Los socialistas aplicarán la moción aprobada en pleno y ni la Policía Local ni los bomberos participarán en lanzamientos
Granada declara al fin la guerra a los desahucios
El nuevo gobierno municipal socialista declara al fin la guerra a los desahucios. Y aplicará a rajatabla la moción que, a instancias del PSOE, aprobó el pleno del pasado diciembre con el apoyo de todos los grupos de la oposición, y el voto en contra del PP, pero que nunca llegaron a aplicar los populares. A partir de ahora, ni la Policía Local ni los bomberos participarán en lanzamientos.
Stop Desahucios 15M Granada
Movilización de Stop Desahucios 15M Granada
La concejala de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad, la socialista Jemi Sánchez, anunció ayer el nuevo posicionamiento del Ayuntamiento. A partir de ahora pasa a la acción y se tomará "muy en serio" la lucha contra los desahucios, en cumplimiento de la moción que el entonces grupo municipal socialista presentó para declarar la ciudad libre de desahucios. Esta moción, sin embargo, forma parte de las más de 40 mociones que el PP nunca llegó a aplicar.
Y apuntó el primer objetivo. Parara el lanzamiento previsto para el próximo 24 de mayo que afecta a la vivienda de Magdalena y a Juan en la calle Ramón y Cajal de la capital granadina, contra la que desde hace semanas lucha en la calle con concentraciones y con gestiones ante la Caja Rural la Plataforma Stop Desahucios 15M Granada.
La concejala de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad, la socialista Jemi Sánchez. IndeGranada
Para hoy mismo, la plataforma ha convocado a las 10.30 horas una nueva acción de protesta en Puerta Real.
La concejal indicó que, precisamente, los servicios municipales ya han contactado con la Plataforma y la entidad bancaria que pretende llevarlo a cabo. El PSOE lo incluyó como medida destacada en el programa electoral con las que concurrió a las Elecciones Municipales de hace un año.
"Granada fue declarada a través de una moción como municipio libre de desahucios y lo vamos a llevar muy en serio. Ni los bomberos ni la Policía Local van a participar en ningún desahucio en Granada. El 24 de mayo van a desahuciar a una familia y vamos a estar allí para apoyarle", señaló con rotundidad Jemi Sánchez.
Esta es la moción aprobada en el pleno del pasado día 23 de diciembre que el gobierno socialista aplicará
“Las políticas expansivas en el sector de la construcción desarrolladas en los últimos 20 años han sido utilizadas como principal motor de la economía del país, alimentando la cultura de la propiedad privada de la vivienda.
El efecto de esta realidad ha sido la sobrevaloración de los inmuebles y del suelo. Además de un efecto social muy negativo: que los precios de las viviendas crezcan muy por encima de los salarios. Todo esto ha contribuido al cambio de consideración de la vivienda que deja de ser un bien social para convertirse en objeto de especulación.
Como resultado tenemos miles de desahucios en todo el estado español y centenares de miles de personas que han visto menoscabado su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, pobreza y exclusión social, económica y residencial.
Además cabe señalar el origen de los procesos de desahucios se encuentra en la pérdida de empleo o reducción drástica de los niveles de ingresos de las familias. Esta situación está suponiendo un grave deterioro de las condiciones de vida de la población, incidiendo de manera importante en el crecimiento de las desigualdades 50 sociales, a lo que contribuyen las políticas de recorte en las partidas de protección de servicios sociales y sanitarios llevados a cabo por algunas administraciones.
De los datos recabados en el estudio realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública en colaboración con la Facultad de Psicología de Granada y el Grupo Stop Desahucios Granada 15M, se constituye que los niveles de ansiedad de la población en proceso de desahucio son severamente altos, resultando que una de cada tres personas presenta un riesgo de suicidio de moderado a alto. Con todo esto, el panorama actual en nuestras ciudades es que conviven dos realidades antagónicas: por un lado, miles de viviendas vacías, y por otro lado, miles de familias sin capacidad de acceso a la vivienda, y que demandan a la Administración que les garantice sus derechos constitucionales a una vivienda digna.
Tras una Legislatura en la que la pérdida de la vivienda y el drama social de los desahucios han monopolizado el debate público, sigue siendo muy complicado el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, según demuestran los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial.
La garantía de una vivienda digna para todos los ciudadanos pasa por un verdadero pacto social con medidas integrales en el que la lucha contra los desahucios y la protección de la vivienda, prevengan la exclusión social, y aúnen los esfuerzos de empleo, educativos, sanitarios y sociales.
Las medidas adoptadas durante los últimos años para evitar los desahucios han sido insuficientes. Medidas que no resuelven la dramática situación de miles de familias a las que la precariedad económica se les suma el riesgo de pérdida de su vivienda y la dificultad de atender a los pagos de facturas por el suministro de bienes básicos como la electricidad.
Esta situación requiere de una respuesta coordinada de todas las administraciones con responsabilidades en las políticas implicadas en esta situación de vulnerabilidad. Se hace necesario que se adopten medidas de emergencia en lo que respecta a la protección del derecho a la vivienda, suministros básicos y cobertura de las necesidades mínimas de subsistencia. En este orden de cosas consideramos que el primer eslabón para la interlocución entre la población y la Administración del Estado son los Ayuntamientos, razón por la que proponemos para su aprobación en el Pleno, los siguientes ACUERDOS:
• Declaración de Granada como Municipio libre de Desahucios, no colaborando con las comisiones judiciales en los lanzamientos de las familias de sus viviendas, asumiendo el compromiso de la no intervención de la Policía Local ni el Cuerpo de Bomberos en desahucios de este municipio.
