El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que el Gobierno central, tras conocer que la UTE formada por Dragados y Tecsa, adjudicataria de las obras del AVE a su paso por Loja, ha solicitado formalmente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la rescisión del contrato, ha dejado claro que se trata de un problema "que no lo genera el Gobierno" sino que "son problemas de la empresa", pero ha explicado que se está analizando la situación para buscar soluciones "que permitan seguir con la obra lo más rápido posible", pero dejando claro que "sin saltarnos la ley".

En declaraciones a los periodistas, el delegado ha dejado claro que en la situación generada, donde la empresa ha solicitado la rescisión pero donde no ha tomado todavía la decisión, analizandose diferentes alternativas, ,  "no se trata de un problema presupuestario del Gobierno, que no tiene problemas de recursos económicos destinados a esta obra", añadiendo que "incluso según las previsiones económicas del Gobierno la obra debería estar terminada".

Sanz ha dejado claro que el Gobierno "debe exigir que se cumpla la ley" y ha explicado que por parte de la empresa se plantea el "problema", en el sentido de que la UTE "plantea el modificado y el cambio presupuestario, al plantear un incremento del coste de la obra del diez por ciento".

Ante esto, ha apuntado que el Gobierno, en concreto el Ministerio de Fomento, "está analizando y evaluando la situación y debe tomar una decisión definitiva", algo que aún no se ha tomado, pero que el delegado espera que se produzca "lo antes posible", pero ha dejado claro que "se tomará una decisión cumpliendo la ley".

En ese sentido, recuerda que "hay una normativa que impide que se pueda superar el diez por ciento de incremento presupuestario que plantea la empresa" en este caso.

"El Gobierno tiene obligación de cumplir la ley y tomará la mejor decisión, la que mejor venga a los ciudadanos, pero sin saltarse la ley", ha aseverado Sanz, quien apunta que "se barajan alternativas, pero nunca se irá más allá de la ley".

Sanz espera que esa decisión "conlleve que se pueda continuar con las obras de la manera más inmediata posible, pero no nos pueden pedir que el Gobierno se salte la ley, y eso lo saben las empresas".

"Se tomará la decisión lo antes posible y que sea más favorable para los ciudadanos y finalizar la obra lo más rápido posible, pero no es un problema generado por el Gobierno", asevera Sanz, quien reconoce que "si se rescinde el contrato, se podrían ir a plazos que pueden ser largos, porque requeriría de volver a reunirse e iniciar el procedimiento, por lo que se está viendo si existen otras alternativas".

Ha dejado claro que "el Gobierno lo ha hecho todo para que se hubiera terminado la obra, pero si es problema de la empresa habrá que tomar decisiones ante la petición de rescisión del contrato", ante lo que apunta que "hay que agotar todas las vías posibles, pensando en lo mejor para los ciudadanos pero sin incumplir la ley".

Sanz recuerda que podrían plantearse algún tipo de sanción para la empresa "pues hay un contrato y el contrato hay que cumplirlo", pero insiste en que "vamos a buscar todas las iniciativas posibles para que la decisión sea la mejor, la menos costosa y en el menor plazo", de manera que espera que se tome una decisión "muy pronto" al respecto y que ésta "será la mejor pensando en los ciudadanos".