La Fiscalía alerta del cultivo de marihuana, que se extiende ya por las ocho provincias
En su memoria anual, la Fiscalía Superior de Andalucía llama la atención sobre el aumento de la criminalidad vinculada al tráfico de drogas en Andalucía
Policía Local Granada
Plantación desmantelada en los terrenos del antiguo Híper Granada.
La criminalidad vinculada al tráfico de drogas ha crecido en el último año un 17 por ciento en la comunidad andaluza, el incremento más elevado en el conjunto de los delitos que se dan en este territorio, según ha advertido la Fiscalía Superior de Andalucía, que sitúa como principal "caballo de batalla" la lucha contra el tráfico de hachís y los numerosos grupos criminales que confluyen en la consecución de grandes alijos.
En la memoria anual de la Fiscalía andaluza correspondiente a 2019, consultada por Europa Press, se llama la atención sobre el aumento de esta clase de delitos, que llega a ser de más de un 70 por ciento en lugares como Ceuta.
La droga que plantea los problemas "más graves de criminalidad es indudablemente el hachís", siendo la principal vía de entrada la marítima, por todo el litoral de la costa andaluza, según expone la fiscal superior, Ana Tárrago.
Las presión policial llevada a cabo en el Campo de Gibraltar, con 93.615 kilos de hachís aprehendidos solo el año pasado, ha tenido como consecuencia el desplazamiento de las descargas a otras zonas, como en el resto de la provincia de Cádiz y Ceuta, con la aprehensión de 94.320 kilos; Huelva, que ha triplicado las incautaciones con la intervención de 85 toneladas o Almería con 22 toneladas intervenidas.
En Málaga y Sevilla la Fiscalía ha confirmado la existencia de numerosos grupos criminales relacionados con los clanes del Campo de Gibraltar que utilizan distintas localidades de estas provincias para dispersar su actividad delictiva a zonas alejadas de ese territorio, donde sitúan grupos dedicados a la ocultación y preparación de embarcaciones de alta velocidad, suministro de pilotos y la descarga y guarda de la droga.
La Fiscalía Superior expone que es precisamente la confluencia de distintos grupos criminales, en la consecución de grandes alijos, lo supone una seria dificultad para la tramitación de las macrocausas vinculadas a estos delitos. De hecho, alerta de la lentitud de la instrucción, ante la falta de medios de los juzgados y tribunales y la ausencia de un sistema procesal adecuado a este tipo de criminalidad.
Esto propicia que muchas de estas causas sean asumidas por juzgados mixtos que no tienen la suficiente capacidad para una tramitación en un tiempo razonable, lo que da lugar a la puesta en libertad de investigados con alta probabilidad de reincidencia y reinicio de la actividad delictiva, en algunas ocasiones.
El tráfico a gran escala de cocaína tampoco puede desdeñarse en la comunidad; especialmente en el territorio del Campo de Gibraltar y provincia de Málaga y poblaciones colindantes.
"No hay provincia que esté libre de este tipo de actividad"
"Otro gran caballo de batalla que crece exponencialmente año a año es el cultivo de marihuana", expone la fiscal superior, quien reconoce que "definitivamente Andalucía se ha convertido en una zona de producción de este tipo de droga para su comercialización a otros países, especialmente de Europa," y actualmente "no hay provincia que esté libre de este tipo de actividad" dadas las ganancias que permite con una poca inversión.
La dificultad en este caso radica en que estas plantaciones se producen en el interior de edificios o viviendas difíciles de cubrir y con "la permisividad en parte de la población de que se trata de una droga más inocua", a pesar de las nefastas consecuencias para la salud mental que puede producir a consumidores habituales.
En este sentido, la Fiscalía antidroga se propone una regulación legal menos permisiva de la venta de las semillas modificadas que se usan para esta clase de cultivos, que actualmente no está fiscalizada al no contener principio activo ni por tanto considerada actividad ilícita.
La Fiscalía Superior mantiene que la consideración de los denominados enganches ilegales como delitos leves no parece justificado, pues supone una sensación de casi impunidad, sobre todo cuando aparecen ligados a otras figuras delictivas y provocan severos problemas sociales como ocurre con el cultivo de marihuana.
