirrepublicano y antisocialista de la violencia política del régimen franquista desde sus orígenes.^{^[40]}

La crueldad desatada en las inmediaciones de las tapias del cementerio municipal de Granada capital tiene su prolongación en las inmediaciones del camino local que comunica Víznar con Fuente Granda de Alfacar, escenario de fusilamientos y enterramientos en fosas que se han pretendido ocultar durante la guerra, la postguerra y durante la transición política a la democracia, ya fallecido el dictador Francisco Franco.

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José Alganza Granizo asesinado en noviembre de 1936.

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Juan Fernández Rosillo, concejal del Ayuntamiento de la capital, fusilado en el verano de 1936. Su hijo Gabriel Fernández- estimulo y ejemplo del memorialismo granadino- ha dedicado toda su vida a reivindicar la trayectoria de su padre y de aquella generación de políticos republicanos.

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Alcalde Manuel Fernández Montesinos, del PSOE, fusilado el 16 de agosto de 1936.

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Enrique Marín Forero, fusilado en la madrugada del 2 de agosto de 1936.

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Teniente de Infantería Francisco Oterino, fusilado en el verano de 1936 por “mantenerse leal a la República” y no secundar el golpe de estado de la mayoría de jefes y oficiales de la guarnición.

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Dos amigos que tuvieron el mismo fin en el verano de 1936: el capitán de Infantería Antonio Fenoll Castell y el director de El Defensor de Granada, el periodista Constantino Ruiz Carnero.

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El doctor Rafael García-Duarte y Salcedo, concejal del Ayuntamiento republicano-socialista de Granada y diputado por el PSOE en las Cortes Constituyentes de 1931 a 1933. Fusilado en Granada en septiembre de 1936.

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Declaración de Reparación y Reconocimiento personal a Rafael Garcia Duarte y Salcedo, dado en Madrid a 21 de octubre de 2021.

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Las víctimas ocasionadas en “zona sublevada” en guerra gozaron, en su momento, de máximo reconocimiento. En Huéscar desde los años cuarenta hubo reconocimiento “publico” de aquellos “mártires caídos durante la dominación roja”, incluidos los que murieron en enfrentamientos en los primeros días de la sublevación.

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Más de 80 años transcurrieron desde los fusilamientos de 1936 hasta que en el Paraje del Parque de la Alhambra pudo erigirse en julio de 2017 el Memorial en recuerdo y homenaje a las Victimas de guerra y posguerra fusiladas en las Tapias del Cementerio de San José.

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Algunas de las víctimas aquí fusiladas, José Miranda Lara.

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Se ha acudido a intervenciones arqueoforense (Fosa de Melegis, 2009 exhumada por AGRMH) para “rescatar del olvido” a los cientos de asesinados que desde el verano del 1936 continúan en cientos de fosas del franquismo.

Citas bibliográficas:

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[1] SALAS LARRAZÁBAL, R., Pérdidas de guerra. Barcelona, 1977, pp. 362, 371-372.

[2] GIBSON, I. Granada, 1936... op. cit. pp. 314-320.
[3] MOLINA FAJARDO, E. Los últimos días de García Lorca... op. cit. pp- 404-424.

[4] El trabajo de Salas Larrazábal, aunque muy meritorio por su enorme esfuerzo de recopilación de datos oficiales, adolece de exactitud al dar como buenos sólo los datos del Registro Civil (de las capitales de provincia) y los certificados de defunciones que expedían el Instituto Nacional de Estadística.

[5] El tono exculpatorio de las posibles "responsabilidades" por los "paseos" en Granada capital su entorno no puede eludirlo un antiguo jefe de propaganda de FET de las JONS, nos referimos al mismo Eduardo Molina Fajardo.

[6] Es cierto que Ian Gibson amplió esta cifra hasta un total de 8.500 víctimas mortales para toda la provincia de Granada en base a información oral que le fue suministrada cuando realizaba su polémico trabajo, La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca, Ed. Ruedo Ibérico, Paris, 1971 pp 137-139.

