‘Listas negras’: el seguimiento gubernativo de alumnos y profesores universitarios ‘subversivos’
Con la eclosión de las protestas estudiantiles desde el año 1970, la BPS irá acumulando una serie de datos sobre los estudiantes que más se destacan por sus “actividades subversivas” y que el Ministerio de Educación trasladará a las autoridades académicas, para que éstas, a su vez, puedan aplicar elementos punitivos de acuerdo con la legislación vigente. Así, el primer documento de estas características viene firmado el 21 de febrero de 1971, en pleno Estado de Excepción, donde el Ministerio de Educación remite un dossier de alumnos y alumnas con un resumen de su ficha policial, para que la autoridad universitaria aplique como estime procedente el artículo 28 del Decreto de 8 de septiembre de 1954 (por el que se aprobó el Reglamento de Disciplina académica en los centros de Enseñanza) que, en síntesis, venía a plantear que las autoridades académicas podían prohibir la entrada a los centros y sus aulas de aquel alumnado que “haya perturbado o amenace perturbar la disciplina”.
Son nombres conocidos y que coinciden, básicamente, con los activistas que habían sido detenidos tanto en Granada como en Málaga –recordemos que entonces ésta pertenecía a la UGR- a lo largo de 1970
Son nombres conocidos y que coinciden, básicamente, con los activistas que habían sido detenidos tanto en Granada como en Málaga –recordemos que entonces ésta pertenecía a la UGR- a lo largo de 1970. Aunque en la Universidad de Granada no se hiciera uso de este documento por parte de las autoridades académicas, o al menos no hemos tenido constancia de ello, lo esencial era que hacía una radiografía del núcleo subversivo en las distintas Facultades. Aunque en la lista faltan algunos activistas importantes y otros –los menos- no habían alcanzado tanta notoriedad, lo cierto es que la mayoría de ellos ya tenían antecedentes policiales porque habían sido detenidos entre 1968 y 1971. De nuevo, aparecerán aquellos dirigentes conocidos como los granadinos Joaquín Bosque Sendra, Berta Ausín Momblona, Arturo González Arcas, Antonio Cruz Jiménez, Juliana Cabrera, Socorro Robles Vizcaíno, Jesús Carreño Tenorio, Agatángelo Soler Díaz, Manuel Vargas Rienda, Javier Lizcano Navarro, Javier Tomás Andreu Dussac o Antonio Aragón Orellana, y los malagueños –entonces pertenecían a la Universidad granadina- Leopoldo del Prado Álvarez o Antonio Luque Sánchez, entre otros. Así, la geografía de la subversión en esos momentos es muy significativa:
Radiografía del alumnado conflictivo; 17 de febrero 1971
(MEC, Director General de Universidades e Investigación, oficio a rector de Granada de 17 de febrero de 1971, en AHUGR, Asociaciones de Estudiantes, 69/71). (Elaboración propia)
Ciencias |
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Debería de enviarse este tipo de documentos anualmente, porque al año siguiente, concretamente el 22 de septiembre de 1972, aparecerá otro documento de similares características, pero donde parece que se censura la pasividad del Rectorado de la Universidad de Granada, ya que le advierte que el alumnado que se adjunta “ha creado situaciones conflictivas de matiz subversivo y (sin embargo) no se les ha aplicado el artículo 28”. De nuevo vuelven a repetirse muchos de los dirigentes del primer documento que todavía seguían estudiando en la Universidad, pero se añaden otros nuevos que, posiblemente, pasaran por comisaría ese año o protagonizaran determinados conflictos. Así, aparecen nombres nuevos como Luis Wulff Alonso, José Titos Rojo, Roberto Mayoral Asensio, Miguel A. Linares Valverde, Ildefonso Prieto Muñoz, Margarita Birriel Salcedo, Pedro Ruiz Morcillo o Cándida Martínez López, entre otros. En todo caso, volvemos a ver la radiografía de la conflictividad:
Radiografía del alumnado conflictivo; 22 septiembre de 1972
(Archivo General de la Universidad de Granada. Sª General del Rectorado. Sección estudiantes. Resolución de la Cámara de Distrito en el curso 72/73. Elaboración propia)
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Derecho |
Farmacia |
Filosofía |
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Aunque en uno de los dos informes no aparece la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, sin embargo, se vuelve a reafirmar lo mismo que habíamos planteado anteriormente sobre las tres facultades más conflictivas desde que se reorganiza el movimiento estudiantil: la de Filosofía y Letras, la de Económicas, en Málaga, y la de Medicina que, a partir de sus movilizaciones a partir de 1971, no dejará de estar entre las que más activistas aporta a la lucha antifranquista.
