La Junta limita la comunicación entre el jefe del gabinete jurídico en Granada y la letrada que denunció acoso laboral por razón de sexo
Imagen de detalle de la sede de la Junta, en La Norma. indegranada
Los servicios centrales del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía vigilarán el funcionamiento del departamento en Granada, tras la denuncia de una de las letradas al responsable del mismo por acoso laboral por razón de sexo. La investigación interna que se abrió a raíz de esa denuncia, de la que informó El Independiente de Granada, se ha cerrado sin que se haya podido constatar, según la Junta, la existencia de esa situación de acoso laboral; no obstante, se toman una serie de medidas que tienen como objetivo vigilar que efectivamente eso es así.
La Junta solo admite un "conflicto", pero toma medidas y entre ellas anuncia visitas sin previo aviso
Según la información recopilada por este diario, las conclusiones de esa investigación se trasladaron el pasado 24 de marzo, apenas cuatro días después de que este diario informara de la denuncia y de los meses que llevaba sin resolverse. Entonces, el Gabinete Jurídico de la Junta, al ser preguntado por El Independiente de Granada, aseguró que la resolución sería "inminente".
Entre esas medidas se mantiene la limitación de cualquier comunicación entre el jefe jurídico provincial y la letrada, que seguirá haciéndose a través de una tercera persona, profesional del mismo servicio. Si excepcionalmente tuvieran que reunirse presencialmente, se hará con la participación de esta intermediaria.
La Junta solo reconoce la existencia de "un conflicto", que evita encuadrar en una situación de acoso laboral y así justifica las medidas que ha adoptado.
Visitas sin previo aviso al servicio provincial
Además de la citada interlocución, el Gobierno andaluz hará un seguimiento del servicio jurídico provincial, con visitas sin previo aviso, para conocer su funcionamiento.
Además de actuaciones de mediación y un curso de formación para la plantilla del servicio, sobre gestión y organización del trabajo. Entre las conclusiones figura también la apertura de nuevas diligencias para analizar "otros posibles conflictos" que puedan afectar al servicio jurídico provincial.
Cuando este diario hizo pública la denuncia y la demora para resolverla, el Gabinete Jurídico alegó que se habían practicado "numerosos actos de instrucción
La letrada presentó formalmente su denuncia ante el Gabinete Jurídico el pasado año. Atribuía al responsable del servicio en Granada trato supuestamente denigrante, humillante e intimidatorio, que se agrava por la condición de mujer y que respondería a la negativa a secundar comentarios e incluso pretensiones inadecuadas. Cuando este diario hizo pública la denuncia y la demora para resolverla, el Gabinete Jurídico alegó que se habían practicado "numerosos actos de instrucción, muchos a ellos a instancia y como consecuencia de las alegaciones presentadas por la interesada, entre ellos la adopción de medidas cautelares a día de hoy vigentes, en tanto se resolviera el procedimiento así como varias testificales". Igualmente dicen que era "inminente" la resolución.
También apuntó que se había contado con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, al que ahora se han trasladado las conclusiones.
Uno de los principales temores de la denunciante y de las abogadas que prestaron declaración, algunas de ellas ya ocupando plaza en otros destinos, es precisamente las represalias que podían sufrir por este caso.