[7] Carecemos de una fuente similar a la Causa General abierta por las autoridades franquistas en 1939 para conocer definitivamente el alcance de la represión en el bando rebelde/nacional. Para salvar tan tremenda laguna hay que hacer un preciso vaciado de los Libros de Defunciones -aún con los problemas que se han observado-. Recordemos los más importantes: a) no todos los fallecimientos se asentaron (sobre todo en los primeros momentos de "reconquista" de una zona "liberada" a la República o en los primeros momentos de la definitiva "caída"); b) los familiares fueron reacios a iniciar los trámites de inscripción por desconocimiento de los fallecimientos o por no "señalarse" como familia afecta a la "causa roja"; c) las tergiversaciones y ocultaciones que algunas inscripciones presentan al definir la "causa mortis"... entre otras. Sin embargo, es una fuente que, si se estudia cuidadosamente, municipio por municipio, puede contribuir a reconstruir un listado aproximado de las víctimas, pero para ello hay que revisar todos los Libros de Defunciones, desde 1936 hasta la actualidad. A partir de 1950 y, de forma manifiesta, a partir de 1980 hubo una avalancha de nuevas inscripciones de fallecidos con motivo de iniciativas gubernativas para facilitar pensiones a víctimas de la contienda. Diversas normas aprobadas por los gobiernos de transición política (de 1979 a 1982) facilitaron los expedientes de inscripción civil de fallecimientos que se habían producido. ¡hacía más de cuarenta años!

[8] Un balance actualizado en GIL BRACERO, R, “La fosa común del Cementerio de San José de Granada: Lugar de Memoria Histórica Democrática de Andalucía” y “De voces silenciadas a vidas dignificadas en las tapias del Cementerio de San José de Granada” en El Independiente de Granada, 20 y 21 de julio de 2020.

[9] 609 fallecimientos corresponden a víctimas sin identificar y consignados como “desconocidos”. Trágicamente otros miles de granadinos nunca serán tenidos como tales víctimas del terror franquista al no registrarse nunca el enterramiento "cristiano", ni siquiera, el óbito civil, si bien han quedado grabados en la memoria colectiva. habría que sumar las víctimas de la represión de postguerra para obtener una adecuada cuantificación de la violencia nacional en Granada. Las depuraciones políticas de postguerra (físicas, económicas, administrativas) mantuvieron el espíritu de la guerra al menos hasta los años sesenta, por lo que no parece de recibo obviarlas, aun admitiendo que un número, reducido, de los ajusticiamientos de postguerra se debieron a procesos contra partidas de guerrilleros, más o menos organizados, que se resistieron hasta esos años a la implantación de régimen de fuerza del franquismo.
[10]. Se han consultado las colecciones de los Registros de Defunciones Civiles de Granada Capital desde 1939 hasta 1974 distribuidos en tres Distritos: Sagrario, El Salvador y El Campillo, Libros nºs 193 a 246. Y a partir de 1974, Libro Registro de Defunciones Distrito Único, Libros nºs 26 a 51. Además de los propios en los municipios de la provincia, incluyendo a todas las cabeceras de Partidos Judiciales donde se concentra más del 55% de la población total provincial. Mención especial merecen los Libros de Defunciones del Registro Civil de Baza, Libros nºs 90 a 118, de Guadix, nºs 89 a 97, de Loja nºs 80 a 85, del Alhama, nºs 44 a 54, de Motril, nºs 103 a 118, de Illora, nºs 33-48, de Orgiva, nºs 47 a 52, de Maracena, nºs 18 a 23, de Iznalloz, nºs 42 a 19, entre otros. Almuñécar, Víznar, Deifontes, Montefrío, Fuente Vaqueros, Armilla, Capileira, Huéscar, Santafé, Alhendín, Las Gabias...

