El Juzgado prorroga 12 meses la instrucción del caso sobre supuestas irregularidades en TG7
El edil del PP Juan Antonio Fuentes está investigado en esta causa. m.r.
El Juzgado de Instrucción 6 de Granada ha acordado prorrogar por otros 12 meses el plazo de instrucción de la causa sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios en la televisión municipal de Granada (TG7) durante la etapa de gobierno del PP.
En esta causa están investigados el concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes, la empleada pública que ejerció funciones de directora en la televisión en aquel momento y el que fuera responsable de la productora con la que se contrataron servicios, que declarará como investigado el 9 de abril.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se expone que la complejidad de la causa se declaró el 13 de junio del año pasado y expirará el próximo 19 de marzo. En este contexto, la Fiscalía presentó el pasado 5 de marzo un escrito solicitando la concesión de una prórroga extraordinaria del plazo de instrucción por tiempo de 12 meses.
El magistrado expone que la prolongación del plazo de instrucción no se produce por una "desidia o inactividad de la autoridad judicial" sino porque "resulta indispensable la culminación de la fase de instrucción con la ultimación de las diligencias de investigación aún pendientes". Diligencias que, según subraya, "son esenciales para cumplir la finalidad de la instrucción".
La Fiscalía acordó en febrero del año pasado denunciar los hechos al Juzgado a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Lo hizo al entender que el concejal Juan Antonio Fuentes (PP) supuestamente contrató en 2015 servicios complementarios al contrato de grabación que había en TG7 "sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público", sin respaldo presupuestario y eludiendo los controles y la Intervención municipal. Todo ello con un posible perjuicio económico a las arcas municipales de 864.121 euros.
Fuentes declaró en mayo del año pasado por este asunto ante el Juzgado, donde defendió la legalidad del procedimiento que siguió para la contratación de servicios extra en TG7, así como del convenio que firmó en julio de 2015 para "reducir la deuda" que existía en esta materia, incidiendo en que ningún funcionario puso "reparos" o alertó de posibles ilegalidades.
