La subida salarial del 0,5% aprobada por el Consejo de Ministros beneficiará a 66.636 empleados públicos de la provincia de Granada, en el marco de la actualización retributiva recogida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. La medida se aplica con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y se suma al incremento del 2% fijado para este año. En toda Andalucía afectará a más de 600.000 trabajadores del sector público.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha valorado esta decisión como “una muestra más del compromiso del Gobierno de España con el reconocimiento y la dignificación del trabajo público”. Según ha señalado, esta subida cumple con las condiciones fijadas en el acuerdo firmado en 2022 entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos UGT y CCOO, que contemplaba incrementos salariales tanto fijos como variables en el trienio 2022-2024.

“Hablamos de más de 66.000 profesionales en Granada —funcionariado, personal estatutario y laboral de las administraciones estatal, autonómica y local— que verán reflejado en su nómina este nuevo avance. Es una medida de justicia que reconoce el papel esencial que desempeñan en la prestación de servicios fundamentales para la ciudadanía”, ha declarado Montilla.

Incrementos de años anteriores

Este incremento del 0,5% se suma a los aplicados en los años anteriores. En el primer año, la subida fue del 3,5%. En 2023, se aplicó un incremento fijo del 2,5% y otro adicional, vinculado a los datos del IPCA (índice de precios de consumo armonizado) y del PIB, del 1%. Por último, para 2024, las retribuciones crecieron un 2%, a la que se añadía una parte variable del 0,5% en función de los parámetros marcados por el IPCA.

Concretamente, esta subida del 0,5% que ahora se aprueba cumple la condición de que la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superase el incremento retributivo fijo acumulado en ese mismo trienio consolidando una recuperación progresiva del poder adquisitivo de los empleados del sector público.

El subdelegado ha recordado además que esta medida se suma a otras políticas impulsadas por el Ejecutivo en materia laboral y social, como la subida del 60% del Salario Mínimo Interprofesional en los últimos siete años, la Reforma Laboral, la equiparación de las trabajadoras del hogar para el acceso a una prestación por desempleo, el reconocimiento de enfermedades profesionales propias de las camareras de piso o la protección a colectivos vulnerables como los trabajadores de plataformas digitales, conocidos como riders.

“Se trata de una línea coherente de actuación en la que este Gobierno ha demostrado que cumple con lo que acuerda y que prioriza el bienestar de quienes trabajan cada día por los demás. Es una política pública que mejora la vida de las personas”, ha concluido Montilla.