• Crear un Parque municipal de viviendas de alquiler social, incluyendo las procedentes del stock de vivienda nueva de titularidad municipal sin vender o desocupada.
• Dotar de recursos al Sistema Público de Servicios Sociales, reclamando a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central, la dotación económica y de medios suficientes, para dar cobertura a las necesidades de Granada en esta materia.
• Solicitar a todas las administraciones públicas competentes la reactivación de un programa de emergencia para la cobertura del pago de suministros básicos de manera urgente y sostenida.
• Instar al Gobierno central a promover el compromiso de las empresas suministradoras de los servicios públicos de agua, luz y gas de impedir los cortes del suministro a personas y familias en situación de vulnerabilidad por impago, realizando una mediación previa al corte del suministro.”
“Las políticas expansivas en el sector de la construcción desarrolladas en los últimos 20 años han sido utilizadas como principal motor de la economía del país, alimentando la cultura de la propiedad privada de la vivienda.
El efecto de esta realidad ha sido la sobrevaloración de los inmuebles y del suelo. Además de un efecto social muy negativo: que los precios de las viviendas crezcan muy por encima de los salarios. Todo esto ha contribuido al cambio de consideración de la vivienda que deja de ser un bien social para convertirse en objeto de especulación.
Como resultado tenemos miles de desahucios en todo el estado español y centenares de miles de personas que han visto menoscabado su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, pobreza y exclusión social, económica y residencial.
Además cabe señalar el origen de los procesos de desahucios se encuentra en la pérdida de empleo o reducción drástica de los niveles de ingresos de las familias. Esta situación está suponiendo un grave deterioro de las condiciones de vida de la población, incidiendo de manera importante en el crecimiento de las desigualdades 50 sociales, a lo que contribuyen las políticas de recorte en las partidas de protección de servicios sociales y sanitarios llevados a cabo por algunas administraciones.
De los datos recabados en el estudio realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública en colaboración con la Facultad de Psicología de Granada y el Grupo Stop Desahucios Granada 15M, se constituye que los niveles de ansiedad de la población en proceso de desahucio son severamente altos, resultando que una de cada tres personas presenta un riesgo de suicidio de moderado a alto. Con todo esto, el panorama actual en nuestras ciudades es que conviven dos realidades antagónicas: por un lado, miles de viviendas vacías, y por otro lado, miles de familias sin capacidad de acceso a la vivienda, y que demandan a la Administración que les garantice sus derechos constitucionales a una vivienda digna.
Tras una Legislatura en la que la pérdida de la vivienda y el drama social de los desahucios han monopolizado el debate público, sigue siendo muy complicado el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, según demuestran los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial.
La garantía de una vivienda digna para todos los ciudadanos pasa por un verdadero pacto social con medidas integrales en el que la lucha contra los desahucios y la protección de la vivienda, prevengan la exclusión social, y aúnen los esfuerzos de empleo, educativos, sanitarios y sociales.
Las medidas adoptadas durante los últimos años para evitar los desahucios han sido insuficientes. Medidas que no resuelven la dramática situación de miles de familias a las que la precariedad económica se les suma el riesgo de pérdida de su vivienda y la dificultad de atender a los pagos de facturas por el suministro de bienes básicos como la electricidad.
Esta situación requiere de una respuesta coordinada de todas las administraciones con responsabilidades en las políticas implicadas en esta situación de vulnerabilidad. Se hace necesario que se adopten medidas de emergencia en lo que respecta a la protección del derecho a la vivienda, suministros básicos y cobertura de las necesidades mínimas de subsistencia. En este orden de cosas consideramos que el primer eslabón para la interlocución entre la población y la Administración del Estado son los Ayuntamientos, razón por la que proponemos para su aprobación en el Pleno, los siguientes ACUERDOS:
• Declaración de Granada como Municipio libre de Desahucios, no colaborando con las comisiones judiciales en los lanzamientos de las familias de sus viviendas, asumiendo el compromiso de la no intervención de la Policía Local ni el Cuerpo de Bomberos en desahucios de este municipio.
• Crear un Parque municipal de viviendas de alquiler social, incluyendo las procedentes del stock de vivienda nueva de titularidad municipal sin vender o desocupada.
• Dotar de recursos al Sistema Público de Servicios Sociales, reclamando a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central, la dotación económica y de medios suficientes, para dar cobertura a las necesidades de Granada en esta materia.
• Solicitar a todas las administraciones públicas competentes la reactivación de un programa de emergencia para la cobertura del pago de suministros básicos de manera urgente y sostenida.
• Instar al Gobierno central a promover el compromiso de las empresas suministradoras de los servicios públicos de agua, luz y gas de impedir los cortes del suministro a personas y familias en situación de vulnerabilidad por impago, realizando una mediación previa al corte del suministro.”
La declaración de Granada capital como ciudad libre de desahucios también fue defendida con vehemencia por el portavoz de IU, Francisco Puentedura, desde el mandato anterior. También por Vamos Granada. Ciudadanos en el pleno en el que se aprobó la moción socialista incluyó la apreciación siguiente: “Siempre que no sea en contra de la ley o de resolución judicial”.
La concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, informó también de que celebrarán una mesa de trabajo con los grupos de la oposición para plantear una reformulación del reglamento de servicios sociales municipales.A este respecto, la concejal de Vamos Granada, Pilar Rivas, propuso ayer la participación de técnicos y entidades del sector en la elaboración del reglamento de servicios sociales. La formación pide la retirada del documento propuesto por el PP y se presta a colaborar con el equipo de gobierno y el resto de grupos municipales para elaborar el nuevo texto.
