La Policía Nacional ha detenido ha desmantelado en Motril un grupo criminal dedicado a la inmigración clandestina mediante la falsificación de documentos y al tráfico de hachís. Durante la operación, denominada Karma-Vidar, los agentes han investigado a 32 personas, de las que 22 han sido detenidas y cuatro han ingresado ya en prisión.

Según informa la Policía, la operación se inició a comienzos de febrero de 2020 y ha culminado en el presente mes de abril. Los agentes de la Comisaría de Motril detectaron la proliferación, en los últimos años, de "grupos criminales integrados por ciudadanos de origen magrebí dedicados a introducir ciudadanos extranjeros de manera irregular en el territorio español".

Además, un informe del Ayuntamiento motrileño les alertó sobre "la multiplicación de empadronamientos falsos por parte de ciudadanos extranjeros". Determinados ciudadanos de origen magrebí eran captados, a cambio de una cantidad de dinero, para consentir la inscripción de otros ciudadanos extranjeros en el padrón municipal.

El balance del operativo ha sido la detención de 22 personas y la imputación de otras diez más, como presuntos miembros de una organización criminal dedicada por un lado a la inmigración clandestina con destino a España u otros países de la Unión Europea a través de este país, y por otro lado, "aprovechando la infraestructura creada para dicho fin, a la introducción de sustancias estupefacientes en territorio nacional, especialmente derivados cannábicos, para su posterior distribución".

Según la investigación, la organización captaba a extranjeros regularizados residentes en España, fundamentalmente de nacionalidad marroquí, a quienes compraban su pasaporte o tarjeta de residencia.

Estos documentos eran manipulados y posteriormente utilizados para introducir, por vía marítima, a personas irregulares con características físicas similares. Una vez en territorio español, eran recogidas por diferentes "transportistas" y distribuidos por diversas ciudades de la geografía española en las que contaban con la infraestructura que permitía su alojamiento.

A partir de ahí y en función del pago realizado por el ciudadano extranjero, entre 7.000 y 15.000 euros, se abría la posibilidad de que la organización también se ocupase de su regularización en España vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros.

Estas regularizaciones falsas se gestionaban, bien mediante falsos episodios de violencia de género, lo que propiciaba la regularización automática de la denunciante por circunstancias excepcionales y constituyéndolas beneficiarias de una renta activa de inserción, bien, simulando relaciones afectivas análogas, o fingiendo relaciones laborales.