La Delegación de Igualdad y Juventud de la Diputación de Granada ha recomendado a los ayuntamientos de la provincia que retiran su apoyo a concursos y certámenes de belleza, tanto infantiles como de mujeres jóvenes o adultas, al considerar que refuerzan la idea de que las féminas deben ser valoradas y premiadas por su apariencia física.

En lugar de organizar estos concursos, les anima a promover acciones que faciliten el desarrollo de relaciones basadas en el respeto y la igualdad real entre mujeres y hombres.

De esta forma, el área de Igualdad de la institución provincial manifiesta su "compromiso con la igualdad", dando su apoyo al Manifiesto de la Federación de Asociaciones de Mujeres del Altiplano Granadino contra la Celebración de Certámenes de Belleza y recomendando a los ayuntamientos de la provincia que eviten la promoción de este tipo de actos.

En este manifiesto se INDICA que estos concursos o certámenes de belleza entre niñas, adolescentes y jóvenes refuerzan la idea de que las mujeres deben ser valoradas y premiadas por su apariencia física, basada especialmente en estereotipos. Se promueve así, en muchos casos, una verdadera obsesión por la belleza corporal, por un ideal de perfección que nunca se alcanza e incluso favorece enfermedades como bulimia, anorexia y otros trastornos alimenticios.

Estos concursos, en lugar de ofrecer oportunidades a las mujeres, contribuyen a "menospreciar y acomplejar" a aquellas que no cumplen los cánones tradicionales de belleza; casi todas, en realidad.

"En pleno siglo XXI, que a las mujeres se las siga calificando y clasificando por sus atributos físicos y se sigan organizando actos que fomenten este tipo de competencia es una situación discriminatoria y que lleva aparejada una carga de violencia simbólica, ya que ofrece una visión sexista y cosificadora de la mujer al presentarla como objeto de apreciación por su cuerpo, medidas o apariencia física", subrayan desde el área que dirige Irene Justo.

"A pesar de la relevancia social, económica y cultural que tienen en general las fiestas que se organizan en la mayoría de las localidades de la provincia, se desarrollan algunas prácticas acuñadas por la costumbre y poco revisadas, que tienen su origen en posiciones discriminatorias".

"Las administraciones públicas tienen la obligación de ser garantes de los derechos de las personas, en particular de los derechos humanos, entre los que se encuentra la igualdad de trato, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y ese es un mandato para todos los poderes públicos, todos los gobiernos, incluidos los locales, que deben desmontar planteamientos que supongan una barrera para el progreso de la igualdad, y por tanto, para la transformación social".