Mira que es difícil movilizar a los padres por cuestiones referidas a la educación de sus hijos. Cada uno tiene su trabajo y poco tiempo para emplearlo en manifestarse por cualquier motivo. Tal vez por eso los medios de comunicación, alabando ese esfuerzo, nos hacemos eco de cualquier concentración relacionada con este tema, como la de esta semana.

Los padres de los alumnos de los Colegios Públicos Rurales Alpujarra, en Bérchules, Valle del Guadalfeo, en Torvizcón y Los Castaños, en Pitres, así como Berta Wihelmi, en Pinos Genil, y otros centros de Cájar, Gójar y Puerto Lope están en pie de guerra porque desde la Consejería de Educación andaluza han decidido agrupar al alumnado de distinto ciclo por encima de los límites legales, porque hay falta de personal y eso redunda en una pérdida de la calidad educativa. De hecho, desde el 17 de setiembre no acuden a clase los chavales de Bérchules, Juviles, Alcútar, Torvizcón y Almegíjar para exigir un nivel acorde con lo que creen que merecen sus hijos, sean de La Alpujarra o del mismo centro de la Gran Vía granadina. Todos ellos estuvieron representados en una manifestación convocada por el sindicato USTEA ante la delegación de educación, el pasado martes.

No se explica que tantos colegios se levanten en pie de guerra por esa agrupación de aulas y, por tanto, reducción de profesores y maestras. Se amparan bajo una ratio que permite que en el caso de mi propio hijo nada menos que diez y siete alumnos de dos niveles diferentes (primero y segundo de primaria) tengan que compartir profesor, clase y conocimientos

El delegado de educación Antonio Jesús Castillo ha llegado con muchas ganas de vender humo y tratar de hacer magia para engañar a los padres y hacernos ver blanco lo negro. Por eso, se esmeraron en contarnos que había bajado la ratio de niños en las aulas y que habían incrementado el número de profesores; por desgracia, lo que no decían es que parece haber un plan oculto para reducir la cantidad de colegios en los pueblos y concentrarlos en la capital.

De otra forma, no se explica que tantos colegios se levanten en pie de guerra por esa agrupación de aulas y, por tanto, reducción de profesores y maestras. Se amparan bajo una ratio que permite que en el caso de mi propio hijo nada menos que diez y siete alumnos de dos niveles diferentes (primero y segundo de primaria) tengan que compartir profesor, clase y conocimientos.

El mismo consejero de educación Javier Imbroda salió a la palestra con su sonrisa de político para recordar que «son casos puntuales» que se seguían estudiando, al mismo tiempo que amenazó a los padres y les pidió que no usasen a sus hijos como rehenes de las protestas y que volvieran a clase. Lo que no dijo es que uno o dos, efectivamente, se pueden considerar casos puntuales, pero nueve o diez ya es un número que agrupa a cientos de alumnos, a miles de padres y decenas de profesores.

Y yo me pregunto qué es eso de que se siguen estudiando esos casos, ¿han tenido que esperar a que empezara el curso? ¿No han tenido tiempo de hacerlo antes? ¿Es que junio y julio han dejado de ser meses de trabajo? ¿Acaso no sabían lo que hacían? ¿O quizás el consejero no estaba informado? ¿O simplemente ha dejado pasar el tiempo?

Y yo me pregunto qué es eso de que se siguen estudiando esos casos, ¿han tenido que esperar a que empezara el curso? ¿No han tenido tiempo de hacerlo antes? ¿Es que junio y julio han dejado de ser meses de trabajo? ¿Acaso no sabían lo que hacían? ¿O quizás el consejero no estaba informado? ¿O simplemente ha dejado pasar el tiempo?

Lo que tampoco explicó era que ya estaban iniciándose los trámites para actuar contra los manifestantes. Y el caso es que hace un par de días, el servicio de Inspección de la Delegación de la Consejería de Educación y Deporte de Granada anunció que iba a aplicar el protocolo de absentismo escolar para garantizar el derecho a la educación de los menores en los colegios alpujarreños donde tanto padres como alumnos e incluso algunos profesores están movilizándose.

Esa sí que es una medida inteligente. No se negocia, no se habla, pero se actúa contra aquellos que protestan para que dejen de moverse por una educación mejor para sus hijos y se conformen con las únicas migajas que la administración parece dispuesta a ofrecer.

Es bochornoso, además de ilegal, y se hace una vez iniciado el ciclo educativo para que pase más desapercibido, para que los padres entendamos que no hay plazo de cambio. De hecho, el pasado mes de setiembre desde la CGT se envió un informe que solicitaba explicaciones a Delegación, para cuya respuesta tienen un plazo de tres meses, es decir, que es previsible que hasta finales de año no llegue una contestación al respecto.

Y mientras tanto, ese último partido emergente que ha encontrado un sitio en las instituciones andaluzas está muy preocupado por localizar los centros en los que se imparte la religión islámica y por ahí van sus preguntas en el Parlamento Andaluz. Parece que eso es lo único que le importa en educación

Y mientras tanto, ese último partido emergente que ha encontrado un sitio en las instituciones andaluzas está muy preocupado por localizar los centros en los que se imparte la religión islámica y por ahí van sus preguntas en el Parlamento Andaluz. Parece que eso es lo único que le importa en educación.

Afortunadamente, el Defensor del Pueblo andaluz Jesús Maeztu ha iniciado una investigación para descubrir si está justificada la supuesta eliminación de líneas especialmente en los colegios de Torvizcón y Bérchules con aulas en Alcútar y Juviles, donde los niños siguen sin asistir a clase en señal de protesta.

Tal vez los padres de otros centros y los profesores de esos colegios y de los demás piensen que todo esto no les afecta y se equivocan. En Pinos Genil, por ejemplo, para rellenar los huecos de los tres profesores menos que hay con respecto al año pasado frente a una población estudiantil incluso un poco mayor tienen que echar mano de los profesores de apoyo, así que muchos alumnos se verán privados de este servicio. Si las cosas siguen empeorando, el traslado de niños a otros centros será una opción que dejará menos chavales en el colegio de ese pueblo y más en aquel al que se traslade, con lo cual se perjudicará la calidad global de la enseñanza. Eso sin contar con que, en el fondo, todo lo que parece esconderse tras estos movimientos es una merma de profesorado y medios en los pueblos de granada como paso previo a extenderlo al resto. Hoy nos ha tocado a Pinos Genil, a Cájar o a Bérchules, pero mañana puede suceder en cualquier otro pueblo, incluso en el tuyo. Un país sin un buen nivel de educación para sus hijos no tiene futuro, así que aunque las presiones traten de estrangular las movilizaciones de estos padres y profesores, es muchísimo lo que estamos poniendo en juego y no estamos dispuestos a arrojar la toalla.