[11] ARCHIVO HISTORICO NACIONAL A.H.N (Madrid), Sección Causa General, Leg. 1.042-1.043. Dicho fondo hoy se ha transferido al CENTRO DE DOCUMENTACION MEMORIA HISTÓRICA, ubicado en Salamanca. Igualmente, el ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA custodia documentación de la Causa General Instruida por la Fiscalía General de Estado procedente de la Audiencia Territorial de Granada. Caja 25.987 piezas 1-9

[12] Más información al respecto en las tesis doctorales de BRENES SANCHEZ, M.I, La represión franquista y la oposición antifranquista en Andalucía Oriental en posguerra. Granada 1939-1950. Granada, 2005 y Juan HIDALGO CAMARA, La Justicia Militar en Granada: los jueces instructores, causas y procesado en Granada, 1936-1950. Almería, 2007. Igualmente es imprescindible la consulta de GÓMEZ OLIVER, M- MARTÍNEZ LÓPEZ, F., (Coords.) La Memoria de todos. Las heridas del pasado se curan con más verdad, Ed. Fundación Alfonso Perales, Sevilla, 2005. y COBO ROMERO, F., La represión franquista en Andalucía. Balance historiográfico, perspectivas teóricas y análisis de resultado. Ed. Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2012.

[13]. Se completaría, a nuestro juicio, cuando tengamos finalizada en su totalidad la investigación, en curso, sobre los expedientes judiciales que se custodian en el ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE JUSTICIA DE LA EXTINGUIDA IX REGIÓN MILITAR DE GRANADA, hoy fondos del ARCHIVO JUZGADO TOGADO TERRITORIAL MILITAR (AJUTOTER nº 23. Almería).

[14] Remitimos a la monografía de HIDALGO CÁMARA, J, Represión y muerte en la provincia de Granada, 1936-1950. Ed. Arráez, Almería 2014.

[15] Recuérdese lo que apuntó Gabriel JACKSON en uno de sus apéndices a La República española y la Guerra Civil, Barcelona, 1976, pp. 462-73: "... Un notario ex miembro de la CEDA, que había vivido siempre en la provincia de Córdoba, trató en 1946 de determinar lo más exactamente posible el número de ejecuciones políticas en Andalucía. Pudo consultar a otros notarios y las listas municipales de muertos. Habló con curas párrocos, quienes podían nombrar docenas de víctimas católicas (y a cuyas familias no se les permitió poner sus nombres en ninguna lápida sepulcral). Se puso en contacto con numerosos miembros de la UGT y la CNT. Estimó un total de 26.000 ejecuciones para la provincia de Granada, 32.000 para la de Córdoba y 47.000 para la de Sevilla". Ian GIBSON, por su parte, confirmó esta cifra de JACKSON y desde entonces lo ha venido manteniendo: "... Nuestro cálculo de las víctimas de la represión granadina podría resumirse en 8.500 muertos. Pero hay que insistir en que esta cifra estimada puede ser en efecto conservadora. Un conocido mío que ha podido consultar los documentos archivados en la Audiencia de Granada insiste en que una suma de 25.000 víctimas sería más correcta", Cfr. GIBSON, Ian., La represión nacionalista de Granada... op. cit. pp. 137-139.
[16] Hemos recogido la relación de nuestros informantes más cualificados en nuestras referencias a las fuentes y documentos utilizados para la monografía. Por otra parte, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica ha elaborado un Mapa de fosas de la provincia, dentro del marco de subvenciones de la Junta de Andalucía, en la que concluimos que las aproximadamente 5.800 víctimas con referencias oficiales, son una parte de las víctimas ocasionadas por las autoridades y mandos de los sublevados en Granada. Porque existen lugares de enterramientos en los que no se dejaron constancia documental de los fallecidos. Son los llamados lugares de “enterramientos indignos”, caso del Barranco de VÍznar, Alfacar, El Carrizal de Órgiva, El Noguerón de Vélez de Benaudalla, así como cientos de lugares donde existen testimonios que confirma “fosas” con desconocidos, -donde sus restos reposan todavía, bien en cementerios públicos, sus alrededores (Cementerio de San José de Granada)- que podrían elevar la cifra de víctimas al menos en otros siete u ocho mil víctimas. Sin contar varios cientos de óbitos cuyas “causa mortis” no fue el fusilamiento –las eufemísticas “heridas de armas de fuego” que consta en los registros civiles- sino las condiciones inhumanas en las cárceles, campos de concentración y clasificación de prisioneros o los malos tratos y traumas recibidos en los mismo. Esta relación, en un principio, han sido eliminadas de nuestro listado de víctimas, al no tener la absoluta certeza de que fueron víctimas de represión. Si bien se puede decir que son víctimas de una “represión colateral”, que en algunas provincias los investigadores han considerado producto de la represión estructural.

