La Fiscalía de Granada ha rebajado en el denominado caso Serrallo, que enjuicia la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto a un centro comercial, la petición de pena para el exalcalde de Granada por el PP José Torres Hurtado para el que solicita cinco años y medio de prisión.

En sus calificaciones definitivas, la Fiscalía no lo acusa finalmente de la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y de malversación de caudales públicos.

La Sección Segunda de la Audiencia juzga esta macrocausa, en la sala Antonio Angulo habilitada en el edificio judicial de Caleta, desde el pasado 3 de febrero, habiéndose reanudado las sesiones este pasado lunes, ahora con medidas de seguridad sanitaria, tras la suspensión con la activación del estado de alarma por la crisis del coronavirus.

Son juzgadas un total de 17 personas en relación a este caso, si bien, en la sesión de este jueves, el presidente magistrado José María Sánchez ha adelantado que absolverá a los ocho exediles del PP que participaron en una Junta de Gobierno Local en que se habría modificado el uso de estos terrenos contraviniendo el Plan General, tras la retirada de los cargos por las acusaciones populares de Vox y General de Galerías Comerciales.

Torres Hurtado se exponía inicialmente a una petición de pena por la Fiscalía de ocho años de prisión, y de 36 años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo cual también se ve rebajado en la calificación definitiva a 32 años y medio.

El Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular, se ha adherido a las conclusiones definitivas de la Fiscalía -que expondrá su informe sobre las mismas el próximo lunes, cuando se reanudará el macrojuicio-, a excepción de una novedad que ha introducido en la acusación por malversación a la ex edil de Urbanismo, Isabel Nieto, y el que fuera director de Obras Municipales, Manuel Lorente.

Para ellos dos también modifica, en este caso al alza, la fiscal del caso, Sara Muñoz Cobo -que ha reestructurado la relación de hechos, sin cambiarlos sustancialmente-, la petición de pena, la cual pasa de los ocho a los diez años.

El Ministerio Público, que modifica a la baja la petición de responsabilidad civil al conjunto de los acusados, interesa igualmente la demolición de las edificaciones "ilegalmente ejecutadas" a costa del constructor acusado, y la nulidad de las licencias concedidas "conculcando la legalidad urbanística, y las resoluciones adoptadas en este sentido por el Ayuntamiento".

La sesión ha comenzado con la última de las periciales, cuyo responsable ha señalado que el convenio, en un "análisis detallado", fue favorable para el Ayuntamiento de Granada, y "está cumplido".

Según este técnico, lo "lógico" habría sido la redacción de un pliego de condiciones técnicas para el desarrollo de la concesión, sobre la que pesó "la confusión" de que el área "no es una zona verde" sino "un parque urbano", por lo cual el uso que se contempla en ella es "completamente diferente".

Junto al parque de atracciones también se licitaba la gestión del parque", y ganar el concurso implicaba tener derecho de uso "comercial de apoyo" en el dos por ciento del total de la superficie, ha especificado a preguntas de una de las partes de la acusación particular.

En un juicio que dio comienzo con la declaración de Torres Hurtado, que se declaró inocente y al margen de estas cuestiones urbanísticas, esta semana, una vez reanudadas el pasado lunes las sesiones tras la suspensión por la crisis del coronavirus, han tenido lugar las declaraciones de los últimos testigos-peritos y de los responsables de las periciales, entre ellos tres técnicos de la Junta, que explicaron el informe que hizo la Administración regional considerando ilegal la discoteca construida.