La asociación de consumidores y usuarios FACUA Granada ha denunciado a la suministradora de agua Aguasvira ante las autoridades de consumo por utilizar una línea 902 para la atención a sus clientes.

La asociación recuerda que la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores establece en su artículo 21 que los teléfonos de atención al cliente en los sectores donde no sea obligatoria su gratuidad (telecos, electricidad y gas) no pueden suponer "un coste superior al de la tarifa básica", por lo que si son de pago, sólo resultan admisibles líneas móviles o fijos con prefijo geográfico. El texto transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea de derechos de los consumidores (Directiva 2011/83, de 25 de octubre de 2011).

En este caso el uso de la indicada línea 902 supone una infracción a esta norma, que implica un mayor coste para los usuarios a la hora de hacer sus gestiones con la empresa. Algo además agravado por el hecho de ser una empresa dedicada al suministro de un bien básico como es el agua, cuya gestión afecta a 24 municipios del área metropolitana de Granada.

Por ello desde FACUA Granada se reclama a las autoridades de consumo que apliquen sanciones a la empresa aquí denunciada, y que de igual modo Aguasvira sea obligada a sustituir esta línea de alto coste por otra con prefijo nacional, línea móvil o gratuita, conforme establece la norma.

Al respecto caber recordar que el pasado mes de  noviembre, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar manifestó que considera ilegal el uso de este tipo de líneas de alto coste. Lo hizo después de que el Tribunal Regional de Stuttgart (Alemania) plantease una cuestión prejudicial ante el TJUE para aclarar si la directiva sobre los derechos de los consumidores prohíbe la utilización de teléfonos de atención al cliente cuyas tarifas superan las que los usuarios pagan por llamadas a líneas fijas con prefijos geográficos o números móviles estándar.

En las próximas fechas, FACUA Granada presentará nuevas denuncias por irregularidades similares contra empresas de diferentes sectores que también incumplen la norma, ofreciendo líneas de alto coste para la atención a los consumidores y usuarios.