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Jorge Saavedra y Ana Agudo. ayto. Granada

El gobierno municipal de Granada ha resaltado este viernes que la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, en pruebas desde octubre pasado, no tendrá un impacto negativo en la actividad comercial. 

Según ha explicado en una nota de prensa la concejala de Movilidad, Ana Agudo, así lo constata un informe socioeconómico elaborado por el Consistorio. Ese informe incluye "una sección sobre el impacto presupuestario y económico que demuestra el equilibrio económico del Ayuntamiento con la implantación de la ZBE".

El documento analiza, según la edil, el impacto sobre los establecimientos comerciales y los servicios profesionales y concluye que "los aparcamientos de borde habilitados permiten el acceso a pie a la mayor parte de estas zonas en 5 a 15 minutos" y que "la oferta de Transporte Público (bus y metro) accesible desde dichos aparcamientos de borde, concluyendo que actualmente están conectados adecuadamente".

"La pérdida de accesibilidad del vehículo privado no tiene por qué suponer un retroceso en la actividad comercial"

Ha señalado también que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Granada indica que el 70,8 por ciento de los viajes que se producen entre el Área Metropolitana y Granada son "por motivos de trabajo". Actualmente solo 1,1 por ciento se hacen por motivo compras y el 14,9 por ciento por motivos de ocio, lo que evidencia a juicio de Agudo que "la pérdida de accesibilidad del vehículo privado no tiene por qué suponer un retroceso en la actividad comercial". La concejala ha añadido que "esta conclusión también se extrae de ejemplos en otras ciudades como Madrid, Berlín, Londres o Bruselas".

Ana Agudo ha hecho estas consideraciones al informar de la aprobación inicial de la Ordenanza Integral de la Movilidad Sostenible (OIMOS) en la sesión extraordinaria de la Comisión Informativa de Protección Ciudadana y Movilidad celebrada este 10 de enero. Esa ordenanza, ha dicho, es una "pieza clave" para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), "a la que estamos obligados".

Agudo ha destacado que la ordenanza persigue "dos objetivos fundamentales", de una parte, "actualizar, regularizar, aclarar y armonizar las ordenanzas municipales relativas a movilidad, aglutinando hasta 13 ordenanzas -algunas de los años 80- se han revisado para generar este proyecto de ordenanza". Y, por otra, "establecer el régimen jurídico que debe acompañar a la implantación de las zonas de bajas emisiones que es de obligado cumplimiento y que además es necesario dados los niveles de calidad del aire que sufrimos en nuestra ciudad".

Según la edil, se propone "una medida equilibrada, una nueva ordenanza que va a mejorar la calidad del aire, pero que, al mismo tiempo, va a permitir mantener la actividad económica, social y cultural de la ciudad".