[17] Datos oficiales Mapa de Fosas Andalucía 2018-2021: 709 fosas de las cuales al menos 110 corresponden a la provincia de Granada. Consulta diciembre de 2022: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/areas/cultura/memoria-democratica/fosas.html

[18]. Cfr. NADAL SÁNCHEZ, A. Guerra Civil en Málaga, Málaga, 1984; MORENO GOMEZ, F., La Guerra Civil en Córdoba, (1936-1939), Madrid, 1985, y Córdoba en la postguerra. La represión y la guerrilla, 1939-1950, Madrid, 1987; COBO ROMERO, F. Guerra civil y represión franquista en la provincia de Jaén (1936-1950) Jaén, 1995 y QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, R. Política y guerra civil en Almería, Almería, 1986.
[19] Archivo de la Delegación Provincial del INE de Granada.

[20] Precisamente un informador que ha querido mantenerse en el anonimato, por ahora, veterano militante comunista y familiar directo de un teniente coronel de la Guardia civil destinado en Granada durante los años cuarenta nos reiteró esta convicción. Él siempre ha tenido conocimiento de que en su familia se hablaba de una cifra terrorífica sobre la represión en Granada; habría alcanzado a 27.157 personas. Esta cifra siempre la habría mantenido en privado el referido oficial y otras autoridades granadinas.
[21]. Un estudio cuidado y detallado al respecto en PEDRAZ PENALVA, E., "Jurisdicciones ordinaria y especiales en la España Nacional" así como "El Ministerio de Justicia en la España "Nacional" en VV.AA. Justicia en Guerra. Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la Guerra Civil Española. Instituciones y fuentes documentales. Madrid, 1990 pp. 317 a 373 y 249 a 315 respectivamente. Esclarecedor es el trabajo citado de ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J., "La oposición al franquismo. Represión y violencia política" en Javier TUSELL, J.-ALTED VIGIL, A.- MATEOS, A., (coords.), La oposición al régimen de Franco, vol. I, Madrid, 1990. Así mismo, véase ARÓSTEGUI SÁNCHEZ. J., (ed.), Violencia y política en España, Ayer, nº 13, Madrid, 1994.

[22] Diario Ideal, 21 de julio de 1936.

[23] ANGULO MONTES, F., (Juez de Primera Instancia e Instrucción y capitán C.H. del Cuerpo Jurídico Militar, (dir-comp.), Colección Normas Jurídicas formada de orden del III Cuerpo Ejército. Ejército del Sur. pp. 3-6.

[24] La breve estancia de Orgaz en Granada es difundida a la población desde las páginas de Ideal, 26, 27 y 28 de julio de 1936. En la primera plana de la edición del 27 de julio se comenta a pie de foto que "el comandante militar de Granada, general Orgaz, hace diariamente un paseo a pie por la población para conocer personalmente el estado de entusiasmo del pueblo granadino y el aspecto de absoluta normalidad que ya presenta nuestra ciudad".

