El PSOE lleva a pleno una propuesta para "blindar" el modelo 0-6 de las Escuelas Infantiles y "garantizar su gratuidad sin romper su proyecto educativo"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital ha informado de la moción que llevará al próximo pleno con el objetivo de "proteger el modelo educativo de las Escuelas Infantiles Municipales de Granada y garantizar su viabilidad" ante la inminente entrada en vigor del Decreto 76/2025 de la Junta de Andalucía que regula el primer ciclo de la Educación Infantil.
La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha explicado que esta iniciativa nace del "diálogo intenso" con la comunidad educativa para defender unos servicios públicos que son "motivo de orgullo y un referente internacional tras cuarenta y cinco años de andadura", por lo que ha calificado de "obligación política" impulsarlos y protegerlos frente a una normativa autonómica que, en su redacción actual, "pone en riesgo la continuidad del proyecto pedagógico integral de cero a seis años de la Fundación Granada Educa".
Ruz ha detallado que la propuesta "no responde a un capricho político, sino a una necesidad técnica, educativa y económica urgente", ya que la aplicación "estricta" del decreto obligaría a dividir las instalaciones en dos núcleos diferenciados y a separar los cuerpos directivos y docentes, "lo que generaría un sobrecoste inasumible que el Ayuntamiento tendría que soportar, poniendo en peligro la propia existencia del proyecto tal y como se conoce hoy".
Al respecto, la portavoz ha instado a la alcaldesa, Marifrán Carazo, a "defender los intereses de las familias granadinas apoyando esta moción", que busca "soluciones conjuntas y dialogadas para que el nuevo marco normativo no suponga un retroceso en la calidad de la enseñanza municipal".
El segundo ciclo ya lo es y está asociado a los colegios, en los que se imparte Infantil y Primaria. El segundo ciclo de Infantil tampoco es obligatorio, aunque ya está extendido que los niños y niñas accedan al sistema educativo a partir de los 3 años. La particularidad de las escuelas infantiles de Granada es que ofrecen los dos ciclos, de manera que los pequeños que entran siendo bebés, permanecen escolarizados hasta el momento de dar el salto a la etapa de Primaria. Esa continuidad en el proyecto educativo y pedagógico es lo que lo convierte en un modelo único y de éxito que las familias han tenido que defender más de una vez.
Por su parte, el concejal Jacobo Calvo ha profundizado en los detalles de la moción, aclarando que, aunque el grupo socialista apoya firmemente la gratuidad del ciclo de cero a tres años como "una medida muy demandada por la ciudadanía y por el PSOE, que permite potenciar el valor educativo en estas edades, además de favorecer la conciliación", el decreto diseñado por el Gobierno andaluz "no ha tenido en cuenta la singularidad de las Escuelas Infantiles Municipales de Granada, que funcionan como una unidad pedagógica y no como centros fragmentados".
En este contexto, ha apuntado que "no reconocer esta especificidad obligaría a realizar obras costosas e inviables para duplicar accesos y espacios comunes, además de forzar la creación de dos claustros y dos consejos escolares distintos dentro del mismo edificio, lo que en la práctica supondría la ruptura total del modelo y una merma en la calidad de la atención al alumnado".
Para evitar este escenario, Calvo ha desgranado la propuesta constructiva que los socialistas llevan al Pleno, la cual insta a la Junta de Andalucía a incorporar una disposición adicional en el decreto que reconozca expresamente la "singularidad" del modelo de Granada, permitiendo su continuidad organizativa sin las duplicidades exigidas a los centros estándar.
Asimismo, el concejal ha reclamado "la firma de un convenio específico de colaboración entre ambas administraciones que asegure la financiación de la gratuidad cubriendo el coste real de las plazas y respetando las ratios actuales, que garantizan una atención más individualizada y de mayor calidad".
Calvo ha concluido apelando al espíritu de consenso que ya permitió aprobar los estatutos de la Fundación por unanimidad en el mandato anterior, insistiendo en que "la gratuidad debe servir para reforzar y blindar la oferta pública, y no para desmantelar una experiencia de éxito consolidada".

























