La plataforma se pronuncia sobre la puesta en marcha de la oficina 'antiokupación' en Granada
Stop Desahucios 15M recuerda al Ayuntamiento de Granada que "el verdadero problema no son las ocupaciones, son los desahucios"
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"En Granada miles de familias siguen perdiendo su casa mientras se destinan recursos públicos a blindar los privilegios de unos pocos"
Reciente movilización contra desahucios municipales en Santa Adela. stop desahucios 15M
La plataforma Stop Desahucios Granada 15M ha recordado al Ayuntamiento de la capital que "el verdadero problema no son las ocupaciones de vivienda, sino los desahucios". Así se ha pronunciado ante la puesta en marcha de la oficina municipal 'antiokupación'.
A juicio del colectivo, la iniciativa "refleja de nuevo una prioridad política equivocada", dado que "se protege a quienes menos lo necesitan mientras se abandona a quienes ven amenazado un derecho básico".
"En lugar de criminalizar y estigmatizar la ocupación, debería trabajar por garantizar el acceso a la vivienda, regular los precios del alquiler, reforzar el parque público y ofrecer apoyo jurídico real y eficaz a las familias que enfrentan un desahucio"
"En lugar de criminalizar y estigmatizar la ocupación, debería trabajar por garantizar el acceso a la vivienda, regular los precios del alquiler, reforzar el parque público y ofrecer apoyo jurídico real y eficaz a las familias que enfrentan un desahucio", ha subrayado el colectivo, que ha recordado que todas estas cuestiones son competencia de las administraciones locales y autonómicas, "que llevan años sin cumplirlas dejando de lado los tratados y textos legales que las comprometen (ley de vivienda, constitución española, carta universal de los derechos humanos y el resto de compromisos internacionales firmados por el estado español)".
"Porque el problema no son las ocupaciones. El problema es que en Granada miles de familias siguen perdiendo su casa mientras se destinan recursos públicos a blindar los privilegios de unos pocos", ha subrayado la plataforma.
Reproducimos a continuación, en su integridad, el pronunciamiento de Stop Desahucios 15M:
Desde Stop Desahucios Granada 15M queremos manifestar nuestra preocupación ante el anuncio de la puesta en marcha de la Oficina Municipal de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas, un servicio sufragado con dinero público que vuelve a situar en primer plano un problema sobredimensionado, mientras se invisibiliza la verdadera emergencia habitacional que atraviesan miles de familias en nuestra ciudad.
1. El verdadero problema no son las ocupaciones, son los desahucios. En Granada, como muestran los propios datos del Consejo General del Poder Judicial, los procedimientos judiciales por ocupación son una mínima proporción frente a los procesos por impago de alquileres o de hipotecas. Sin embargo, se destina dinero y recursos a crear un servicio específico para “asesorar” a propietarios, mientras se deja de lado a quienes están perdiendo sus hogares porque no pueden hacer frente a alquileres abusivos ni a cuotas hipotecarias impagables.
En 2024 casi 700 familias sufrieron ejecuciones hipotecarias que terminarán en la pérdida de su vivienda y un desahucio muy probablemente
Los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial así lo atestiguan: en 2024 casi 700 familias sufrieron ejecuciones hipotecarias que terminarán en la pérdida de su vivienda y un desahucio muy probablemente. Así mismo, se produjeron más de 300 lanzamientos/desahucios en la provincia (ante la imposibilidad de pagar las rentas del alquiler o de las cuotas hipotecarias) frente a las 183 denuncias por usurpación (según los datos del Ministerio del Interior) y que se refieren a viviendas que no son ni la vivienda habitual ni una segunda residencia (en estos casos el delito es de allanamiento y el desalojo es inmediato). Y aunque el Consejo General del Poder Judicial no suele publicar los procedimientos de "recuperación de la posesión" de manera desagregada por provincia o partido judicial, diferentes fuentes (como el diario El Independiente de Granada) informan de que en Granada serían poco más de 50 los procesos verbales por ocupación.
2. El acceso a la vivienda es el problema central. El derecho a la vivienda, reconocido en la Constitución, no se garantiza. Por el contrario, las administraciones siguen permitiendo que se especule con un bien de primera necesidad como si fuera una mercancía más, reforzando un modelo basado en el rentismo y la especulación.
3. Una asimetría en las respuestas. Mientras el Ayuntamiento corre a ofrecer apoyo jurídico gratuito para proteger los intereses de propietarios, no existe un servicio equivalente para inquilinos o familias hipotecadas que sufren subidas abusivas de los alquileres, contratos fraudulentos o ejecuciones hipotecarias. Tampoco para quienes necesitan orientación y defensa frente a la banca, que sigue imponiendo sus reglas bajo un “código de buenas prácticas” voluntario e incumplido sin consecuencias.
4. El papel del Colegio de Abogados. Nos resulta llamativo que el Colegio de Abogados, que presume de contar con más de 100 profesionales especializados en ocupación, no sea capaz de garantizar en el turno de oficio un grupo de abogados igualmente formados en procedimientos de desahucios o ejecuciones hipotecarias. Una carencia gravísima en una ciudad donde miles de familias han pasado y siguen pasando por estos procesos sin un asesoramiento adecuado sobre los derechos que les asisten.
5. La responsabilidad del Ayuntamiento. La alcaldesa declara que esta oficina responde a una “necesidad trasladada por numerosos vecinos”. Pero ignora, de manera consciente, la voz de quienes sufren en carne propia la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y que están siendo desahuciados. No olvidemos que incluso el propio Ayuntamiento impulsa procesos de desahucio contra vecinos del Zaidín que viven en viviendas sociales y que jamás podrían acceder al mercado libre de la vivienda.
6. Una pregunta necesaria: ¿cuánto va a costar esta oficina? Exigimos transparencia sobre el gasto que supondrá mantener este servicio y que se nos indique con qué recursos cuenta, en comparación con la Oficina Social de la Vivienda. ¿Qué recursos se dedican realmente a la defensa del derecho a la vivienda frente a los que se destinan a “luchar” contra un problema inflado en el discurso mediático y político?
Esta iniciativa refleja de nuevo una prioridad política equivocada: se protege a quienes menos lo necesitan mientras se abandona a quienes ven amenazado un derecho básico
En conclusión, esta iniciativa refleja de nuevo una prioridad política equivocada: se protege a quienes menos lo necesitan mientras se abandona a quienes ven amenazado un derecho básico. El Ayuntamiento de Granada, en lugar de criminalizar y estigmatizar la ocupación, debería trabajar por garantizar el acceso a la vivienda, regular los precios del alquiler, reforzar el parque público y ofrecer apoyo jurídico real y eficaz a las familias que enfrentan un desahucio. Todas estas cuestiones son competencia de las administraciones locales y autonómicas que llevan años sin cumplirlas dejando de lado los tratados y textos legales que las comprometen (ley de vivienda, constitución española, carta universal de los derechos humanos y el resto de compromisos internacionales firmados por el estado español).
Porque el problema no son las ocupaciones. El problema es que en Granada miles de familias siguen perdiendo su casa mientras se destinan recursos públicos a blindar los privilegios de unos pocos.