[25] SERVICIO HISTÓRICO MILITAR, S.H.M. (Madrid), Sección Documentación Nacional, Leg. 363. Tras la visita del general Orgaz, la mayoría de estos oficiales se hacen cargo de la Sección de Operaciones de la Comandancia Militar de Granada que queda así: Jefe de Sección, el comandante Rosaleny; el comandante Rafael Calderón y el capitán Morillas, a cargo del enlace con Artillería; los capitanes Palacios y Javier García, responsables del enlace con Aviación; el comandante Miralles, a cargo de la Sección de Asuntos Generales y el comandante Juan Mateos Pablos, a cargo de la Sección de Justicia.
[26] Declaración de Francisco Angulo Montes, el 4 de junio de 1937 cuando desempeñaba ya el cargo de Jefe de los Servicios de Justicia Militar del Gobierno Militar de Granada, vid. ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE JUSTICIA DE LA IX REGIÓN MILITAR DE GRANADA, A.S.J.IX.R.M.GR., Sección de Información, "Información relativa al coronel de Infantería Don Basilio León Maestre", Leg. 25, p. 2, pp. 12-13. Ese fondo se integra hoy en el Archivo del Juzgado Togado Militar nº 23 con sede en Almería, como se ha hecho referencia.

[27] GIL BRACERO, R., Motril en Guerra. De la República al franquismo, 1931-1939, Vol II. Ed. Asukaría Mediterránea, Col. Ingenio, Motril, 1997.

[28] Basilio León Maestre se limita a aprobar el fallo de la Causa 29/1936 vista por el Consejo Militar que por procedimiento sumarísimo condena a muerte a los malagueños Joaquín de Burgos Martínez de 21 años empleado de Ayuntamiento, Juan Domínguez Rivas, de 24 años, chófer, Antonio Banderas Sánchez, 20 años, carpintero, Antonio Bautista Navarro, 25 años, profesión matarife, José Mancha Liñán, 24 años, mecánico e Isidro de Burgos Martínez, electricista de 16 años. No obstante, el decreto de ejecución inmediata de sentencia viene autorizado por Juan Mateos: el acuerdo se había adoptado sólo unas horas después de que el general Orgaz hubiese aterrizado en el Aeródromo de Armilla en la tarde de del 25 de julio de 1936. El primer fusilamiento habido en las tapias del cementerio de Granada tiene lugar sobre las 6 horas del 26 de julio. Aquella misma mañana el General Orgaz preside un desfile militar y dirige desde del balcón de un Hotel de Puerta Real un encendido discurso enarbolando el "patriotismo" de las fuerzas sublevadas.

[29] Junto a Francisco Carrasco Jiménez se procesó, en Causa sin número de 1936, a Manuel y Juan Mariscal Puertas y a Antonio Páramo González, todos jóvenes vecinos del Albayzín, por delito de tenencia ilícita de armas fuera del plazo fijado para su entrega voluntaria, sancionado en el Bando del 21 de julio. Actuó como presidente del Consejo de Guerra Sumarísimo celebrado a las 14 horas del 26 de julio, el teniente coronel de Artillería Luis Medrano Padilla, siendo vocales el capitán Antonio Fernández Sánchez, del Centro de Movilización, los capitanes de Artillería Andrés Peñuelas Fernández, Eugenio Carrillo Durán, Miguel Miranda Dávalos y el capitán de Infantería, José Aguilera Bassecourt. Como fiscal intervino Diego Egea Molina y como vocal Ponente Enrique Iturriaga Aravaca.

[30] AJUTOTER nº 23 Almería, (A.S.J.IX.R.M.GR.) Leg. 382/7.

[31] Hemos identificado un total de 63 de estos profesionales entre las víctimas inscritas en Granada capital. Fueron fusilados más de cuarenta maestros de Escuela y Profesores de Magisterio, 2 profesores del Instituto, 5 catedráticos de Universidad, 4 farmacéuticos, 7 estudiantes; además 9 médicos, 3 ingenieros, 1 periodista y 14 abogados, también 3 creadores artísticos y el "poeta universal", Federico García Lorca.

