Podemos Granada ha pedido al Tribunal de Contratos Públicos de Granada que paralice la licitación de las obras de la Avenida Cervantes, que eliminarán casi una veintena de árboles. 

La formación política ha presentado un recurso al tribunal ante el malestar del vecindario del barrio por la licitación, por parte del gobierno de Marifran Carazo de unas obras obras que, en palabras del portavoz municipal de Podemos, Salvador Soler, “van a atentar contra una buena masa de arbolado consolidado y contra el vial de servicio que beneficia al pequeño y mediano comercio de la zona”.

Podemos exige la paralización inmediata de la licitación y una revisión en profundidad del proyecto, de sus condiciones técnicas y de sus consecuencias sobre la salud y el medio ambiente urbano. Lo hace, además de por las "graves irregularidades legales" que observa, porque, “contra lo que ha afirmado el gobierno municipal se ha hecho sin consenso con los vecinos y comerciantes del barrio".

El recurso alerta de graves irregularidades legales, sanitarias y ambientales en el procedimiento licitador, entre las que la formación morada destaca la tala masiva de arbolado urbano sin evaluación ambiental ni sanitaria. La tala “indiscriminada” de arbolado, según Soler, se hace “a pesar de encontrarse en una ciudad entre las de más contaminación atmosférica de España,” con fuerte impacto en enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Impacto en la salud pública

Para Podemos, el proyecto carece de de un estudio de impacto en la salud pública, afectando directamente a zonas residenciales, colegios y colectivos vulnerables, además carece de un plan de manipulación de amianto, lo que contraviene el Real Decreto 396/2006 de prevención de riesgos laborales, cuya ocultación puede tener, en opinión del portavoz, que además es jurista, “consecuencias penales”.

El recurso invoca derechos fundamentales como el derecho a la salud (art. 43 CE), el derecho a un medio ambiente adecuado (art. 45 CE) y el derecho a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). Cita además jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que avala la nulidad de procedimientos administrativos cuando se omite la participación ciudadana o se infringen principios de precaución ambiental.

Ahondando en la crítica expresada en el recurso, Salvador Soler afirma que  ha habido una “ausencia total de participación ciudadana”, incumpliendo el Convenio de Aarhus y diversas normativas nacionales. Además, el informe técnico elaborado por el Ayuntamiento sobre la tala de árboles ha sido calificado por la organización como “manifiestamente insuficiente y carente de rigor técnico”, contraviniendo la legislación sobre contratación pública y medio ambiente.

Por otro lado se hace hincapié en la exclusión injustificada de licitadores, al “imponer requisitos técnicos desproporcionados” que vulneran la libre concurrencia. Por todo ello, Podemos Granada ha solicitado la suspensión cautelar del procedimiento, para “evitar un perjuicio irreparable: la exposición de la población al amianto, la pérdida irreversible del arbolado urbano, y la agravación de la contaminación atmosférica en una ciudad ya catalogada como una de las más contaminadas del país.”