El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, mantendrá el próximo lunes, 15 de junio, un encuentro telemático con los representantes de la Plataforma en Defensa del Río Castril y los alcaldes de los ayuntamientos de Castril de la Peña y Cortes de Baza para abordar el proceso expropiatorio derivado del trasvase de aguas del río Castril, a través del embalse del Portillo, para el abastecimiento a Baza y su comarca.

Esta "derivación", como denomina la CHG al trasvase, fue declarada de emergencia en el marco de un Real Decreto de medidas para hacer frente a la sequía en las cuencas hidrográficas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro. En este contexto, se autorizó la construcción de una conducción desde el embalse de Portillo -al que vierte sus aguas el río Castril- con el objetivo de garantizar el abastecimiento a una población de 28.000 habitantes, cuyas fuentes tradicionales son captaciones subterráneas "sensibles a los efectos de las sequías cíclicas", estima la CHG.

El proyecto, paralizado en 2011 cuando se encontraba al 94% de su ejecución, ha sido recurrido ante la justicia, en varias ocasiones, tanto por la Plataforma en Defensa del Río Castril, como por los ayuntamientos de la zona que solicitaban la ilegalización de las obras y las expropiaciones ligadas a las mismas. No obstante, hasta el momento, todos los procedimientos han sido favorables a la Confederación Hidrográfica.

Según explica la Subdelegació del Gobierno en una nota, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir afirma "siempre ha trabajado en una visión de conjunto para el Alto Guadiana Menor, en la que se incluye tanto el abastecimiento humano para Baza, Caniles, Zújar y Freila, como el desarrollo de sus zonas regables, como se contempla en el vigente Plan Hidrológico del Guadalquivir. Y en estos objetivos continúa trabajando sin comprometer el caudal y las condiciones ambientales del río Castril", aunque no opina igual la Plataforma, que ha llevado el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

En este sentido, el Organismo de cuenca afirma que "nunca ha tenido la intención de planificar ni realizar trasvase alguno, como bien se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. La conducción, objeto de desacuerdo, está destinada única y exclusivamente para el transporte de 4 hm³ para el abastecimiento de los vecinos de la zona, descartándose legal y técnicamente cualquier otro uso distinto a este".

Así se viene recogiendo en la planificación hidrológica de la cuenca del Guadalquivir y, más concretamente, en el último documento elaborado para tal fin, el Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI), que reitera el "uso exclusivo de esta tubería para garantizar el consumo humano y su incapacidad para albergar un volumen ni siquiera próximo para el regadío". Tal y como se recoge en la ficha 6.4, la capacidad máxima de transporte de esta conducción sería de 0,2 m³/s, una cifra "del todo insuficiente en comparación con las infraestructuras realmente destinadas a riego como el acueducto Negratín-Almanzora o el Canal de Jabalcón, ambas con toma en el embalse de Negratín, que tienen una capacidad de diseño de 2 y 4 m³ /s respectivamente (doce y veinticuatro veces superior a la conducción Portillo-Baza)2, explica la Subdelegación. 

La CHG, tras consulta a la abogacía del Estado, ha dispuesto una reunión con el colectivo para el próximo lunes, en las que se tratarán las cuestiones relativas al proceso expropiatorio.