El Ayuntamiento de Granada y Emasagra la empresa municipal encargada de la gestión del agua, han renovado el convenio de colaboración para luchar contra la "hidrovulnerabilidad, una realidad que afecta a personas y familias que atraviesan dificultades económicas y no pueden afrontar el pago de sus facturas de agua". Esta alianza, según ha informado el Consistorio, "se enmarca dentro de los objetivos de desarrollo social y sostenibilidad del municipio y responde al firme compromiso de ambas entidades por no dejar a nadie atrás".

Según la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, "el acceso al agua es un derecho esencial que ninguna persona debe perder por falta de recursos. Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Granada da un paso decidido para blindar este derecho y proteger a quienes más lo necesitan". Por ello, ha añadido, "la justicia social comienza en los servicios básicos, y garantizarlos es una obligación moral e institucional".

El convenio, con una duración inicial de cuatro años, establece un marco de actuación conjunto que permitirá atender situaciones de precariedad mediante "acciones coordinadas, ágiles y adaptadas a cada caso". Entre las medidas más destacadas se encuentran, "el fraccionamiento personalizado de deudas por impago de agua, atendiendo a la situación económica de cada usuario; la suspensión de cortes de suministro para personas que hayan sido valoradas por los Servicios Sociales como hidrovulnerables; la reanudación del servicio con bonificaciones de hasta el 80 % en los costes de reconexión, en caso de interrupciones injustificadas o la posibilidad de acceso a bonificaciones sociales y al Fondo Social del Agua, gestionado por Emasagra".

Recoge la atención prioritaria a personas que inicien procedimientos de ayuda o estén en valoración por parte del Ayuntamiento, con acceso gratuito al cambio de titularidad de contratos de agua para facilitar la gestión de ayudas a arrendatarios en situación de pobreza hídrica.

Según la regidora, "este convenio no es solo un mecanismo técnico, sino un ejemplo de colaboración público-privada con vocación social. Ayuntamiento y empresa pública suman esfuerzos, recursos y capacidades para llegar más lejos y responder de forma integral a una problemática compleja y creciente, como es la pobreza hídrica".

“La colaboración público-privada que impulsa este acuerdo tiene un enfoque profundamente humano. No se trata solo de números, sino de personas, de familias, de menores y mayores que merecen vivir con dignidad”, ha explicado Craazo, quien ha destacado que “una sociedad que no garantiza derechos básicos no puede considerarse plenamente democrática ni justa”.

La iniciativa se enmarca en el plan estratégico de inclusión social y lucha contra la pobreza, con especial atención a la cobertura de necesidades básicas y al acompañamiento integral de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo. El convenio fortalece además la red municipal de servicios sociales, que contará con apoyo técnico y canales directos de comunicación con Emasagra para agilizar trámites y minimizar tiempos de espera.

Este acuerdo supone un avance decisivo hacia una Granada más comprometida con el bienestar de su ciudadanía. Una ciudad que escucha, que actúa, y que cree que el desarrollo urbano debe ir de la mano del desarrollo humano. “Este convenio es la prueba de que una gestión responsable, coordinada y sensible puede transformar la realidad de muchas personas”, ha concluido la alcaldesa.  

Marifrán Carazo ha recordado los datos correspondientes a 2024, año en el que Emasagra aplicó medidas sociales a un total de 4.517 familias vulnerables, que se corresponden con un 3% del total de usuarios de la compañía municipal.

La empresa también dispone de un plan de bonificaciones para colectivos desfavorecidos, como pensionistas o jubilados, desempleados, familias numerosas, discapacitados con grado igual o superior al 65%, personas dependientes o víctimas de violencia de género, según ha apuntado.

Para Juan Carlos Torres, director gerente de Emasagra, este "compromiso social con mayúsculas es consecuencia directa de las bonanzas de la colaboración público-privada, un marco en el que Emasagra es un referente". Añadió que "el diálogo, en los casos en los que hay gente necesitada, forma parte de la estrategia de Emasagra", que aceptará el fraccionamiento de pagos en familias necesitadas "como una forma de afrontar la lucha contra la pobreza y la exclusión social".