Expedientes de reintegro de subvenciones para cursos de formación que no se justificaron, requerimientos de la Agencia Tributaria e impagos a la Seguridad Social, entre otras obligaciones, elevaron a más de 160.000 euros la deuda que encontró la última junta directiva de una asociación, inscrita legalmente en 1978 siguiendo los pasos de la primera fundada en 1912 por Luis Seco de Lucena.

 

27 líneas, contadas según el formato del Boletín Oficial del Estado, han puesto fin a la Asociación de la Prensa de Granada esta semana, en un momento crítico no solo para los profesionales del sector, sino también para la profesión:

 

 

La que fue la última junta directiva de la asociación, presidida por José Antonio Barrionuevo, llegó en enero de 2014 con el objetivo de dar un impulso al trabajo de la entidad en un momento difícil para la profesión. Pero pronto encontró graves dificultades. Según el primer informe presentado a los socios de la entidad tras su toma de posesión, la deuda de la asociación ascendía a 160.231 euros.

 

Buena parte de esa cantidad correspondía a expedientes de reintegro por cursos de formación. Por ese concepto 90.337 euros, una cantidad a la quedaba por sumar otro expediente. Es decir, que la Asociación de la Prensa no había justificado el gasto de las subvenciones recibidas en años anteriores -desde 2010- y la Administración (Junta de Andalucía y Hacienda) le reclamaba su devolución.

 

Deudas con profesores y otros acreedores por 55.894 euros; atrasos a la Seguridad Social por una sociedad limitada que alcanzaban los 14.272 euros; y cuotas impagadas a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España por 9.400 euros -desde 2008- integraban el resto de las obligaciones, que incluían también un crédito de 36.000 euros suscrito en 2010 a cinco años. 

 

La actual junta directiva denunció una grave situación, en 2016, al formalizar la presentación del preconcurso de acreedores: falta de documentación contable para poder aprobar las cuentas del anterior ejercicio o elaborar su primer presupuesto, además de una grave situación de tesorería que dificultaba los pagos mínimos necesarios para el normal funcionamiento. 

 

En el concurso de acreedores seguido en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada ha sido necesario presentar un plan de liquidación de bienes de la entidad, según fuentes judiciales, que aclaran que esta es la opción legal prevista cuando no es posible alcanzar un acuerdo con los acreedores. Entre estos acreedores, además de la Junta de Andalucía, la Agencia Tributaria o el Fogasa -Fondo de Garantía Salarial-, algunos acreedores privados.

 

El cisma en el seno de la asociación, que se evidenció con la presentación en su día de dos candidaturas, se oficializó mientras avanzaba el proceso que acaba ahora con la disolución. 

La anterior presidenta, Encarna Ximénez de Cisneros, anunciaba el traslado del Museo de la Prensa desde la sede de la asociación, en el edificio Rey Soler que había cedido años atrás el Ayuntamiento, a la sede la fundación CajaGranada. 

 

En el trasfondo de la decisión el distanciamiento y la existencia de otra entidad paralela, la Fundación Andaluza de la Prensa, vinculada a la anterior directiva. 

 

Con la marcha del Museo de la Prensa se precipitó además otro problema para la Asociación, la orden de desalojo del edificio. En marzo de 2016, la Junta de Gobierno Local aprobó la orden que instaba a la Asociación de la Prensa de Granada a abandonar el inmueble, argumentando que ya no se cumplían los requisitos recogidos en su día en el convenio firmado. Le dio un plazo de seis meses para cumplirlo. 

 

Los últimos años de la Asociación de la Prensa de Granada no han sido fáciles. Antes del concurso de acreedores, que puso de nuevo el foco en la entidad, vivió uno de los momentos más polémicos de su historia con el que fuese presidente durante años, Antonio Mora. Se vio obligado a dimitir en 2012 tras el escándalo por amenazar con su propio cinturón a una joven activista que interrumpió un acto que se celebraba en la sede del Rey Soler.