En un mes deberán presentarse las candidaturas y la comisión evaluadora decidirá en tres como máximo
El tejido empresarial y universitario y el aval de la Junta, claves para lograr la Agencia de Inteligencia Artificial
El Gobierno aprueba los criterios que se valorarán en las candidaturas de ciudades que, como Granada, aspiran a convertirse en la sede de esta agencia estatal.
J.A./Ayto.Granada archivo
El alcalde, junto al antiguo Hospital Nuestra Señora de la Salud, que ofrece como sede.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los criterios para determinar la ubicación de las sedes de las futuras Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), a la que aspira Granada, y Agencia Espacial Española (AEA), procedimientos iniciados de forma urgente el pasado mes de septiembre.
Estos criterios han sido previamente convalidados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
En marzo pasado se aprobó el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y se creó la Comisión consultiva para la elección de las nuevas sedes, una comisión presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, con el objetivo de hacer efectivos los principios constitucionales y del ordenamiento jurídico de desconcentración funcional y territorial, eficacia y eficiencia.
Los criterios se publicarán este miércoles 5 de octubre en el BOE y habrá un mes para presentar candidaturas
El procedimiento establece que la Comisión consultiva elaborará el informe con los criterios para determinar la ubicación física de la nueva entidad. Cumpliendo con este mandato, la Comisión se reunió el 29 de septiembre y aprobó los criterios de determinación de la futura sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y de la futura Agencia Espacial Española, siguiendo una tramitación de carácter urgente.
La publicación de los criterios en el Boletín Oficial del Estado tendrá lugar este miércoles, 5 de octubre, y las comunidades autónomas y entidades locales dispondrán de un mes para presentar sus candidaturas.
Las ministras Isabel Rodríguez, Nadia Calviño y María Jesús Montero, a su llegada a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Foto: Pool/Borja Puig de la Bellacasa
Informes de las dos agencias
Para ambas agencias, la determinación de la sede se realizará atendiendo a los principios recogidos en el artículo 103.1 de la Constitución Española y a los fijados en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a los de vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de actividad.
Se valorará que las candidaturas presenten un informe de la comunidad autónoma apoyando su idoneidad y, en el caso de que una comunidad presente más de una candidatura, el orden de preferencia.
Se valorará la cesión de inmuebles, costes financieros de traslado o creación de sedes, además de apoyo al personal trasladado y sus familiares
La administración que presente una candidatura podrá ofrecer los compromisos indicados en el Real Decreto que establece el procedimiento: cesión de inmuebles, asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y medidas de apoyo al personal trasladado y sus familiares o cualquier otro que considere. La Comisión valorará también la presentación de un análisis del impacto económico, social e industrial y las sinergias generadas con ecosistemas de emprendimiento, innovación e investigación.
Se valorará asimismo que se pongan en marcha programas de apoyo para reagrupación familiar del personal, ayudas para alquiler o compra de vivienda, búsqueda de empleo o recolocación laboral de familiares directos, continuación de estudios obligatorios y/o universitarios de familiares directos.
Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial
El Gobierno recuerda que España se convertirá en el primer país de la Unión Europea con una Agencia Estatal de supervisión de la Inteligencia Artificial (IA), anteponiéndose a la entrada en vigor del futuro Reglamento europeo de IA, que establece la necesidad de que los estados miembros cuenten con una autoridad supervisora en esta materia.
En cuanto a las características del territorio candidato, se valorará positivamente que cuente con "un ecosistema empresarial y universitario, tanto de formación como de investigación, relacionado con la Inteligencia Artificial. También se considera conveniente la existencia de sinergias con estados punteros en Inteligencia Artificial o en la Supervisión de la misma".
Por otro lado, se tendrá en cuenta que "las localidades, diputaciones o comunidades autónomas presenten análisis proyectivos del impacto económico, social e industrial que tendría su selección para la futura Agencia, así como de las redes generadas entre sus tejidos de emprendimiento, innovación e investigación. Será conveniente que cuenten, además, con una masa crítica de empresas relacionadas con el ámbito de las TIC y, más concretamente, con el sector de la IA". Por último, las sedes candidatas podrán poner a disposición las "infraestructuras y los equipamientos apropiados para albergar actividades relacionadas con las funciones propias de la Agencia".
Las sedes candidatas deben estar preparadas para "generar y recibir talento técnico multidisciplinar", con conocimientos tanto en las nuevas tecnologías, los diferentes sistemas de IA y sus modelos de supervisión, como en los campos de la ética, las ciencias sociales y jurídicas. Asimismo, deberán responder al proceso de cohesión territorial, con el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades y estimular su tejido social y empresarial.
Tramitación de las candidaturas
La tramitación se realizará desde la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y, finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se solicitará informe a los ministerios de adscripción y a las instituciones que puedan contribuir a conformar la decisión en la elección.
La Comisión consultiva elaborará un dictamen, que podrá tomar en consideración localidades que no hubieran sido postuladas pero que cumplan con los criterios establecidos, que remitirá para su conocimiento a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y elevará al Consejo de Ministros, que adoptará su decisión mediante acuerdo que se publicará en el BOE en el plazo máximo de tres meses desde el inicio del procedimiento.
La Comisión elaborará un dictamen, previa consulta al Ministerio de adscripción de la Agencia, analizando las posibles sedes y lo remitirá al Consejo de Ministros, que adoptará el acuerdo y se publicará en el BOE en el plazo máximo de tres meses desde el inicio del procedimiento
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión elaborará un dictamen, previa consulta al Ministerio de adscripción de la Agencia, analizando las posibles sedes y lo remitirá al Consejo de Ministros, que adoptará el acuerdo y se publicará en el BOE en el plazo máximo de tres meses desde el inicio del procedimiento.
Al enunciar los principios que deben regir en el funcionamiento de la Administración pública, la Constitución resalta los de eficacia, jerarquía, desconcentración y coordinación. El principio de desconcentración se recoge asimismo a Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
La desconcentración de las nuevas sedes del sector público institucional estatal se llevará a cabo a través de un procedimiento objetivo, transparente y competitivo
Se trata de ‘compartir Estado’, explica el Gobierno, con un proceso que ayudará a "vertebrar y equilibrar las instituciones estatales y a la dinamización del territorio, fortalecer la igualdad de oportunidades, al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales".
Está acreditado, apunta, "el papel beneficioso que ejercen las instituciones públicas en el entorno físico de su ubicación, así como la creación de empleos directos e indirectos. Efectos positivos que se verán reforzados con un procedimiento de elección racionalizado, con criterios como la cohesión territorial, la eficacia de los servicios públicos y la transparencia dentro de un proceso objetivo y competitivo".
