El defensor del ciudadano, Manuel Martín, ha denunciado este lunes “el desamparo” en que se encuentran los enfermos mentales y sus familias en Granada, una realidad que supone un 11% del total de problemas y quejas presentadas ante la oficina que dirige y que, en sus palabras, debiera situarse “en el mapa de prioridades políticas y sociales”.

Ante la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, Manuel Martín ha reivindicado “más coordinación institucional, mayores recursos y un plan de choque para paliar las carencias de los enfermos mentales y sus familias en Granada”.

“La fecha es una oportunidad para reclamar a las Administraciones que se refuercen los dispositivos de atención; se intervenga en el tratamiento efectivo de estas personas desde un punto de vista sanitario y social; y una oportunidad también para una mayor coordinación de las distintas políticas públicas sanitarias, sociales, educativas y de la vivienda, entre otras”.

El defensor ha asegurado que “ante esta oficina, viene siendo una constante las quejas que se presentan por parte de los familiares, sobre las distintas lagunas y carencias de la salud mental, la cronificación de los casos y los correspondientes destrozos familiares”.

En este sentido, se ha referido a algunas de las problemáticas presentadas, “desde precarias situaciones socio-económicas de algunas familias para atender a estos enfermos, hasta dificultades derivadas de la grave problemática clínica o social de los afectados, o la búsqueda sin solución, de recursos de media y larga estancia donde atenderles de manera profesional, institucionalizarles y estabilizar su situación”. Asimismo, se ha referido al “peregrinar de las familias por los diferentes recursos sociales y sanitarios” o “el deterioro y desgaste” que supone para los miembros de las distintas unidades familiares para hacer frente a la problemática.

"Situación familiar dramática"

“En líneas generales, el perfil más grave y cronificado es el de personas que tienen un trastorno mental grave que genera una situación familiar dramática”. Al respecto, el defensor ha recordado que “la reforma psiquiátrica de 1984 eliminó los manicomios, por aberrantes, una cuestión que era necesaria, pero al cerrarlos se dejó el problema en manos de las familias, en lugar de crear una red adecuada de centros y unos recursos suficientes y garantizados. La verdadera reforma psiquiátrica la están haciendo las familias, cuando las hay. A falta de de los padres, hermanos, amigos que puedan de verdad atender, cuidar, responsabilizarse de ellos, el desamparo campa a sus anchas y el enfermo deambula en su propio laberinto”.

Para Manuel Martín, estas personas “sufren una doble discriminación: no pueden acceder a los recursos normalizados, por tratarse de enfermos mentales, y tampoco hay unos recursos específicos eficientes para ellos. Lograr una cama de larga estancia en una comunidad terapéutica resulta complicado: hay enfermos propuestos por los servicios de salud mental para ingresar en un centro que esperan dos, tres, e incluso más años, un tiempo en el que el deterioro va en aumento”.

También se ha referido a la ley de dependencia, que, en su opinión, “no tiene demasiado en cuenta a este tipo de enfermos ya que el baremo de valoración del grado y nivel de dependencia no se adapta bien a este perfil. Dicho baremo se diseñó en gran medida para medir la autonomía física, lo que en el caso de los enfermos mentales no es un problema. El resultado es la no concesión de ayudas en muchos casos; o su aprobación en un grado muy moderado, por lo que estos enfermos no pueden acceder a ningún recurso”.

“Como no se ha llegado a crear una red de centros y recursos necesarios para responder a las necesidades de los enfermos mentales, estos terminan en la calle, en la cárcel, o con las familias rotas y destrozadas”.

Ante este diagnóstico, para el defensor “urgen respuestas coherentes y soluciones decididas. Es decisivo superar las carencias que presenta el sistema, dado que las perspectivas son aún peores: la realidad minora profesionales, retrasa medidas anunciadas, restringe ayudas a las entidades colaboradoras y desaparecen algunos recursos de atención”.

Al menos 9.000 enfermos graves en Granada

Por último, el defensor del ciudadano de Granada ha recordado que según datos de la Confederación Española de agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental (FEAFES), en España, cerca del 3% de la población, (más de un millón de personas) tienen una enfermedad mental grave.

“En Andalucía hay 670.000 personas que padecen algún problema de salud mental, de las cuales 79.757 tendrían consideraciones graves. En Granada al menos 9.000 personas son enfermos mentales graves”

Y al respecto de los datos de FEAFES ha añadido que “más de la mitad de los enfermos que necesitan tratamiento, no lo reciben. En Andalucía, a pesar del aumento de personas con enfermedades mentales, los recursos son los mismos que en el año 2008, ya que en esa fecha se estancaron y desde entonces no se han aumentado”.

Para Manuel Martín, urgen soluciones de consenso institucional y recursos económicos y materiales destinados, no sólo a los enfermos, sino sin duda, a sus cuidadores, sus familias, dado que, siguiendo los datos aportados por la Confederación “casi el 40% de los familiares de un enfermo mental sufre algún tipo de patología derivada de su labor como cuidador. Las carencias de recursos apropiados y dignos, hace que a veces a las familias se les conviertan en verdugos a las que se responsabiliza de los que sucede al paciente, cuando ellas también son víctimas”.