La Policía Nacional ha tramitado 63 expedientes sancionadores a los propietarios o arrendatarios de viviendas que habrían consentido empadronamientos fraudulentos de extranjeros en la provincia de Granada.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, las investigaciones se iniciaron a raíz de la colaboración entre la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Granada, y el Instituto Nacional de Estadística, así como de las Policías Locales de distintos Ayuntamientos, tras "detectar un elevado número de solicitudes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales".

Muchos de los solicitantes que acreditaban su residencia en la capital o en alguna población de la provincia "fijaban su supuesta residencia en una misma vivienda" en que, por sus dimensiones, "era imposible que pudieran vivir tantas personas".

Las pesquisas policiales determinaron, en este sentido, que la gran mayoría de los empadronamientos se hacían "al amparo de contratos de arrendamiento falsos, bien porque los datos del propietario-arrendador no eran ciertos, o bien porque ciudadanos extranjeros residentes en España, en connivencia con los dueños de las viviendas, percibiendo en torno a 500 euros, o las organizaciones, hacían un contrato de alquiler simulado y autorizaban el empadronamiento".

Se trataba de extranjeros en situación irregular, futuros solicitantes de autorización de residencia, a quienes cobraban elevadas cantidades de dinero por ese trámite.

La Ley de Extranjería contempla como infracciones graves y muy graves, castigadas con multas que van desde los 501 a los 10.000 euros y de los 10.001 a los 100.000 euros por cada empadronamiento.

La investigación ha discurrido por dos cauces. Por un lado, en el ámbito penal, ha dado lugar a registros y detenciones, en los que se pudo acreditar el arrendamiento de seis viviendas por una misma persona de nacionalidad española, en las que ha llegado a empadronar 120 personas.

A su vez, otros miembros de la organización, por el mismo procedimiento y mediando compensación económica, han formalizado un total de 306 empadronamientos fraudulentos en los que vulgarmente se conoce como "pisos patera" en los municipios de Santa Fe, Alhendín, Otura, Monachil, La Zubia, Illora, Valderrubio, Cijuela, Armilla, Atarfe y otros municipios granadinos.

En el ámbito administrativo, la Subdelegación de Gobierno ha resuelto expedientes sancionadores por empadronamientos falsos con y sin ánimo de lucro en las localidades de Arenas del Rey (37 empadronamientos, no acreditándose ánimo de lucro, por un importe total de 18.537 euros), Santa Fe (21 empadronamientos, no acreditándose ánimo de lucro, por un importe total de 10.521 euros) y Santa Fe (cinco empadronamientos, con ánimo de lucro, por un importe total de 10.001 euros).