[32] Entre las 81 víctimas clasificadas como empleados de oficinas y organismos de la Administración Pública, sobresalen 47 escribientes y los 24 empleados en el Ayuntamiento. Y entre los 58 pequeños comerciantes y pequeños industriales que fueron fusilados, los 12 zapateros-alpargateros, los 19 peluqueros-barberos, los 4 sastres y los 4 impresores.

[33] Caso de Agustina González, La Zapatera de Calle Mesones, fusilada en Víznar, autora de varios libros, habría presentado su candidatura a las elecciones de 1933 por una formación política de la que ella misma era su principal impulsadora, el Partido Entero Humanista de Granada.

[34] Caso de la red de información y espionaje montada en Granada durante 1938 que tuvo entre promotoras a las hermanas Concepción y Gracia Peinado Ruiz, a la madre de ambas, Angustias Ruiz Pérez y a otras cinco mujeres, Laura Ballesteros Girón, Filomena Santoyo Bernal, Remedios Heredia Flores, Mercedes Romero Robles y Concepción Moreno Granados. A raíz del descubrimiento de dicha trama de información - "Tia del Abanico"- fueron sometidos a juicio militar sumarísimo casi un centenar de detenidos, de los que 56 fueron condenados a muerte. Remitimos a BARRANCO CASTILLO, E., La tía del abanico. 1938 Espionaje en Granada. Ed. Aratispi Ediciones. 2018

[35] Habrá que destacar el fusilamiento de 9 profesionales del Ejército, entre ellos los tenientes de Infantería, Antonio Fenoll Castell, Francisco Oterino, Ramón Muñoz Punzano y Alejandro Martínez Álvarez Valcárcel y al teniente de Artillería, Manuel Arcas Fuentes, todo ello en GIL BRACERO, R “Antonio Fenoll, un militar demócrata, no un traidor” en https://www.granadahoy.com/granada/militar-democrata-traidorCapitan-Fenoll-Castell_0_1157884369.html. Tenemos datos de que fueron fusilados al menos 3 guardias civiles, 3 guardias de Asalto, 5 soldados y 5 carabineros, además de 3 guardias de seguridad.

[36] Testimonio de Adolfo Hidalgo, corroborado por el cabo primero de Artillería, Antonio García Martín.

[37] Testimonio de Julio Belza Ruiz de la Fuente, quien no ha podido olvidar aquella trágica experiencia.

[38] Ideal, 8 de enero de 1937.

[39] Patria, 18 de julio de 1937. Parecidos términos en Ideal, 29 de noviembre de 1937. Con motivo de un multitudinario acto de exaltación del primer gobierno de Franco y del nacimiento del Nuevo Estado y del partido único, Falange Española Tradicionalista de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, FET-JONS de Granada que tiene lugar en abril de 1938 y en el que intervienen en el Estadio de fútbol de Los Cármenes los jefes nacionales de FET-JONS, Agustín Aznar y Fernando González Vélez, se sigue apelando al recurso de la violencia: Hay que ser violentos -afirma Agustín Aznar- que la violencia nos hizo crear la perspectiva de esta voluntad nacional y por la violencia la implantaremos y conquistaremos al pueblo español. Violencia no al servicio de unos intereses personales sino al servicio de unos intereses de orden superior, en Ideal, 12 y 13 de abril de 1938.
[40] GIL BRACERO, R, “La fosa común del Cementerio de San José de Granada: Lugar de Memoria Histórica Democrática de Andalucía”; “De voces silenciadas a vidas dignificadas en las tapias del Cementerio de San José de Granada” en https://www.elindependientedegranada.es/blog/fosa-comun-cementerio-san-jose-granada-lugar-memoria-historica-democratica-andalucia y https://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/voces-silenciadas-vidas-dignificadas-tapias-cementerio-san-jose-granada

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Rafael Gil Bracero, referente del memorialismo histórico y democrático, profesor de Historia Contemporánea de la UGR, Rafael Gil Bracero es presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica.