El año pasado los juzgados de la provincia ingresaron 56 asuntos por 'okupas', lo que se denomina procesos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, indican los datos del Consejo General del Poder Judicial, y se presentaron 183 denuncias por ocupación ilegal, según el Colegio de Abogados. Por contra, los juzgados granadinos dictaron 336 desahucios, seis veces más que procesos por 'okupas', e iniciaron 673 ejeuciones hipotecarias, el paso previo para los desalojos. 

Sin embargo, para la alcaldesa de Granada y la abogacía local el "problema social" es la ocupación de viviendas y por ello este viernes han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha de la Oficina de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas, un nuevo servicio de asesoramiento jurídico gratuito dirigido a propietarios cuyos inmuebles puedan haber sido ocupados ilegalmente en la capital granadina, mientras que las personas y familias afectadas por desahucios siguen sin disponer de ayuda pública alguna. 

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que este convenio "responde a una necesidad urgente que nos han trasladado numerosos vecinos que se sienten indefensos ante la ocupación de sus propiedades".

"Se trata de un problema que va más allá de la propiedad privada. Afecta a la convivencia, a la seguridad y al bienestar de las familias. Por eso, como administración pública, tenemos la responsabilidad de ofrecer herramientas eficaces y accesibles que den respuestas claras desde la legalidad", ha afirmado Carazo a través de una nota tras la firma del convenio.

A partir de septiembre

El nuevo servicio ofrecerá orientación legal personalizada a través de citas semanales, atendidas por letrados especializados designados por la entidad colegial. Estas sesiones se realizarán en la sede colegial de la calle Cárcel Alta a partir de septiembre, los martes de 10:00 a 12:00 horas, y se podrán solicitar a través de una plataforma digital común habilitada tanto por el ICAGR como por el Ayuntamiento.

"Esta oficina va a permitir que cualquier persona afectada por una ocupación ilegal pueda saber qué pasos dar, qué derechos tiene, cómo actuar con seguridad jurídica y qué mecanismos existen para recuperar su vivienda sin verse abocada a la indefensión", ha subrayado la alcaldesa.

Además, ha insistido en el carácter "social" del convenio: "queremos estar al lado de quienes se sienten desprotegidos y de los barrios que sufren los efectos de estas ocupaciones no solo en lo material, sino también en su día a día. Defender la propiedad también es defender la convivencia".

Marifrán Carazo ha agradecido especialmente la implicación del Colegio de Abogados en esta iniciativa y ha asegurado que "contar con el respaldo de una institución como el ICAGR nos garantiza que el servicio se prestará con el máximo rigor, confidencialidad y profesionalidad. Esta colaboración refuerza la confianza ciudadana en las instituciones".

Por su parte, el decano del ICAGR, Leandro Cabrera, ha valorado positivamente el convenio como "un paso adelante en la protección de los derechos de los ciudadanos, a través de un servicio jurídico público y especializado que marcará un antes y un después en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas en nuestra ciudad". "Como garante del Estado de Derecho y responsable de la protección de los derechos de consumidores y usuarios, la abogacía granadina debe actuar en esta materia", ha destacado.

Para Carazo, "en paralelo, debemos reclamar medidas al Gobierno central para la protección de los propietarios, que no se encuentren desamparados en caso de ocupación", y ha añadido que "al margen de trabajar dentro de nuestras competencias por garantizar la seguridad jurídica de los granadinos, vamos a seguir reclamando al Ejecutivo que combata la ocupación ilegal".

Igualmente, la alcaldesa ha reseñado que "desde el Ayuntamiento de Granada ya hemos lanzado una guía de actuación y asesoramiento para prevenir la ocupación ilegal de viviendas", y ha subrayado que "en nuestro compromiso con los granadinos y las familias por garantizar la seguridad y la convivencia".

Asimismo, Carazo ha expuesto que "es fundamental que los ciudadanos conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante una situación de este tipo, destacando la importancia de llamar al 092, a nuestra Policía Local, de forma inmediata".