La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido que se celebre una vista para estudiar el ingreso en prisión de Francisco Javier Guerrero, Antonio Fernández, José Antonio Viera y Juan Márquez tras su codena por el caso de los ERE. Los dos primeros están condenados a penas de prisión de 7 años y 11 meses y los otros dos a penas de prisión de 7 años y 1 día.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha solicitado a la Sala la comparecencia de prisión del 505 LECrim respecto a estos cuatro condenados de los cuales dos de ellos, Guerrero y Fernández, ya han estado en la cárcel desde que comenzó la instrucción del caso de los ERE hace ocho años, según informa Europa Press. El primero estuvo desde marzo a octubre de 2012 y desde marzo a junio de 2013 y Fernández desde abril a agosto de 2012.

Guerrero fue el primero que pisó la cárcel cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza el 10 de marzo de 2012 como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la prisión después abonar 50.000 euros de fianza, volviendo a la cárcel en marzo de 2013 y saliendo tres meses después.

Por otro lado, Javier Guerrero está condenado por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla a cinco años y nueve meses de prisión y a diez años de inhabilitación absoluta por los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con la empresa Umax Informática y Consultoría, una sentencia que está recurrida.

Por su parte, Antonio Fernández ingresó en prisión preventiva el 24 de abril de 2012 y salió en el mes de agosto de ese mismo año tras pagar una fianza de 450.000 euros. En aquellas fechas, su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, remarcó que el pago de esta fianza, que se abonó en metálico, fue posible gracias a la "ola de solidaridad" que protagonizaron tanto "amigos de Fernández como ciudadanos anónimos", que, "de forma voluntaria" y desde que se conoció la cifra a la que ascendía esta fianza, que "excedía sus posibilidades económicas", fueron aportando "pequeñas cantidades" hasta que se logró reunir la suma total.

En su auto de prisión, la juez Alaya consideró que el exconsejero "habría hecho una dejación absoluta de las funciones que le correspondían, generando las lamentables consecuencias que se han producido de enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de la comunidad autónoma andaluza por el despilfarro continuado de fondos públicos".

En total, tras la sentencia de la 'pieza política' del caso ERE 19 de los 21 ex altos cargos juzgados han resultado condenados, diez de ellos a penas de prisión, nueve únicamente a la inhabilitación, entre los que se encuentra el expresidente Manuel Chaves, y sólo dos, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, han sido absueltos de todos los delitos.

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