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El exalcalde José Torres Hurtado se ha defendido este lunes, cuando ha vuelto a los juzgados para declarar esta vez como investigado en el caso Serrallo, arrojando dudas sobre la imparcialidad de la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.

Lo ha hecho en sus declaraciones a los periodistas y citando como ejemplo datos erróneos aportados por la brigada encargada de la investigación de presunta trama urbanística que lo sitúa a él en la cúspide. En concreto al haber atribuido la Policía Nacional la propiedad de un inmueble en la Plaza Bib-Rambla con un valor catastral de 800.000 euros a la que fue secretaria general del Ayuntamiento durante su mandato, Mercedes López Domech, investigada también por su supuesta vinculación con las irregularidades, pese a que es inquilina y el edificio pertenece a una fundación de la que forman parte el presidente del TSJA y el propio arzobispo de Granada. 

"Si eso lo dicen y lo firman, pues tampoco lo podemos creer todo", ha apuntado el exalcalde sobre la UDEF, después de asegurar que respeta la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, entre otras razones, ha dicho, porque fue delegado del Gobierno en Andalucía. 

Ha sido una de las novedades de su discurso que, en sede judicial, ha seguido la línea de defensa utilizada en el caso Nazarí, por el que fue detenido junto a su responsable de Urbanismo y buena parte de la cúpula de altos cargos de ese área y del propio Ayuntamiento. Y esa no es otra que negar que tuviera conocimiento del día a día de la gestión. Las competencias en Urbanismo, como en el resto de áreas municipales, estaban delegadas y correspondía al concejal de turno y a sus técnicos la gestión. 

"No hay alcalde que pudiera gobernar así", ha resumido para asegurar que habría sido imposible conocer los pormenores de cada área. "No conozco los temas en profundidad, ni mucho menos las discusiones técnicas", ha argumentado para apuntalar 'el desconocimiento' que alega para defenderse y que choca con la declaración de testigos como Luis Gerardo García-Royo, que fue concejal de Urbanismo y hombre fuerte en el gobierno de Torres Hurtado y que aseguró que como alcalde estaba al tanto de todos los asuntos urbanísticos e incluso despachaba con él.  

Y en esa misma línea ha exculpado al resto de concejales que integraban la Junta de Gobierno Local. La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, que instruye el caso Serrallo -la misma jueza que lleva las investigaciones de la trama urbanística- había condicionado la posibilidad de citar como investigados a todos los ediles del gobierno del PP a la declaración de Torres Hurtado. "Cualquiera que sepa cómo funciona una Junta de Gobierno Local sabe que el expediente llega informado por el área correspondiente y con los informes económicos y jurídicos de la Intervención y de Secretaría. Lo que se hace es ratificar el tema, no se tiene un conocimiento profundo sobre el tema. Si no, no habría confianza. Las competencias están delegadas y se supone que el expediente está perfectamente", ha explicado el exalcalde a los periodistas. 

Antes lo había hecho ante la jueza, que es quien se ha interesado en sus preguntas por ese aspecto. Y ante ella también ha declarado que en las Juntas de Gobierno Local se vota "automáticamente". Son concejales del mismo grupo y si llegan las propuestas favorables es lo que procede, ha venido a explicar. 

Torres Hurtado, que ha deseado que no se prolonguen las investigaciones, ha negado que tenga relación con el constructor García Arrabal. Nunca, según ha declarado ante la jueza, ha mantenido contactos con él, "ni siquiera telefónicos", aunque en otro punto de la declaración ha tenido que reconocer -tras cierta polémica con alguno de los letrados de la acusación- que asistió a la inauguración del centro comercial serrallo, no así a la discoteca y área de ocio adyacente que ha motivado estas investigaciones por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. 

El exalcalde no ha respondido a las preguntas de las acusaciones que, en el caso de la que ejerce el partido VOX, representado por el letrado Jorge Carmelo Fernández Díaz, le ha advertido también de que sus preguntas irían referidas a más delitos, en los que aprecia se encuadran también hechos investigados, y que son tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y autoridades, asociación ilícita y acoso al funcionariado, en relación este último a la situación de Jacobo de la Rosa, un funcionario clave en la investigación de las presuntas irregularidades urbanísticas.

Pese a exculpar en su declaración a los concejales de la Junta de Gobierno Local, ahondando más en la responsabilidad de Nieto de esa manera, si la jueza no cita a declarar a los ediles tras esta declaración, la acusación que ejerce VOX sí lo hará, según ha avanzado el letrado a los periodistas. 

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