Marta Gutiérrez pide que el Ayuntamiento acuda al Tribunal de Cuentas para reclamar las facturas pagadas sin respaldo
Berdonés declara ante el juez que los servicios extraordinarios en TG7 se acordaron "verbalmente"
El empresario no da ninguna explicación, más allá de alegar que así se funciona en todas las televisiones públicas, al hecho de que se remitieran todas las actas a la vez, con dos años de servicios extraordinarios, al concejal Juan Antonio Fuentes para que las avalara con carácter retroactivo.
El empresario Raúl Berdonés ha declarado este martes en calidad de investigado ante el juez que investiga las supuestas irregularidades en la televisión municipal durante la etapa del PP.
En su declaración, Berdonés ha explicado que los servicios extraordinarios en TG7, que terminaron ocasionando un agujero económico en la televisión cercano al millón de euros, se acordaron "verbalmente". No se prestaron antes de enero de 2013, que fue cuando entró en vigor la modificación del contrato efectuada en 2012.
El empresario ha confirmado que en 2015, una vez que el Ayuntamiento había decidido rescindir el contrato con CBM, su productora, fue cuando, a la vez, pasaron todas las actas que recogían esos servicios extraordinarios para que los autorizara con su firma el concejal Juan Antonio Fuentes, que era el responsable del servicio. Fue en el momento en el que el gobierno local elaboró un convenio para dar amparo legal al pago de esos servicios extraordinarios, no recogidos en el contrato.
Según Berdonés, los servicios extraordinarios iban sufragándose por el sistema de esponsorización, pero "llegó un momento en el que el volumen de la deuda era tal" que, "se sentó" con Fuentes y le dijo que "resultaba imprescindible regularizar" la situación, e incluso que el Ayuntamiento "se preocupara" en buscar patrocinios "que pudieran ir disminuyendo la deuda".
A las preguntas de por qué no se habían reclamado antes, solo ha insistido en que es "una forma habitual" en las televisiones públicas, y privadas. Y que hasta entonces habían ido cobrando la remuneración correspondiente al contrato principal "con regularidad".
Las peticiones de servicios extraordinarios llegaban a través de producción.
"Cuando a la audiencia se le acostumbra a una determinada programación, luego es difícil dar un paso atrás", dice Berdonés
Sobre el hecho de que esos servicios extraordinarios se convirtieran en "gastos recurrentes", ha querido precisar que "en el mundo de la televisión, cuando a la audiencia se le acostumbra a una determinada programación luego es difícil dar un paso atrás y por ello tiende a perpetuarse en el tiempo".
Berdonés también ha señalado que avisaron de forma reiterada al gobierno local que si resolvían de manera anticipada el contrato "tenían que realizar la reclamación de todos los servicios prestados al amparo de éste y no abonados".
El empresario no ha contestado a las preguntas de las acusaciones particulares. A las preguntas de su abogado, ha insistido en que si no se hubiera resuelto el contrato, como hizo el gobierno del PP, no se habrían tenido que pagar esos servicios porque se habrían ido liquidando con la esponsorización. Ha asegurado también que el convenio de servicios extraordinarios elaborado en 2015 no se planteó como un "gravamen" para el Ayuntamiento y que este los pagara, sino que "debían ser los patrocinadores".
Marta Gutiérrez pide que se acuda al Tribunal de Cuentas
Marta Gutiérrez, personada en representación de Vamos Granada como acusación popular, ha insistido en reclamar que el Ayuntamiento acuda al Tribunal de Cuentas para "reclamar a quien firmó las facturas sin respaldo de contrato ni de prespuesto para que responda del perjuicio a la ciudad, algo no puede salir de las arcas públicas".
La concejala ha puesto el acento en el hecho de que Berdonés haya dicho no conocer a la exdirectora de la televisión, Cristina García, investigada también en esta causa, y tampoco el informe en el que ella afirma que los servicios de la productora CBM fueron prestados.
"Esta declaración parece chocante ya que precisamente ese informe fue el que CBM utilizó en su demanda civil para reclamar al Ayuntamiento el pago de las facturas. Informe del que Cristina García en el procedimiento penal se desdijo y a pesar de ello el juzgado de lo civil no ha admitido suspender el procedimiento de reclamación de cobro hasta que se esclarezcan estas cuestiones en el penal". El empresario, para acreditar la prestación de los servicios de su productora, se remite a una auditoría que él mismo encargó". Por ello Gutiérrez ha considerado "necesario" este procedimiento penal para "evitar que el Ayuntamiento se vea abocado a pagar unas facturas para cuya tramitación no se siguió el más mínimo procedimiento legal ni hubo ningún control".
En febrero de 2018, la Fiscalía denunció los hechos al Juzgado a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada en diciembre del 17 por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En marzo del año pasado, el juzgado número 6 comenzó a investigar los hechos. La causa se prorrogó 12 meses declarándose compleja.
