La Audiencia Provincial de Granada ha dejado sin efecto las medidas urgentes acordadas por el Juzgado de Instrucción 9 de la capital granadina el pasado mes de junio por las que retiraba la custodia de su hija a Rocío de la Osa, quien fuera vicepresidenta de Infancia Libre, asociación que la Fiscalía de Madrid investiga como una supuesta trama criminal.

En el marco de la investigación que se siguió contra De la Osa en Granada por supuestas sustracción de menores y por desobediencia, la Audiencia Provincial, en un auto de fecha 20 de noviembre notificado este martes, da la razón a la madre, deja sin efecto las medidas urgentes decretadas por el juez de instrucción, y deja en vigor la sentencia que regula la custodia de la niña, que tiene la progenitora.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han precisado que, contra este auto no cabe recurso, por lo que, en los próximos días, en fecha aún por determinar, está previsto que la niña pueda volver con la madre, después de que haya estado con una tía desde el pasado mes de junio.

El pasado 29 de noviembre, la expresidenta de Infancia Libre María Sevilla, investigada por la Fiscalía de Madrid por formar parte de una supuesta trama criminal, denunció que se intente "criminalizar" a las mujeres que defienden los "derechos de sus hijos", reprochando a la Policía que la detuviera como si fuera "una terrorista del ISIS".

Lo hizo tras declarar ante la Fiscalía de Madrid dentro de la investigación abierta a instancias de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en los Juzgados de la Plaza de Castilla de la capital española.

A finales de julio, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en los Juzgados de Plaza Castilla remitió a la Fiscalía un informe que apuntaba a que Infancia Libre, la organización que se dedicaba supuestamente a la protección de los niños, operaba como una organización criminal, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.

Desde el 1 de abril han sido detenidas María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, y otras tres mujeres vinculadas a esta organización. Fue ella la que en 2017 participó en una comisión en el Congreso de los Diputados invitada por Podemos donde denunció varios casos de abusos sexuales de los "más de 170" que, según decía, habían sido contabilizados por esta organización.

Los investigadores de la Policía apuntan a que la asociación actuaba como una red criminal para tramitar denunciar falsas al objeto de perjudicar a los padres retirando la custodia de los menores.

Para ello, las madres denunciantes fundadoras de Infancia Libre o vinculadas a esta organización se apoyaban presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía, que eran los encargados de tramitar denuncias con un mismo patrón.