Jueces y fiscales de Granada, la capital judicial de Andalucía, se han concentrado este mediodía a las puertas de la Real Chancillería, sede del Tribunal Superior de Justicia andaluz, y también en los Juzgados de la Caleta para expresar su rechazo a las reformas judiciales que tiene en marcha en Gobierno de España. No es la primera protesta de jueces y fiscales contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero en esta ocasión, un grupo de medio centenar de personas les ha jaleado, aplaudiéndoles y deseándoles "¡fuerza!", mientras coreaban de fondo: "¡"Sánchez a prisión"!, "¡Gobierno dimisión!". De ahí que esta protesta haya sido más sorprendente que las anteriores. 

Con toga, la titular del Juzgado de Primera Instancia 6 de Granada, Montserrat Peña, ha sido la encargada de leer el manifiesto suscrito por asociaciones de jueces -salvo Jueces para la Democracia, según ella misma ha detallado- y asociaciones fiscales. Al finalizar la lectura, ha agradecido la participación de los compañeros y compañeras jueces y fiscales y un muy significativo agradecimiento: "a quienes, dada la gravedad de lo pretendido, habéis decidido acompañarnos hoy para mostrar vuestro apoyo en defensa y protección del Estado de Derecho". Esos ciudadanos han sido quienes gritaban "¡"Sánchez a prisión"! y "¡Gobierno dimisión!".

Con esta protesta denuncian que el poder judicial está "bajo amenaza", por el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas que han motivado el paro.

El primero, tramitado "injustificadamente por vía de urgencia", es un proyecto que en opinión de jueces y fiscales "no responde a demanda social alguno y ha recibido un informe muy crítico por parte del CGPJ". Se trata de una reforma que, en su opinión, va a "rebajar la excelencia del conocimientos en el acceso, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración", según los manifestantes.

Asimismo y, entre otras medidas, "como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces, se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y por ello con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país", prosigue el manifiesto, en el que rechazan que, "sobre todo, poniendo como excusa a Europa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio para las promociones más jóvenes y miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser jueces o fiscales".

A la vez, con el segundo anteproyecto, aseguran los manifestantes, "se quiere aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, a quien como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno, sin ningún tipo de filtro previo, lo que sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción". 

"Todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuos ataques al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman la resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno", critican los jueces y fiscales que se han manifestado

"Todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuos ataques al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman la resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno. Todo ello mina la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos. Y es que la existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país. No quepa duda que estas reformas de las que hablamos, junto a otras que se han ido produciendo, van encaminadas para convertir al poder judicial en un poder con minúsculas, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder en la senda de las democracias liberales que por eso no lo son realmente", prosigue el texto.

"Con este paro pedimos la retirada de ambos proyectos y, en el caso de que no sea así, no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intesas como la huelga. Sin olvidar que también reclamamos, como venimos haciendo desde hace lustros, una masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad". 

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Carteles colocados por los ciudadanos que han respaldado la concentración de los jueces a las puertas de la sede judicial frente al TSJA.

"Muchas gracias a todos los asistentes, compañeros y compañeras jueces y fiscales, pero también a quienes, dada la gravedad de lo pretendido, habéis decidido acompañarnos hoy para mostrar vuestro apoyo en defensa y protección del Estado de Derecho", ha añadido. 

El comunicado es conjunto, firmado por las asociaciones judiciales -a excepción de Jueces para la Democracia- y las asociaciones de fiscales. En la protesta han participado, entre otros, magistrados de las salas de lo Civil y lo Penal, el presidente de la Sala de lo Social y fiscales, como el número dos de la Fiscalía Superior de Andalucía.