El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Granada ha informado del archivo definitivo del caso de los sindicalistas para quienes la Junta pidió hasta cinco años de cárcel por unas protestas laborales de cuatro sindicalistas en 2021, de los que uno ha fallecido durante el proceso judicial en curso. Así lo ha decretado el Juzgado n.º 3 de Granada, tras el recurso que la Junta de Andalucía había presentado ante la Audiencia Provincial de Granada.

El caso surgió tras una acciones de protesta en marzo de 2021 cuando diversos sindicatos y colectivos se manifestaban en Granada por el despido de Vanesa Sánchez. La trabajadora había estado 11 años en su puesto de trabajo como profesional de la limpieza en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía de Granada a través de diferentes empresas de subcontratación pública.

Con el traspaso en 2019 de los servicios de limpieza de la empresa Rydalca a la compañía Verdiblanca, Vanesa no fue subrogada como el resto de sus compañeras, siendo la única que se quedó sin empleo.

Sánchez era delegada sindical del SAT cuando los servicios de limpieza estaban a cargo de la empresa Rydalca. El despido incumplía con el art. 28 del Convenio Colectivo de Limpieza y, según el SAT, “infringía la ley del derecho a la Libertad Sindical respaldada por el Estatuto de Trabajadores/as”. Ante la situación, desde el sindicato y otras agrupaciones de apoyo comenzaron una serie de acciones y protestas desde 2020 con el objetivo de la readmisión de la trabajadora.

Una de las protestas se llevó a cabo dentro del edifcio sede de la Junta, La Normal, y los sindicalistas fueron denunciados por la Junta por un supuesto acceso violento al inmueble. Pero los sindicalistas fueron absueltos por el Juzgado de los Penal 3 de Granada, tras descartar que accedieran de forma violenta al edificio o que generaran en el personal de vigilancia "sentimiento de intimidación".

Uso de dinero público para encarcelar a sindicalistas

La portavoz del sindicato en Granada, Inma Manzano, ha declarado que “es gravísimo que la Junta de Andalucía haya usado dinero público para intentar encarcelar a tres sindicalistas por movilizarse para que se cumplieran los derechos laborales de las limpiadoras de sus subcontratas”. También ha señalado que “ahora con más fuerza vamos a continuar las movilizaciones para que se cumplan los derechos de las limpiadoras en todos los centros de trabajo. Si lo que pretendía la Junta de Andalucía era intentar meternos miedo y que las trabajadoras no se movilizaran, ya anunciamos que vamos a continuar nuestra campaña sindical para que se acaben los abusos laborales en todas las subcontratas de la Junta de Andalucía”.

Por último, ha señalado: “Agradecemos a los colectivos sociales, partidos y sindicatos el apoyo. Pues ha sido gracias a la presión social que este caso de represión no ha salido hacia adelante, pero sigue habiendo muchos compañeros y compañeras en el resto del Estado sufriendo la misma persecución, como el caso de los 6 de la suiza o los 6 de Zaragoza. Hay que seguir coordinándose para hacer frente a la represión social y política”.