Sea como fuere, estas “listas negras” podrían haber circulado por diversas Facultades o, posiblemente, se filtraran algunos de sus nombres
Sea como fuere, estas “listas negras” podrían haber circulado por diversas Facultades o, posiblemente, se filtraran algunos de sus nombres, ya que una de la Cámara de Distrito que se había celebrado en el curso 72/73 denuncia que desde el Gobierno Civil se hizo llegar al Rectorado y desde éste a los diversos decanatos de unas “listas negras” con los nombres de una veintena o treintena de estudiantes de diversas Facultades acusados de ser “subversivos” y causantes de la conflictividad; una acusación bajo la que subyacía el temor de algunos de estos estudiantes de que se les siguiera requiriendo “certificados de buena conducta” como condición indispensable para la concesión de becas, en la medida que suponían no sólo una injerencia policial, sino una medida represiva contra los estudiantes con mayores dificultades económicas, amén de los retrasos con que se cobraban y la reducción progresiva del número de éstas en los últimos años.
La BPS recoge en sus informes, por otra parte, algunos datos significativos de dirigentes estudiantiles con lo que le interesa destacar de cada uno de ellos –además de sus detenciones, participación en manifestaciones o procesos judiciales-, de forma que el Gobernador Civil se haga de cada uno de ellos una idea más aproximada de quiénes son los que solicitan determinado acto cultural o determinada manifestación
La BPS recoge en sus informes, por otra parte, algunos datos significativos de dirigentes estudiantiles con lo que le interesa destacar de cada uno de ellos –además de sus detenciones, participación en manifestaciones o procesos judiciales-, de forma que el Gobernador Civil se haga de cada uno de ellos una idea más aproximada de quiénes son los que solicitan determinado acto cultural o determinada manifestación. En algunos casos el informe desciende a temas privados (quién es marido o mujer de, recursos económicos, trabajos, amistades, etc.), de forma que la investigación no sólo se circunscribe a su actividad política, sino también a cuestiones personales: de Jesús Carreño Tenorio, por ejemplo, se dice que además de ser un destacado militante del PCE, se había encargado de “la discusión política y centros de Enseñanza Media”; de Javier Terriente Quesada, de la misma militancia, no se recata en afirmar que es “muy peligroso” y enumera no sólo sus detenciones, sino también que tiene a su cargo “la captación de militantes en los centros de Enseñanza Media” o mantener contactos con ”los dirigentes del Movimiento Estudiantil del Distrito, así como con Licenciados conflictivos”; de la militante del PSOE, Beatriz García Cotarelo, se dice que “mueve a su entera voluntad toda la subversión de la Escuela Universitaria de EGB” o que “maneja totalmente a los alumnos y profesores conflictivos”; de Margarita Birriel, en fin, se afirma que juega un papel esencial en la lucha de los PNNs.
Hay un caso especialmente relevante, el de Rafael Fernández Píñar-Afán de Rivera, estudiante de Derecho, en el que el seguimiento de la BPS es específico, ya que lo considera uno de los mayores activistas del distrito universitario. Ese seguimiento le lleva a tener un archivo de sus intervenciones públicas en actos académicos, donde el informante entresaca muchas de sus palabras (en la conferencia de presentación del profesor de la Autónoma de Barcelona, Alejandro Nieto García, en abril de 1975; en sus intervenciones en distintas asambleas, como la realizada en Puentezuelas el 2 de marzo de 1976 donde la policía informa sólo de la de Rafael Fernández, que convocaba un paro en Derecho para el día siguiente en protesta por “la reiterada suspensión de actos culturales” o la de quemar simbólicamente un periódico de Patria por “las tendenciosas informaciones que viene haciendo sobre distintas conferencias y actos culturales).
