Una decena de padres se han organizado en una plataforma en Granada para emprender acciones conjuntas por la posible conexión de sus casos con los que se investigan vinculados a la asociación Infancia Libre, cuya vicepresidenta compareció este pasado martes en el Juzgado de Instrucción número 9 de esta ciudad por presunta sustracción de menores.

El colectivo está integrado en Granada por ocho padres y dos abuelas cuyos casos se están investigando por separado en diferentes juzgados. El portavoz de la plataforma, Miguel Carrillo, ha explicado a Europa Press que en todos ellos hay "incumplimientos reiterados del régimen de visitas y desobediencia", con informes respecto a los menores "muy parecidos" en los que se repiten incluso el nombre de profesionales, como psicólogos o pediatras.

Los afectados han contratado al bufete In Diem abogados con la pretensión de presentar "una denuncia colectiva" pues sospechan que hay "una vinculación" en sus casos con los que se investigan en torno a la asociación Infancia Libre.

Este despacho está recopilando toda la documentación de los padres granadinos y de otros de Madrid con el objetivo de coordinar acciones legales conjuntas, según ha informado a Europa Press el letrado Ángel del Pino, de In Diem abogados.

Aunque el trabajo está en una fase muy inicial, la pretensión de los afectados es que los casos se unifiquen en una sola causa, al entender que existe una dinámica común, como es la disposición de recursos técnicos, legales y periciales -a través de psicólogos fundamentalmente- que posibilitan a las madres interponer denuncias por malos tratos o abusos sexuales que si bien luego son archivadas imposibilitan durante la duración del proceso que los padres puedan ver a sus hijos. Uno de estos progenitores lleva cinco años sin poder ver a su pequeña.

La vicepresidenta de Infancia Libre, Rocío de la Osa, se acogió el martes a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, donde fue citada por presuntamente retener a su hija incumpliendo resoluciones judiciales. El juez acordó en ese momento como medida cautelar que la guarda y custodia de su hija esté provisionalmente a cargo de una tía paterna con niñas de su edad, primas de la menor.

El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer 1 de Granada celebró en 2014 un juicio de faltas en relación a este caso que se archivó y posteriormente, en 2017, emitió la sentencia de divorcio de la pareja, en el que concedía a ella la guarda y custodia de la hija que tienen en común con un régimen de visitas para el padre que supuestamente es el que ahora habría incumplido. El padre ha planteado una modificación de medidas que está pendiente de resolverse en un Juzgado de Familia, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.