La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía venderá los primeros cuatro edificios para financiar nuevas sedes judiciales. En el caso de Granada, el inmueble que se pondrá a la venta son el centro de internamiento de menores infractores de San Miguel. El resto son otro centro de menores, el de San Francisco de Asís en Torremolinos (Málaga), la que fuera sede judicial de Marchena, en Sevilla y el suelo en Hacienda Santa Isabel en Málaga -donde se iba a ubicar el depósito judicial de vehículos, extremo que se ha descartado-. Se han iniciado los expedientes y las correspondientes tasaciones.

Los ingresos obtenidos con estas ventas irán destinados al plan de infraestructuras judiciales de Andalucía (2023/2030), en el que la Administración andaluza calcula que la inversión rondará los 1.500 millones de euros. Con la venta de patrimonio judicial en desuso, la Consejería de José Antonio Nieto espera lograr hasta 185 millones de euros, "cantidad que puede oscilar en función de la cifra de venta que se logre en cada momento en función de los precios", han precisado fuentes de la Consejería de Justicia a Europa Press.

Las sedes judiciales que se van a poner a la venta son todas aquellas que sean en propiedad y que vayan a ser sustituidas por nuevas sedes judiciales con las inversiones previstas en el plan de infraestructuras judiciales 2023/2030. La Dirección General de Patrimonio es la propietaria de todos los inmuebles de la Junta de Andalucía. Por este motivo, se ha negociado que "en la medida de lo posible" los ingresos alcanzados con estas ventas "reviertan en la Consejería de Justicia para su inversión en la renovación de sedes judiciales o en todo caso se compense con alguna otra fórmula".

Los 185 millones de euros como parte de la renovación de los 85 partidos judiciales que hay en la comunidad (156 edificios) es una de las vías de financiación del plan de infraestructuras judiciales de Andalucía (2023-2030). Entre los objetivos que persigue el Gobierno andaluz está la reducción a la "mínima expresión" de los contratos de alquiler, pasando de los 96 actuales, con un coste de 17,3 millones de euros, a no más de siete contratos y 1,8 millones para alquiler.

Además de los 185 millones de la venta de patrimonio, la Consejería prevé destinar más de 700 millones procedentes de la colaboración público-privada y pública-pública; alrededor de 170 millones de autofinanciada -recursos propios de la Junta-; y alrededor de 45 millones de fondos europeos. Es el desglose ofrecido esta semana por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la comisión de Justicia en el Parlamento andaluz, en la que pedía "confianza" a la oposición.

"No nos vamos a esconder detrás de la burocracia. Lo vamos a hacer lo antes posible", sostenía el consejero de Justicia, que animaba a la oposición, especialmente al PSOE, a "sumarse al plan y dejar de estar en las excusas". El plan prevé completar la red de Ciudades de la Justicia en todas las capitales andaluzas -se podrán en marcha las de Cádiz, Huelva, Granada, Jaén y Sevilla, que ya cuenta con un edificio en funcionamiento en Palmas Altas--; dotar a las ciudades de más de 100.000 habitantes de grandes complejos judiciales (Algeciras, Marbella, Roquetas de Mar, Dos Hermanas y Jerez de la Frontera); 34 actuaciones, entre obra nueva y rehabilitación, en las cabeceras de partidos judiciales, así como otras 16 en partidos de municipios más pequeños para mejorar sus instalaciones. 

El plan incluye, además de 60 actuaciones entre obra nueva y rehabilitación de sedes, intervenciones de mejora de accesibilidad en los edificios judiciales, así como de sostenibilidad medioambiental, para disponer de inmuebles eficientes energéticamente; igualmente, se van a realizar trabajos para mejorar la asistencia a víctimas vulnerables. Esto va suponer que se actuará en 100% de los partidos judiciales andaluces, según lo expuesto por el consejero en línea con la presentación de este plan en San Telmo hace dos meses.