El portavoz del grupo popular en la Diputación, José Antonio Robles, y responsable de la tasa de basura cuando era diputado de Medio Ambiente en 2013, sigue defendiendo la ordenanza que la regula y ha pedido este viernes al nuevo gobierno provincial que presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

“Apelamos a la responsabilidad del Gobierno de la Diputación para que presente este recurso, puesto que la sentencia no es firme y la implantación de la tasa de tratamiento contó con el beneplácito de técnicos, interventor, secretario y tesorero de la Institución, que avalan su aplicación”, ha señalado.

Robles ha hecho alusión a la intención del actual equipo de la Diputación de Granada de aprobar un dictamen en relación a la tasa de tratamiento de residuos. “Desde el Partido Popular, les decimos que ese dictamen ya lo tienen, como son los informes favorables de los técnicos de mayor rango de la Institución. No obstante, no creo que el Gobierno de José Entrena tome como primera medida llevar a la Diputación a la inestabilidad presupuestaria si no se garantiza que la basura se siga tratando”.

A juicio del portavoz del grupo popular, lo más “sensato y responsable” es presentar dicho recurso de casación ante el Tribunal Supremo y se refirió a una sentencia previa en la que el Supremo da la razón al Ayuntamiento de Madrid ante un caso similar al de la Diputación de Granada. “Es bastante probable que también el Tribunal Supremo dictaminara de forma favorable ante el recurso de la Institución Provincial”, opina Robles.

Resta importancia al valor catastral

En este sentido, ha recordado que la ordenanza ahora anulada por el TSJA fue derogada por el Gobierno provincial en diciembre de 2013 y que la tasa que ahora mismo se aplica no tiene recurso alguno en contra. Aunque reconoce que la ordenaza modificada sigue usando el valor catastral como fórmula para calcular el importe de los recibos, precisamente el motivo fundamental para que el TSJA la anulara.

Sin embargo, Robles le resta importancia: “La sentencia no anula la ordenanza en vigor, aunque hay que reconocer que la actual recoge elementos que juzga el TSJA, como es el valor catastral. Aunque la sentencia no dice en ningún momento que no sea un sistema correcto para calcular la tasa de tratamiento de residuos, lo que sí indica es que la elección del valor catastral como criterio a seguir no está formalmente documentado en el expediente”, según su interpretación.

Pero la sentencia sí que deja bien claro que, además de que el empleo del valor catastral no está documentado en el expediente, el valor catastral  "no es el factor determinante del coste del servicio que se presta", dice el TSJA.

El portavoz del grupo popular ha aclarado en este punto que el valor catastral es, a su juicio, el segundo sistema más justo para establecer la tasa.  “El primero es calcular los residuos que genera cada vivienda, pesando la basura en cada uno de los domicilios de la provincia de Granada, algo completamente utópico. Sin embargo, el valor catastral de los inmuebles pondera la capacidad económica de los contribuyentes”.

No lo vio así el TSJA en la sentencia, en la que dice que se podrían haber fijado "otros factores posibles para la distribución del coste del servicio, como el padrón de habitantes del municipio, el consumo de agua para uso doméstico o industrial, el uso de los inmuebles en proporción a su potencial producción de resdiuos, por ejemplo", sugiere.

Origen de la tasa, según el PP

La Diputación de Granada, bajo el mandato del Partido Popular, aplicó en julio de 2013 la tasa de tratamiento de residuos para contrarrestar, según Robles, la “monumental” deuda que acumulaba la extinta Resur, consorcio gestor de los residuos en la provincia de Granada, de 25 millones de euros en el año 2011, “y que hubiera alcanzado los 40 millones de euros al finalizar el mandato de no haberse tomado medida alguna”.

Robles ha recordado que fue la Intervención Provincial quien advirtió al entonces presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, que de no tomar medidas se podía incurrir en un delito de responsabilidad penal. La decisión de implantar una tasa provincial, explica el PP, nace fruto de un estudio previo sobre cómo se gestionaba el servicio público en Andalucía y otras comunidades, donde la tasa era el sistema que se aplicaba en la gran mayoría. “Las ordenanzas no las hacen los políticos, sino los técnicos”, ha apostillado José Robles en relación a los informes favorables con los que contó la tasa por parte de funcionarios, Intervención, Secretaría General  y Tesorería, además de con una sentencia del Tribunal Supremo que avala el sistema que acoge la Diputación Provincial, a juicio del PP.