La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha señalado que la actuación de la Fiscalía en el caso de Juana Rivas, la madre de Maracena condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores, "ha sido en todo momento absolutamente ceñida a su campo de actuación natural", procurando "el cumplimiento estricto de las diferentes resoluciones".

Tárrago hace una mención especial a este mediático caso en la memoria anual de 2017 de la Fiscalía Superior de Andalucía, que fue redactada antes de que Juana Rivas fuera juzgada y condenada, aunque ya se había emitido el escrito de acusación en el que el Ministerio Público solicitaba para ella cinco años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre sus dos hijos.

En la memoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal superior hace un repaso de este caso de "gran trascendencia pública" en relación a los dos menores con residencia habitual en Italia, que fueron traídos a España a mediados de 2016 por la madre.

Reconoce Tárrago que la "trascendencia" de este caso a través de los medios de comunicación fue "muy intensa", lo que permitió a Juana Rivas "un importantísimo apoyo en amplios sectores sociales" de cara a eludir el cumplimiento de las resoluciones judiciales que, "de una manera reiterada", determinaron que los niños debían regresar a su país de residencia habitual.

Ha defendido en este sentido que "la actuación del Ministerio Fiscal ha sido en todo momento absolutamente ceñida a su campo de actuación natural, que es en los procedimientos judiciales en los que ha sido parte, y procurar el cumplimiento estricto de las diferentes resoluciones dictadas".

Recuerda que ante la apertura del procedimiento penal, seguido por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, la Fiscalía llegó a solicitar la prisión preventiva ante la actitud de la madre, que se mantuvo en paradero desconocido con los niños, compareciendo varios días después de haber sido citada.

Así y considerando que su situación de libertad, decretada por el Juzgado, suponía consentir el agotamiento del delito, el Ministerio Público recurrió esta decisión, aunque desistió días después, cuando tuvo conocimiento de que se había personado con los menores en la Comandancia de la Guardia Civil.