El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha remitido este domingo por la mañana al juzgado la "documentación solicitada" en relación al llamado 'caso Romanones' sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada, después de que el Juzgado de Instrucción 4 de la capital granadina le hubiera dado esta semana un plazo de tres días precisamente para que enviara la documentación íntegra que obra en su poder sobre los presuntos implicados, advirtiéndole de que, si no lo hacía, podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial y/o denegación de auxilio a la justicia.

 

Además, ante la imposibilidad de que un funcionario entregara a Martínez la notificación, el magistrado recurrió a la Policía Judicial el jueves para tratar de entregarle en mano al arzobispo el auto.

 

Según ha informado el Arzobispado en una nota, la documentación se ha presentado ante el juzgado de guardia, y en la comunicación que se ha remitido a dicha instancia, "de acuerdo con la legislación aplicable y con las indicaciones de la autoridad competente de la Iglesia", se han transmitido "las cautelas y reservas que protegen esa documentación, al tratarse de documentación obtenida en el ámbito eclesial y que responde a la normativa canónica propia de ese ámbito".

 

El Arzobispado explica que el pasado miércoles y jueves el arzobispo estaba en Córdoba y Madrid "gestionando diversos asuntos relacionados con su ministerio en la diócesis", y este pasado viernes día 29 acudió "a la hora convenida con los notificadores judiciales, y le fue notificado personalmente el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4, en el que se le requería para aportar determinada documentación relacionada con los presuntos delitos de abusos sexuales imputados a unos sacerdotes y laicos de la diócesis".

 

El prelado, según remarca el Arzobispado, "ha venido cooperando con la autoridad judicial desde que se tuvo noticia de la denuncia de estos hechos, habiendo instado incluso al denunciante, por ser mayor de edad, a que presentara la correspondiente denuncia a las autoridades civiles".

 

Sin embargo, "al estar el procedimiento canónico en manos de la Santa Sede, y al estar protegidos también los documentos por un acuerdo de rango internacional", al arzobispo "le hacía imposible disponer a su arbitrio de la documentación solicitada sin violar tanto el ordenamiento legal vigente como la disciplina de la Iglesia", algo que "se le hizo saber al juzgado tras su primera petición de esos documentos", que fue "comunicada el 14 de mayo, y ha sido reiterada ahora en el requerimiento entregado el viernes 29".

"Tan pronto el arzobispo tuvo conocimiento de estos requerimientos, trasladó las notificaciones del juez a la Congregación para la Doctrina de la Fe, única instancia eclesiástica competente en el tema, que en carta del 28 de mayo autoriza al arzobispo a entregar al juez la documentación solicitada, 'con el propósito de que la autoridad judicial civil pueda aclarar los presuntos hechos delictivos'".

 

En consecuencia, el arzobispo ha hecho llegar este mismo domingo por la mañana "al juzgado la documentación solicitada, presentándola ante el juzgado de guardia".