Hay un caso especialmente relevante, el de Rafael Fernández Píñar-Afán de Rivera, estudiante de Derecho, en el que el seguimiento de la BPS es específico, ya que lo considera uno de los mayores activistas del distrito universitario
Unos días más tarde, el 5 de marzo, la policía identificará entre “los cabecillas” que se manifiestan en el Diario Patria a Rafael Fernández, a Fernando Wulf Alonso y Fernando Montalvo Gómez. Esta manifestación de medio centenar de estudiantes se produce al término de la Mesa Redonda que se había celebrado en el Hospital Real sobre los medios de comunicación y en la que habían participado el decano Jesús Lens Tuero y el periodista Eduardo Castro Maldonado. De nuevo, se refieren a Fernández-Píñar cuando se detecta su presencia en alguna actividad como en la representación de la obra Ubú Rey, de Alfred Jarry, en diciembre de 1975, en que la policía destaca la “presencia de varios activistas estudiantiles, entre los que se encontraba el estudiante de 5º de Derecho, Rafael Fernández Píñar”. Pero, además, se va mucho más allá y llegan, incluso, al intrusismo en el terreno laboral. Así, el 24 de febrero de 1975 es “sorprendido” en la localidad de Huéscar trabajando para la empresa de encuestas Metra Seis. Tras la detención preceptiva, la policía remite el formulario de encuesta al Gobierno Civil, al tiempo que cuestiona la objetividad de esta empresa porque “su reconocimiento casi expreso a la existencia actual o futura de partidos políticos”, delata su intención. Pero, lo más grave es que muestre su extrañeza de que esta empresa “pueda emplear como encuestadores a personas con antecedentes como el que fue sorprendido en esta provincia”, refiriéndose a Rafael Fernández Píñar.
El estado policial franquista, y que se alarga en la llamada transición, en fin, debía controlar todos los movimientos de los estudiantes, profesores e, incluso, autoridades académicas y lo hará tanto en la propia Universidad como en los colegios mayores. Un caso que ejemplifica la vigilancia sobre todo lo que se mueve en el ámbito universitario lo encontramos en la presentación de la Asociación Democrática de la Juventud –patrocinada por la Joven Guardia Roja- en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago a comienzos de marzo de 1976. La búsqueda de los patrocinadores lleva a la policía a interrogar en las dependencias policiales al director del mismo sobre si había o no consentido una reunión de la misma sin la preceptiva autorización gubernativa. Unos días más tarde, investigando quiénes son los estudiantes que la forman, le lleva a interrogar, también, al director del Colegio Mayor Santa Cruz la Real, de donde es colegial Francisco Javier Verdejo Lucas, asesinado por bandas fascistas poco más tarde en Almería. Posteriormente, tras la consiguiente investigación, serán implicados otros alumnos como José García Yedra, Juana Martos Colón o Jorge Aguilera Escobar, entre otros.
Cualquier actividad que se solicita en el Gobierno Civil para su autorización, siempre cumple un requisito previo: un informe de la BPS sobre las actividades de los solicitantes
Cualquier actividad que se solicita en el Gobierno Civil para su autorización, siempre cumple un requisito previo: un informe de la BPS sobre las actividades de los solicitantes. Así, se va catalogando a muchos de ellos que no necesariamente son siempre de izquierdas, sino simplemente porque tuvieran alguna actitud distante del régimen. Este informe se remitía, a su vez, al Gobierno Civil para que la autoridad competente tuviera en cuenta estos antecedentes al autorizar o no dicha actividad. Así, cuando el 24 de abril se solicita la legalización del 1º de mayo de 1976, o la manifestación pro-amnistía del 11 de julio de ese mismo año o el acto de homenaje a Federico García Lorca el día 5 de junio, entre otros, se emiten los respectivos informes sobre los solicitantes. Es curioso que los datos más abultados corresponden siempre a los dirigentes obreros, pero no escapan algunos alumnos y profesores universitarios, así como profesionales o intelectuales de los que nos encontramos una gran variedad de catalogaciones.
Una de las más usadas es la referida a la catalogación genérica de “desafecto”. Todavía en los informes de 1976, se consideran de esta forma a alumnos como Pilar Arcas Ruiz; a periodistas como Eduardo Castro Maldonado, Antonio Checa Godoy (del que además se dice que es “sospecho de pertenecer a ASA) o Antonio Ramos Espejo (del que, se dice que tiene una ideología “izquierdista”), así como a escritores como Juan de Loxa.
Otra de las catalogaciones es la referida a la ideología de los opositores. Aquí la variedad es la norma y la BPS, haciendo gala de su inteligencia, sintetiza en pocas palabras la ideología o el compromiso de quienes vigila
Otra de las catalogaciones es la referida a la ideología de los opositores. Aquí la variedad es la norma y la BPS, haciendo gala de su inteligencia, sintetiza en pocas palabras la ideología o el compromiso de quienes vigila. Del catedrático de Derecho, José Cazorla Pérez, afirma que “siempre demostró simpatía por los activistas de su Facultad”; con un escueto “socialista”, termina de calificarlo. Más contundente se muestra cuando define al decano de Filosofía Jesús Lens Tuero de “científico marxista” porque, precisamente, fue el que presidió la conferencia de Louis Althusser en el Hospital Real el día 26 de marzo de 1976 y la BPS, en su informe, recuerda su participación expresamente como señal inequívoca de su apuesta por el marxismo; o de “liberal y anti-régimen” cuando se refiere al profesor de Historia del Arte, José Manuel Pita Andrade. En el extremo opuesto, no sabe dónde ubicar a Concepción Félez y afirma de ella que es “amiga del marxista Louis Altohouser” (sic)” Suponemos que porque sabe que ella fue la que lo alojó en Granada en su domicilio particular cuando dio su conferencia en el Hospital Real en 1976. En otros casos, cuando catalogan a militantes fichados como a Julia García Leal, del PTE, o a Antonio Córdoba Fernández (dirigente del MCA) los definen, sin ambages, como “marxistas-leninistas” y, en el último caso, además, dice que “fue cabecilla de su Facultad”. De igual forma, no dudan en calificar al catedrático de la Facultad de Ciencias, José María Fontboté Mussolas como “separatista catalán”.
Hay varios casos, no obstante, de los que la BPS tiene un mayor conocimiento o, digamos, información sobre estos opositores y no duda en hacer de ellos un informe más exhaustivo que muestra el seguimiento no sólo de sus actividades políticas, sino también docentes, cuando no de las relaciones que guardan con otros. Así es el informe sobre el catedrático de Filosofía del Derecho, Nicolás María López Calera del que constata su evolución ideológica en los últimos años que, según la BPS, “ha experimentado un total cambio hacia la izquierda”. En este caso, el informante llega más lejos y lo acusa de que en su departamento “sólo acepta a PNNs anti régimen”; le sigue la pista hasta una conferencia que dio en Salamanca donde expuso teorías “totalmente marxistas”; acaba con su asistencia a una comida con Tamames (en la que aparecen otros nombres como Joaquín Bosque Maurel, su hijo Joaquín Bosque Sendra, y el propio José Cazorla, entre otros), y, finalmente, con su conocimiento de que “aspira al rectorado con el apoyo de Federico Mayor Zaragoza”.
Bibliografía:
- MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso (Coord.); SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro; RUEDA CASTAÑO, Isabel; SÁNCHEZ RODRIGO, José María; CONEJERO RODRÍGUEZ, Miguel y RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar: La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-1981), Vol. I y II, Córdoba, El Páramo, 2012.
- MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso: La lucha del movimiento obrero en Granada por las libertades y la democracia. Pepe Cid y Paco Portillo: dos líderes, dos puentes. Fundación de Estudios y Cooperación de CCOO-A, Granada, 2012.
- Archivo de la Universidad de Granada, carpeta Asociaciones de Estudiantes, 69/71; carpeta Sª General del Rectorado. Sección estudiantes. Resolución de la Cámara de Distrito en el curso 72/73
- Archivo del Gobierno Civil de Granada, Caja 1325-A, informe de la DGS, de 8 de marzo de 1976, núm. 13644; Caja “Generales de Orden Público”, Granada Capital, Negociado Orden Público 12.1. de 22 de abril de 1975; Caja 1325-A, Informe de la DGS, R. núm. 337, de 2 de marzo de 1975 y en la misma caja informe del 25 de abril de 1975 o el informe del Gobernador Civil al Director General de Política Interior de 3 de diciembre de 1975, núm. 66211 ; Caja 1325-A, acta de declaración de Manuel Villar de 3 de marzo de 1976, BRIS, nº 619, de 2 de marzo de 1976; Caja 1325-A, Caja 1210-D, Asunto: “Reuniones (1976)”, informe del Gobernador Civil a diversas autoridades de 3 de mayo de 1976, Caja 1.210-D “Manifestaciones en 1976”, Jefatura Superior de Policía a Gobierno Civil, nº entrada 31.935, de 22 de mayo de 1976. Caja 1.210-D, Asunto: “Manifestaciones (1976)”. La relación nominal de los identificados por la Jefatura Superior de Policía se envía al Gobernador Civil el 6 de julio de 1976 y consta de 7 folios, en la misma carpeta.
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Para que nunca se olvide. Para que nunca se repita.
En colaboración con y las asociaciones memorialistas de la provincia de Granada.
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